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La carta de la víctima de 'La Manada': "Lo peor no fue la situación vivida, sino todo lo que vino después"
La joven ha enviado una misiva a un programa de televisión en España, en la que agradece su apoyo a "todas las personas que se involucraron" para ayudarla a lo largo del proceso judicial.
Una semana después de que se haya hecho pública la sentencia del caso de 'La Manada', que condenó a 15 años de cárcel a los cinco acusados de agredir sexualmente a una joven en los sanfermines de 2016, la víctima ha remitido una carta a El Programa de Ana Rosa, un popular espacio televisivo español.
La joven reconoce en su misiva que "lo peor no fue la situación vivida sino todo lo que vino después", en referencia al proceso judicial con amplias repercusiones sociales que ella misma define como "largo, intenso y, sobre todo, agotador".
La carta también refleja el agradecimiento de la mujer hacia "todas las personas que se involucraron" para ofrecerle su ayuda. "Desde aquel juez de instrucción que nunca dudó de mí –recuerda la víctima– hasta el abogado que me tocó aquel 7 de julio de 2016, pasando sin duda alguna por la fiscal, médicos, policías, psicólogos y la pareja que me encontró". "Son momentos en los que nadie sabe como actuar pero vosotros lo hicisteis fácil", indicó la autora del texto, dirigiéndose directamente a las personas recién mencionadas. "No puedo haber sido más afortunada con la calidad de las personas que me han ayudado", escribió.
La joven extendió su agradecimiento "a las primeras asociaciones y personas" que difundieron su caso "formando un eco por todos los rincones de España". Es a todas estas personas a quienes se dirige cuando escribe "gracias por no haberme dejado sola" en su carta. "Os estaré eternamente agradecida pero yo no soy ninguna heroína –admite a continuación–. La fuerza para continuar muchas veces me la ha dado todo el calor y apoyo que he sentido en este camino".
Por último, hace un llamamiento de carácter más social, señalando que "no podemos olvidarnos que la lucha debe seguir y debemos ser el cambio que queremos en la sociedad". Concluye su carta exhortando a todas las víctimas de agresiones sexuales que cuenten sus casos. "Recordad: contadlo. No les dejéis ganar a ellos".
La sentencia que puso fin al caso
El Tribunal Supremo de España condenó el pasado viernes 21 de junio a 15 años de prisión a los cinco miembros de 'La Manada' que atacaron a la joven en los sanfermines de 2016. Los magistrados calificaron los hechos como un delito de agresión sexual, al considerar que los acusados intimidaron a la víctima para forzarla a mantener relaciones sexuales.
Este dictamen corregía una sentencia anterior dictada por la Audiencia de Navarra en abril de 2018, que decretó 9 años de cárcel para los acusados, que en aquel momento fueron hallados culpables de un delito de abuso sexual, y no de violación.
El Supremo también duplicó la cuantía de la indemnización por responsabilidad civil que los condenados deben abonar colectivamente a la víctima, que pasó de los 50.000 hasta los 100.000 euros. Además, les impusieron una orden de alejamiento de la víctima por un periodo de 20 años. Tras cumplir la condena de prisión, pasarán otros ocho años en régimen de libertad vigilada.
Un proceso polémico y de hondo calado social
El caso de 'La Manada' ha generado abundante controversia desde que la noticia saltó a los medios de comunicación. A las polémicas surgidas a lo largo del proceso –como la filtración de los datos de la víctima, el seguimiento del que fue objeto por la defensa de uno de los acusados o el juicio a la vida privada de la joven antes y después de los hechos denunciados–, se sumó la primera sentencia del tribunal, considerada insuficiente por un amplio sector de la sociedad, y generando el rechazo activo de muchos colectivos feministas.
La indignación produjo una intensa movilización social y el rechazo a la primera consideración de los jueces se hizo oír en las calles: la consigna de 'No es abuso, es violación' se escuchaba en todas las manifestaciones al respecto, y bajo el lema 'Yo sí te creo' se gestó un movimiento que demostró su vigor en las principales ciudades del país, reclamando una reforma en la Justicia española, a la que se acusó de tener un sesgo patriarcal.
Desde entonces, los movimientos feministas del país piden que se aplique la perspectiva de género a la hora de definir, por ejemplo, qué es intimidación o qué es consentimiento; o que en los procesos judiciales se tenga en cuenta el consentimiento explícito. En otras palabras, este enfoque exige pasar del 'no es no' al 'solo sí es sí'.
Entre las consecuencias derivadas del gran impacto social de este caso está el surgimiento de un considerable consenso en torno a la necesidad de reformar el Código Penal en lo que se refiere a delitos de índole sexual.
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