La Fiscalía de Venezuela abre investigación por la supuesta corrupción de opositores en Colombia

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó este martes que abrirá una investigación penal por la supuesta trama de corrupción de opositores con los fondos destinados a la 'ayuda humanitaria' dirigida a venezolanos.

William Saab se refirió a una presunta red de corrupción en la que participarían los representantes del diputado Juan Guaidó en la ciudad fronteriza de Cúcuta, en Colombia, con la finalidad de desviar a sus cuentas personales los recursos destinados a la 'ayuda humanitaria' y la manutención y el hospedaje de un grupo de militares venezolanos desertores que cruzaron al territorio colombiano. Estas denuncias fueron hechas tanto en una publicación periodística como por el Gobierno de Nicolás Maduro.

El fiscal venezolano aclaró que su país tomará parte de esta investigación debido a que los fondos que administran las personas designadas por Guaidó son asignados desde Venezuela, "por lo que corresponde a nuestra jurisdicción investigar tanto la procedencia del dinero como su utilización".

Primeros imputados

Rossana Edith Barrera Castillo y Kevin Javier Rojas Peñaloza,emisarios del diputado en Cúcuta, fueron imputados por la Justicia venezolana, según informó el titular del Ministerio Público, por los delitos de "legitimación de capitales, corrupción y asociación para delinquir".

El fiscal explicó que Barrera y Rojas presuntamente falsificaron facturas para hacer creer que pagaban hoteles donde se alojaban los exuniformados venezolanos, que cruzaron la línea limítrofe tras el intento fallido de ingreso de 'ayuda humanitaria' dirigido por el autoproclamado "presidente encargado" el pasado 23 de febrero. "En realidad eran canceladas por Acnur", agregó el fiscal.

De igual manera, prosiguió William Saab, "inflaron el número de supuestos militares desertores que se encuentran en Cúcuta para justificar el despilfarro del dinero". Migración Colombia establece en 1.400 el número de exuniformados pero la cifra, según Caracas, no supera los 300.

A mediados de marzo, tras la captura de Roberto Marrero, colaborador del diputado Guaidó, por su presunto nexo con "una célula terrorista", el Gobierno venezolano mostró a los medios de comunicación una serie de pantallazos de mensajes entre varios contactos hallados en el teléfono del detenido.

En una serie de conversaciones telefónicas de Marrero por WhatsApp quedaron en evidencia comunicaciones con Barrera y Rojas, militantes VP, donde se hacía referencia al movimiento arbitrario de los fondos para la presunta 'ayuda humanitaria' enviada a Colombia, que podía ser de entre 75.000, 300.000 y 700.000 dólares diarios, según el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez.

Reacción de Guaidó

Este martes, el diputado opositor Juan Guaidó, durante una sesión de la Asamblea Nacional, desestimó el anuncio hecho por el titular del Ministerio Público y catalogó las denuncias del Gobierno venezolano como un intento de distracción.

El Parlamento "dará la cara por el pueblo venezolano" porque cada "centavo es sagrado", afirmó tras la discusión de un acuerdo "para la garantía de transparencia en el manejo de los recursos" destinados a los militares desertores.

En la víspera, Guaidó anunció "nuevas medidas" para "avanzar en la rendición de cuentas del caso Cúcuta" y afirmó que se hará una investigación "a fondo" que incluye a la Fiscalía de Colombia, a la organización Transparencia Internacional y a la Asamblea Nacional venezolana.

Por su parte, la Fiscalía colombiana recibió este martes a Humberto Calderón Berti, el enviado a Colombia del autoproclamado "presidente encargado", quien entregó la solicitud de investigación.

Fondos privados

El parlamentario manifestó que los fondos que han sido supuestamente malversados son "privados" y no parte de la "ayuda humanitaria".

Explicó que la asistencia a los militares venezolanos se hizo en un inicio a través de Acnur y del gobierno de Colombia y que, una vez agotados, "se recurrió a fondos privados".

Guaidó aseguró en una rueda de prensa del pasado lunes que el Gobierno venezolano "trata de confundir peras con manzanas" al relacionar el uso de los supuestos fondos privados con el financiamiento de actos de desestabilización desde Colombia.

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