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Denuncian 300 casos de 'falsos positivos' ante el tribunal de paz de Colombia

Publicado: 24 jun 2019 17:04 GMT

El informe, presentado por organizaciones de derechos humanos, señala a la Primera División del Ejército entre los años 2003 y 2008.

Denuncian 300 casos de 'falsos positivos' ante el tribunal de paz de Colombia
Imagen ilustrativa.
Jaime Saldarriaga / Reuters
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Este fin de semana, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el mecanismo de justicia transicional acordado entre el Gobierno colombiano y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para procesar a los actores del conflicto armado, recibió un informe de organizaciones de derechos humanos sobre el asesinato sistemático de civiles presentados después como bajas en combate, conocidos en el país sudamericano como 'falsos positivos'.

El documento, titulado 'Y volveremos a cantar', fue presentado por la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR) y la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) y documenta más de 150 casos de ejecuciones extrajudiciales con casi 300 víctimas.

Las organizaciones, que recopilaron la información durante más de un año, señalan que las ejecuciones fueron realizadas entre 2003 y 2008 –cuando gobernaba Álvaro Uribe– y presuntamente perpetradas por las unidades militares de la II y X Brigada del Ejército Nacional, la Fuerza de Reacción Divisionaria (FURED) y los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) de los departamentos de Magdalena, Cesar y Guajira —en la región Caribe—, todas pertenecientes a la I División del Ejército colombiano.

"Presión por presentar bajas"

"Hemos identificado que más de 600 oficiales, suboficiales y soldados estuvieron vinculados con la práctica de estos crímenes", dijo Sebastián Escobar, de la CCAJAR.

De acuerdo al abogado, los uniformados tenían "una presión constante por presentar resultados, bajas en combate" y, además, recibían "una serie de incentivos" por ello, como vacaciones, permisos, dinero, condecoraciones, ascensos y capacitaciones en el exterior.

También aseguró que identificaron que hubo supuestos reclutadores, entre ellos paramilitares, a los que los comandantes del Ejército pagaron "con recursos públicos".

Menores y mujeres entre las víctimas

De acuerdo al informe, del total de víctimas, 118 fueron personas en precaria situación económica; 35 eran indígenas wayú, kankuamo y wiwa; ocho de los asesinados eran menores de edad y seis fueron mujeres. Otras 131 víctimas no se han identificado hasta la fecha, y en 13 casos sus familiares recibieron amenazas tras denunciar el crimen, tanto de desaparición como de asesinato.

Las organizaciones piden a la JEP, concretamente, que determinen si los asesinatos están vinculados al conflicto armado colombiano, si se trató de violencia política, si tenían una finalidad económica o si fue una limpieza social.

"Hemos asumido el compromiso de que lo que se devele tenga un impacto en la sociedad, para que estos hechos no vuelvan a ocurrir", dijo el magistrado de la JEP Oscar Parra, tras recibir el informe.

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