Retrasan el proceso contra el informático sueco Ola Bini en Ecuador: ¿cuáles han sido las irregularidades del caso?
La Fiscalía de Ecuador decidió vincular a otra persona en el caso que lleva adelante contra el informático sueco Ola Bini, el joven de 37 años que ha sido relacionado con el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, y a quien acusan de presunto ataque a la integridad de sistemas informáticos en el país.
Carlos Soria, abogado de Bini, informó durante un foro celebrado en Quito que la persona que vincularán al caso es el ingeniero en sistemas Marco Argüello, cuya relación con el sueco "es meramente profesional".
Según el jurista, esta decisión retrasa hasta el 12 de agosto la instrucción fiscal, etapa en la que la Fiscalía expone ante un Tribunal Penal el caso de Bini. "30 días más sin que nos digan qué, cómo, cuándo ni dónde se vulneraron sistemas informáticos", criticó.
Por ende, se demora también la decisión sobre si Bini será llevado a juicio o quedará absuelto de los cargos que le acusan.
La actuación de la Fiscalía es una de las violaciones que, denuncia Soria, se han cometido contra su defendido, quien tras 71 días detenido ahora se defiende en libertad.
La detención
Bini fue detenido en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito, cuando se disponía a abordar un avión con destino a Japón, el pasado 11 de abril, el mismo día que Assange fue despojado de su asilo diplomático y arrestado por la Policía británica.
Soria señala que hubo violaciones a sus derechos desde el momento del arresto. "En la misma orden de retención del fiscal se establecía, en el primer párrafo, que era ruso; y en el segundo párrafo, de nacionalidad suiza; y terminan arrestando a un sueco", señala el jurista, y añade que la justificación de la Policía fue que "no pudieron ver el pasaporte".
El abogado denunció, también, que a Bini, en el momento de la detención, "no se le leyeron sus derechos en su idioma materno", como lo establece la Constitución, y tampoco se le informó sobre el motivo de la captura. Además, apenas a las 10:30 de la mañana del día siguiente es cuando Bini tiene contacto con un letrado, "bajo la amenaza de que si no firmaba la lectura de hoja de derechos (que estaba en español), no tenía derecho a un abogado".
Soria señala que a Bini "lo retuvieron desde las 15:00 horas hasta las 02:30 esposado, con las manos hacia atrás, sin darle comida, sin darle agua". A esa hora de la madrugada lo llevaron hasta su domicilio, para hacer un allanamiento.
Dijo que en este caso tampoco se cumplió lo establecido en las normas locales, respecto a la detención de ciudadanos extranjeros. La ley ecuatoriana exige que se debe dar aviso a la embajada o consulado de donde es nacional, en este caso Suecia, y el parte se envió al día siguiente.
Hacinamiento
En la cárcel, entretanto, Soria dice que Bini fue llevado a una pequeña celda, habilitada para una persona, en la que compartió espacio con otros nueve detenidos.
"Durmió en el piso, sentado en un cartón", detalla el jurista y señala que alrededor de 90 presos debían compartir dos baños.
Prisión preventiva
La tarde del 11 de abril, la ministra del Interior, María Paula Romo, en entrevista con Sonorama, dijo que había sido detenida una persona cercana a Assange, refiriéndose a Bini. Señaló que la aprehensión se hacía con "fines de investigación".
El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, también dio a conocer su opinión. En un debate ese mismo mes en el Diálogo Interamericano, un laboratorio de ideas especializado en Latinoamérica, con sede en Washington (EE.UU.), afirmó que el sueco fue sorprendido 'hackeando' cuentas del Gobierno y personales.
Además, en una entrevista con la periodista Patricia Janiot, el mandatario detalló que Bini "fue encontrado con evidencias que serán analizadas". Agregó que el joven "visitaba frecuentemente a Assange en la Embajada" y que "seguramente recibía instrucciones de lo que tenía que hacer".
Soria informó que, posteriormente, en la audiencia de formulación de cargos, el fiscal alegó "declaraciones políticas", tanto las emitidas por Romo como también las referidas por el mandatario.
"Esos fueron sus elementos de cargo [...] declaraciones políticas sirvieron para justificar la solicitud de una prisión preventiva", menciona.
A ello, la Fiscalía sumó como elementos de convicción contra Bini computadoras, celulares, libros relacionados con 'hackeo' electrónico, memorias externas y cables USB; además del registro de sus viajes al exterior y el pago de sus cuentas de internet, que suman alrededor de 230.000 dólares, de 2015 a 2019.
A principios de mayo, se confirmó la prisión preventiva contra el sueco.
Fianza y 'habeas corpus'
La defensa presentó un recurso para solicitar la libertad bajo fianza de Bini. Pero, el pasado 29 de mayo, la jueza Yadira Proaño decidió negar esta medida.
La jurista alegó que tomó esa decisión debido a que la Fiscalía no había dado precisiones del supuesto daño causado por Bini y, por lo tanto, no se podía fijar un monto de fianza.
Ante esa negativa, la defensa solicitó un 'habeas corpus', que finalmente le fue concedido el pasado 20 de junio.
"En la sentencia del 'habeas corpus' se determinaron precisamente las violaciones que se hicieron", dijo Soria en el foro, e informó que los jueces señalaron que "esas violaciones afectaron no solo los derechos humanos de Ola, sino del conglomerado social que se debe a una Constitución".
Desde entonces, el sueco debe presentarse semanalmente antes las autoridades judiciales que llevan su caso.
Aunque tenía previsto saber este miércoles 10 de julio si iba a juicio o quedaba absuelto, deberá esperar hasta agosto.
Demanda del acusado
Mientras, esta semana, los abogados defensores de Bini presentaron una denuncia contra la jueza Proaño, por "prevaricato".
"La jueza no podía haber negado el derecho de Ola a tener una caución o fianza, no estaba dentro de ninguna de las causales de inadmisión", manifestó Soria.
El abogado ecuatoriano Ramiro Aguilar señala que el proceso de Ola Bini "sin duda, es un caso espeso, es un caso que demuestra la suciedad con la que se está manejando el ejercicio del poder público en el Ecuador".
Romel Jurado, también abogado, por su parte, dice que "el Estado ya no tiene como salvarse de las consecuencias jurídicas que esta grave violación de derechos humanos implicará" si Bini decide demandar, ante instancias internacionales, a Ecuador.
Edgar Romero G.
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