Por qué Lenín Moreno tiene que prestar declaración por la detención del sueco Ola Bini en Ecuador

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, y la ministra del Interior, María Paula Romo, enviaron a la Fiscalía General del Estado su "declaración jurada" sobre la detención del ciudadano sueco Ola Bini, que ha sido vinculado al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, y está en prisión en Quito desde el pasado 11 de abril.

Moreno y Romo enviaron ese documento, luego que la Fiscalía los citara la semana pasada para dar su "versión libre, voluntaria y sin juramento de los hechos que se investigan" este miércoles en la sede del organismo.

Con el envío de la declaración jurada, Moreno "ha cumplido con su obligación y con la petición de la Fiscalía para que informe sobre los hechos del señor Bini", dijo a la prensa el abogado del mandatario, Jorge Acosta, quien fue el encargado de entregar el documento.

¿Por qué fueron llamados Moreno y Romo?

Moreno y Romo fueron llamados por la Fiscalía a pedido de los abogados defensores de Bini, Carlos Soria y José Charry, debido a las declaraciones de los funcionarios sobre la detención del sueco.

Charry rechazó la inasistencia de Moreno y Romo a la cita, como estaba previsto. "Para esta fase de la investigación no corresponde un informe juramentado, eso es para testimonio en juicio, lo que tenían que hacer era venir y rendir su versión aquí en Fiscalía", dijo.

El jurista, además, señaló que el abogado del mandatario presentó "un informe escueto, súper simple", donde dice que lo único que él sabe del caso es lo que ha dicho la ministra Romo.

Bini fue detenido en el aeropuerto de Quito cuando se disponía a viajar a Japón, un viaje que —según sus abogados— tenía programado con un mes de antelación. La detención ocurrió el pasado 11 de abril, el mismo día que Assange fue despojado de su asilo diplomático y arrestado por la Policía británica.

Ese día, Romo dijo a la prensa que se trataba de "una persona muy cercana" a WikiLeaks que vivía en Ecuador. Precisó que la detención se realizó "simplemente con fines de investigación"; sin embargo, su detención se ha extendido por más de 60 días.

Entretanto, Moreno, en un debate en el Diálogo Interamericano, un laboratorio de ideas especializado en Latinoamérica, con sede en Washington (EE.UU.), pocos días después de la detención de Bini, dijo que el sueco fue sorprendido 'hackeando' cuentas de gobierno y personales.

Previo, en una entrevista con la periodista Patricia Janiot, Moreno, aunque dijo que no podía dar mayores detalles sobre la detención de Bini "para no entorpecer la investigación", manifestó que "fue encontrado con evidencias que serán analizadas". Agregó que el joven "visitaba frecuentemente a Assange en la Embajada, seguramente recibía instrucciones de lo que tenía que hacer".

En una de las primeras audiencias, el abogado Soria mencionó: "El Fiscal ha indicado que uno de los indicios en los que se basa para formular cargos [contra Bini] es una rueda de prensa del señor presidente del Ecuador en relación al señor Julian Assange, caso que es totalmente ajeno al caso que se está tratando el día de hoy, corroborando que se trata de un tema político".

¿De qué acusan a Bini?

Al joven lo acusan de un presunto ataque a la integridad de los sistemas informáticos en el país.

La Fiscalía presentó como elementos de convicción contra Bini computadoras, celulares, libros relacionados con 'hackeo' electrónico, memorias externas y cables USB; además del registro de sus viajes al exterior y el pago de sus cuentas de internet, que suman alrededor de 230.000 dólares, de 2015 a 2019.

Soria y Charry han dicho en reiteradas oportunidades que hasta la fecha desconocen las pruebas que tiene la Fiscalía contra su defendido, porque no están en el "expediente procesal".

¿Por qué permanece detenido?

A principios de mayo, los jueces Juana Pacheco y Fabián Fabara, dos de tres juristas de la Corte Provincial de Pichincha, ratificaron la prisión preventiva contra Bini, alegando en la sentencia que tomaron en cuenta la amistad y conexión directa de Bini con Assange, y las supuestas amenazas que WikiLeaks habría emitido contra el Gobierno ecuatoriano.

También señalaron que Bini debe permanecer detenido porque representa un peligro para el caso que se investiga, por su experiencia como informático. "Al tener acceso a estas herramientas informáticas se genera un riesgo para el curso de la investigación", leyó Pacheco, quien, además, dijo que había riesgo de fuga del detenido, porque tiene registrado un movimiento continuo en su reporte migratorio.

El pasado 29 de mayo, la jueza Yadira Proaño ratificó la orden de prisión preventiva y negó la libertad bajo fianza al sueco. La funcionaria argumentó su decisión en que la Fiscalía no ha dado precisiones del supuesto daño causado por el activista, al presuntamente atacar sistemas informáticos en Ecuador, y por lo tanto no se puede fijar un monto de fianza.

La decisión se tomó pese a que solo existen cuatro motivos para que la Justicia ecuatoriana niegue una fianza, según los establece el Código Orgánico Integral Penal (COIP), en su artículo 544: delitos contra menores, personas con discapacidad o adultos mayores; delitos con penas de más de cinco años; cuando ya tuvo fianza antes y la incumplió; y delitos de violencia intrafamiliar.

La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) explica que Bini no cumple con ninguna de esas cuatro razones.

¿Qué han dicho organismos internacionales?

El caso ha llegado hasta la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

"Sin pretender prejuzgar los hechos alegados, quisiéramos expresar nuestra consternación, particularmente, porque el arresto y los cargos contra el Sr. Bini parecen estar conectados al apoyo público y su amistad con Julian Assange, así como con su trabajo y activismo en el área de la privacidad", dice una petición firmada por el relator de Libertad de Expresión, David Kaye, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y el relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza.

Edgar Romero G.

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