Desde la última semana de abril, Honduras ha vivido intensas jornadas de protestas de estudiantes, médicos y docentes, que se han tomado, principalmente, las calles de Tegucigalpa.
Las protestas se originaron en rechazo a los decretos 026-2018 y 027-2018 de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM); el primero para la creación de la Comisión Especial para la Transformación del Sistema Nacional de Salud y el segundo, sobre la fundación de la Comisión de Transformación de la Secretaría de Educación.
También hubo descontento por la emisión de los Decretos Ejecutivos 005-2019 y 008-2019, relativos a las declaratorias de estado de emergencia en los sistemas nacionales de salud y educación, respectivamente, según el Colegio Médico de Honduras.
De acuerdo a un pronunciamiento público del Colegio Médico, los decretos pretendían "la descentralización y la privatización del derecho a la salud y la educación, así como la pérdida de la estabilidad laboral de los trabajadores de estos sectores".
Enfrentamientos y represión
Los manifestantes que, según medios locales, se cifran en más de 10.000, han protestado en diversas oportunidades en las calles hondureñas.
El pasado 30 de abril fueron reprimidos por la Policía cuando intentaron acercarse al Palacio Legislativo, en donde se discutirían las polémicas reformas.
En el departamento de Yoro, ubicado en el centronorte del país, un maestro resultó herido de bala después de que cuerpos de seguridad le dispararan a quemarropa, según algunos testigos.
A finales de mayo también hubo choques con la policía en diversas partes de Tegucigalpa. El momento más tenso se vivió cuando las manifestaciones se concentraron en las afueras del Aeropuerto Internacional Toncontín de la capital hondureña, el pasado jueves 30 de mayo.
Decenas de pasajeros y trabajadores fueron evacuados a la pista para protegerles de los gases lacrimógenos que lanzaron las fuerzas estatales.
El momento que despertó la curiosidad de los grandes medios internacionales fue cuando los manifestantes prendieron fuego a varios neumáticos sobre en la entrada principal de la Embajada de los EE.UU. en el país centroamericano, el pasado 31 de mayo, un mes después de iniciadas las protestas.
Derogados los decretos
Mientras se desarrollaban las manifestaciones, el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, dijo que las protestas tenían "un propósito perverso e inmoral".
El pasado lunes, sin embargo, el Gobierno derogó los decretos 026-2018 y 005-2019, ambos relativos al sector salud; y de los 027-2018 y 008-2019, referentes al área educativa.
Además, el Ejecutivo decretó la instalación de las mesas nacionales de salud y educación, con el objetivo de iniciar conversaciones entre representantes del Gobierno y los gremios del sector.
"Convocamos a partir de mañana a los maestros y médicos a volver a las y los centros de salud y hospitalarios, para que tengamos esos servicios a la disposición del pueblo hondureño", dijo Hernández.
Pero... la protesta sigue
Sin embargo, al otro día miles de hondureños volvieron a tomar las calles, al desconocer los acuerdos alcanzados con el Gobierno que llevaron a la derogación de los decretos.
El presidente del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras, Leonel Escoto, informó que los acuerdos se alcanzaron a espaldas de la Plataforma en Defensa por la Educación y la Salud.
"Existe un vicio de legitimidad al convocarse y firmarse el acuerdo con personas ajenas a esta plataforma", dijo Escoto a los medios.
En un pronunciamiento público, realizado este martes, los representantes de la Plataforma en Defensa por la Educación y la Salud, informaron que a partir de este miércoles 5 de junio se desarrollarán asambleas, de una hora, en los establecimientos de trabajo y los fines de semana realizarán actividades de calle en todo el país.
Denunciaron "graves amenazas de muerte" contra la doctora Suyapa Figueroa y a otros dirigentes de la plataforma, en el marco del diálogo iniciado con el Gobierno. Además, revelaron la presencia de "infiltrados" en las manifestaciones, algunos de ellos "armados" y movilizados en autos con "el logo de instituciones del Estado".
De "fraude" a muertes
Las protestas contra Hernández no son nuevas, las ha tenido durante su Gobierno, que comenzó en 2014, pero se intensificaron en 2017, cuando resultó reelecto para un nuevo mandato, luego que en 2016 se hicieran polémicos cambios a la Constitución para legalizar la figura de reelección presidencial.
Los resultados de los comicios de noviembre de 2017 fueron denunciados como "fraudulentos" por parte de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, que presentó a Salvador Nasralla como candidato. Hernández ganó esa elección con un margen muy estrecho.
Al principio de las denuncias, incluso la Organización de Estados Americanos (OEA) sugirió que se repitieran las elecciones; pero luego se hizo un nuevo conteo de actas dudosas, y no del total, como lo exigían los opositores, lo que derivó en el posterior reconocimiento internacional a Hernández, encabezado por EE.UU., por lo que el mandatario se posesionó en enero de 2018 para el nuevo período.
Pero esa posesión estuvo manchada por el número de muertos y heridos que hubo durante las manifestaciones. El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) informó que entre 26 de noviembre y el 31 de diciembre de 2017, 30 personas fueron ejecutadas, 232 heridas, 1085 detenidas y 72 resultaron víctimas de tratos inhumanos; mientras, el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de marzo de 2018 contabilizó oficialmente una muerte policial y 22 muertes civiles, 16 de ellas a causa de balazos por parte de los entes de seguridad.
Investigaciones por narcotráfico
Por otro lado, la Presidencia de Honduras confirmó que Hernández estuvo bajo investigación de la Agencia de Control de Drogas de EE.UU. (DEA, por sus siglas en inglés) por presunto delito de narcotráfico y lavado de dinero, junto a varios colaboradores, pero la institución aseguró que "nunca se encontró evidencia" contra él.
En noviembre del año pasado, Juan Antonio Hernández, exdiputado hondureño y hermano del presidente, fue acusado de narcotráfico por la Justicia de EE.UU. Se le imputaron los cargos de conspiración para importar cocaína a territorio estadounidense, delitos relacionados con armas de fuego y fue señalado de mentir a agentes federales.
Situación social y económica en Honduras
De acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Honduras tiene la tasa de pobreza más alta de la región, con 65,7 % de sus poco más de 9 millones de habitantes en esa situación, en 2016 —último año registrado para este país en el informe del organismo—; de ellos, 42,5 % se situaba en extrema pobreza.
A ello se suma la violencia. De acuerdo al Boletín 50 del Observatorio de la Violencia la Universidad Autónoma de Honduras, entre enero y junio de 2018 se registraron en ese país 3.550 muertes por lesiones de causa externa, de las cuales 1.841 fueron homicidios, aproximadamente 11 diarios.
Según Amnistía Internacional, en 2018, "Honduras seguía siendo uno de los países más peligrosos de las Américas para los defensores y defensoras de los derechos humanos, especialmente para quienes trabajaban en la protección de la tierra, el territorio y el medio ambiente".
En cuanto a corrupción, el país ocupa el puesto 132, de 180 países en el listado de Transparencia Internacional.
Estos datos revelan los motivos de la emigración del país, que el año pasado fue más visible, cuando miles de ciudadanos iniciaron una caravana rumbo a EE.UU.
"Los migrantes seguirán marchándose desde Honduras hacia los EE.UU. porque la realidad en que viven de falta de oportunidades, pobreza y violencia es mucho mas fuerte y peligrosa que los terribles riesgos que les esperan en el camino", dijo entonces el periodista y exdiputado hondureño Bartolo Fuentes, quien denunció que "para colmo, a quienes protestan y exigen cambiar la situación del país son reprimidos, perseguidos, encarcelados o asesinados a bala viva en las protestas por los militares".
Edgar Romero G.
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