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La Justicia europea avala la decisión de España de suspender el pleno del Parlamento catalán tras el referéndum
La denuncia fue interpuesta por 76 parlamentarios catalanes, entre los que se incluye la entonces presidenta de la Asamblea regional, Carme Forcadell.
Según la Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH), la decisión del Tribunal Constitucional español de suspender el pleno del Parlamento de Cataluña que había sido convocado el 9 de octubre de 2017 para debatir los resultados del referéndum de autodeterminación ilegal, que había tenido lugar 8 días antes, no violó los derechos fundamentales de los diputados.
Los demandantes, 76 parlamentarios catalanes entre los que se incluye la entonces presidenta de la Cámara catalana, Carmen Forcadell, denunciaron ante la instancia europea que la decisión del Tribunal español constituía una violación de sus derechos a la libertad de expresión, de reunión y asociación, así como el derecho a unas elecciones libres y a un juicio justo.
La CEDH estima que la injerencia en el derecho a la libertad de reunión "puede ser razonablemente considerada como respuesta frente a una necesidad social imperiosa", y que la suspensión del Pleno era "necesaria en una sociedad democrática" para "el mantenimiento de la seguridad pública, la defensa del orden y la protección de los derechos y libertades de los demás".
La institución europea también ha hecho mención a que los demandantes desobedecieron decisiones previas del Tribunal Constitucional español, que les recordaba que la misión del Parlamento catalán era "representar a toda la población y no solo a determinadas fuerzas políticas, aunque fueran mayoría".
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