El domingo 9 de junio cientos de miles de residentes de Hong Kong salieron a las calles de la ciudad en rechazo a los cambios legislativos que buscaban aprobar las autoridades locales para permitir por primera vez que esa región entregue delincuentes fugitivos a China continental, Taiwán y Macao.
Según datos de las autoridades, en las protestas aquel día participaron 240.000 personas, pero los organizadores de la congregación estiman la cantidad de manifestantes en más de un millón, lo cual significaría que uno de cada siete residentes de Hong Kong salieron a las calles.
Las protestas masivas continuaron a lo largo de esta semana y el miércoles 12 de junio ―día en que el Parlamento local tenía previsto votar sobre el proyecto de ley de extradición que generó tanta ira social― la ciudad se convirtió en un escenario de 'batallas campales' entre los manifestantes y las fuerzas del orden público, que usaron gases lacrimógenos y dispararon con balas de goma para dispersar a los congregados, que a su vez levantaron barricadas, lanzaron botellas de plástico y se defendieron con paraguas mientras sitiaban el edificio del Consejo Legislativo y la sede del Gobierno.
Los parlamentarios postergaron la votación hasta nuevo aviso, pero los manifestantes prometieron seguir en las calles hasta que retirasen la polémica iniciativa, y este jueves y viernes en las protestas participaron miles de personas. Otra protesta masiva está prevista para este domingo.
Tras dos días de deliberaciones internas, el sábado 15 de junio la jefa ejecutiva de Hong Kong, Carrie Lam, que cuenta con pleno apoyo de Pekín y prometió a principios de la semana seguir promoviendo la medida, anunció la decisión de retrasar por tiempo indefinido el proyecto de ley que generó tanto repudio social.
No obstante, la suspensión del proyecto de ley no significa su retirada completa, lo cual a su vez representaría un fuerte mensaje al Gobierno central de que iba por mal camino en sus intentos de suprimir parte de las protecciones jurídicas que les había prometido a los residentes de Hong Kong cuando retomó el control de la antigua colonia británica en 1997.
En la marcha prevista para el domingo, los organizadores planean instar a la retirada completa de la iniciativa legislativa y la rendición de cuentas con la Policía por su actuar durante las protestas.
Las complicadas relaciones con Pekín
Parte de un país con el Partido Comunista en el poder, Hong Kong nunca ha sido un bastión de la democracia, pero tiene libertad de expresión y manifestación, algo que no se aplica en el continente. Los residentes de Hong Kong eligen de manera directa solo parte de los diputados del Consejo Legislativo, en el que actualmente las fuerzas progubernamentales que apoyan la política de Pekín son mayoría.
Como los habitantes de la ciudad tienen libertad de manifestación, pero carecen de oportunidad de elegir directamente a las autoridades que los representen, para muchos salir a las calles es una posibilidad de influir en los legisladores locales, sobre todo en lo que concierne a los temas álgidos de la antigua colonia británica, y recordarle al Gobierno central que no puede ignorar sus intereses.
En 1997 la región volvió a ser parte de la jurisdicción china tras la transferencia de la soberanía por parte del Reino Unido, pero con ello mantuvo una gran parte de autonomía bajo el principio de 'un país, dos sistemas', aunque hoy en día la oposición acusa a las autoridades locales de ir reduciendo su autonomía poco a poco.
También existen temores de que los servicios de inteligencia del Gobierno central están activos en la ciudad, ya que de vez en cuando quedan secuestradas personas que luego acaban en cárceles chinas. Así desaparecieron varios vendedores de libros con críticas hacia Pekín.
Las manifestaciones contra la reforma a la ley de extradición se produjeron días después del 30.º aniversario de la sangrienta represión de China contra protestas prodemocráticas de los estudiantes, que se centraron en la plaza de Tiananmén de Pekín el 4 de junio de 1989. Hong Kong celebró una de sus mayores concentraciones de los últimos años para recordar a los cientos, o posiblemente miles, de manifestantes muertos en el asalto militar y para pedir una investigación completa sobre lo ocurrido, lo que fue visto como un desafío más contra Pekín.
Pekín condenó las protestas contra la reforma de la ley de extradición pero hasta el momento no indicó si planeaba introducir medidas más duras. En movilizaciones anteriores, las autoridades esperaron meses o incluso años para detener a los líderes de las protestas.
El proyecto de ley de extradición y por qué es tan odiado
De acuerdo con la legislación vigente, Hong Kong tiene prohibido de manera explícita extraditar a los sospechosos de crímenes al resto de China, incluida la parte continental del país, la isla de Taiwán y Macao. La región solo puede extraditar a los acusados a 20 países con los que tiene respectivos acuerdos bilaterales.
El proyecto de ley que las autoridades locales se empeñan en promover levanta la prohibición existente en torno a China continental, permitiendo extradiciones también a Taiwán y Macao. Se inspiró en el caso en curso de Chan Tong-kai, un residente de Taiwán, quien se fugó a Hong Kong después de matar a su novia embarazada en Taipéi el año pasado.
Las autoridades de Hong Kong sostienen que las actuales normas para los delincuentes fugitivos deben actualizarse, ya que debido a una laguna en la ley de la región administrativa, actualmente no pueden extraditar a Chan a Taiwán.
Formalmente, la medida legislativa no se aplica a los acusados de delitos políticos, pero la oposición sostiene que el Gobierno chino va a recurrir a acusaciones de fraude o lavado de dinero para lograr la extradición de personas 'indeseables' y representantes de minorías.
Hace casi dos años, el presidente de China, Xi Jinping, pronunció un contundente discurso en la ciudad afirmando que Pekín no tolerará que Hong Kong se convierta en una base para lo que el gobernante Partido Comunista considera una campaña inspirada en el extranjero para socavar su poder sobre la vasta nación de 1.400 millones de habitantes.
Para las autoridades locales, con el férreo respaldo de China a las cuestionadas normas, las recientes protestas representan una de las mayores crisis políticas, que supone un profundo desafío tanto hacia ellos mismos como hacia Pekín.
Con información de AP