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¿Recrudece el 'gatillo fácil' en Argentina?

Publicado: 15 jul 2019 14:59 GMT

La muerte de un chico de 14 años a manos de un policía de civil vuelve a desnudar la trama de violencia estatal denunciada por los organismos de derechos humanos.

¿Recrudece el 'gatillo fácil' en Argentina?
El presidente de Argentina, Mauricio Macri, con el oficial de la Policía Luis Chocobar, Buenos Aires, Argentina, 1 de febrero de 2018.
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Una nueva muerte de un joven producida por una bala policial en Argentina vuelve a poner el foco en la llamada 'doctrina Chocobar', que organizaciones políticas y de derechos humanos le atribuyen al Gobierno de Mauricio Macri como una política de Estado, debido a la proliferación de casos de 'gatillo fácil' durante la actual gestión. 

El pasado jueves 27 de junio, Matías Alderete, un chico pobre de 14 años del Conurbano bonaerense, falleció a causa de un disparo por parte de un sargento de la Policía Federal que se encontraba de civil, quien dijo haber repelido un intento de robo

La versión policial de los hechos indica que el agente Arnaldo Arias Mamani, de 40 años, había acordado la venta de una bicicleta a través de Facebook. La transacción iba a realizarse en el barrio de La Tablada, provincia de Buenos Aires, justo frente a un complejo de edificios, sobre la ruta provincial 40, conocida como Camino de Cintura.   

ADVERTENCIA: Las siguientes imágenes pueden herir su sensibilidad

Ya en el lugar, siempre según la declaración de Mamani, se presentó el supuesto comprador portando un arma de fuego y le apuntó a su hijo, quien se encontraba dentro del vehículo particular del policía. De acuerdo a su relato, por ese motivo el agente disparó su arma reglamentaria contra Alderete, quien murió minutos después sobre la misma ruta con un balazo en la zona intercostal izquierda. Fue trasladado a un hospital de la zona una hora después del impacto, pero ya se encontraba sin vida.

La Unidad Fiscal de Homicidios de La Matanza investiga el hecho como un caso de 'legítima defensa'. Sin embargo, el abogado de la familia de Matías, Emiliano Montini, sostiene que hay múltiples inconsistencias, tanto en la declaración del policía como la de su hijo de 14 años, que, por ser menor, debió haber dado testimonio bajo el sistema de cámara Gesell. En diálogo con RT, Montini contó que, de acuerdo a testigos del episodio, el joven fallecido escapaba de la escena cuando recibió el disparo. Además, señaló que el balazo policial se produjo "a unos 30 metros" de distancia de la víctima, que, además, "en ningún momento puso en riesgo la vida" del sargento.

Mamani nunca estuvo siquiera demorado en una comisaría, y la fiscalía aún no ordenó pericias sobre el arma del disparador, ni sobre la que se le adjudica a Matías, que, para el abogado Montini, tranquilamente pudo haber sido "plantada". Es que la policía de la provincia realizó el procedimiento de levantamiento de pruebas sin testigos. Esas y otras endebles en el expediente impulsan a la familia de Alderete a pedir una investigación a fondo sobre lo ocurrido. Y señalan a este medio que los uniformados dejaron a Matías agonizando en el asfalto durante una hora, teniendo un hospital a solo 300 metros.

"Nos apagaron tu sonrisa"

Todos los que conocieron a Matías Alderete lo describen como un muchacho alegre, trabajador y algo rebelde, que con esfuerzo le daba pelea a la marginalidad que lo rodeaba. Estaba cursando el colegio secundario y había participado del programa Envión, destinado a chicos de entre 12 y 21 años que se encuentran en situación de vulnerabilidad social, para ayudarlos a reinsertarse en el sistema educativo. El objetivo de Envión, según reza la web del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, es "fortalecer su estima, reparar y brindarles igualdad de oportunidades".

En las redes sociales, las amistades más cercanas de Matías lo recuerdan diariamente. Los compañeros y docentes de Envión Ciudad Evita, barrio donde vivía el adolescente, lo homenajearon con un video en Facebook y expresaron el dolor por la temprana pérdida: "Nos apagaron tu sonrisa".

Al mismo tiempo, organizaciones de derechos humanos y diputados nacionales de la oposición se unieron al reclamo de Justicia y denunciaron el hecho como un nuevo caso de 'gatillo fácil'. 

La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja se reunió el pasado 3 de julio en el Congreso junto a familiares de víctimas, organismos de derechos humanos y referentes de organizaciones contra la violencia institucional, para denunciar la "preocupante situación", debido a la seguidilla de crímenes de esas características registrados en los últimos meses.

"La pena de muerte en Argentina fue derogada hace muchísimos años, y hoy las fuerzas de seguridad tienen que estar formadas para respetar la vida", señaló el diputado Horacio Pietragalla ante la consulta de este medio. 

La profundización de la 'doctrina Chocobar'

La muerte de este joven de un barrio humilde bonaerense suma un capítulo más a una serie de hechos graves protagonizados por efectivos de las fuerzas de seguridad, bajo la mirada acusatoria de las agrupaciones de derechos humanos y la oposición política al gobierno de Mauricio Macri. 

Un caso emblemático y reciente entre la serie de episodios que muchos consideran 'crímenes de Estado', ocurrió a mediados de mayo pasado, en la llamada 'Masacre de Monte', en la localidad bonaerense de San Miguel del Monte. Allí, un grupo de policías dispararon contra un vehículo en el que paseaban cinco jóvenes de entre 13 y 22 años, de los cuales cuatro fallecieron tras chocar contra un camión sobre la ruta 3.

Hubo muchos otros casos de 'gatillo fácil' en los últimos años, la mayoría con víctimas menores de edad. Pero uno en particular fue el que le dio nombre a la llamada 'doctrina Chocobar'. Ocurrió en diciembre de 2017, cuando el policía Luis Chocobar disparó por la espalda y mató a Juan Pablo Kukoc, de 18 años, en el barrio porteño de La Boca. El oficial de la fuerza municipal de Avellaneda, que fue felicitado por el Gobierno y recibido por el presidente Macri en Casa Rosada, será juzgado por el delito de 'homicidio agravado en exceso del cumplimiento del deber'.  

El titular de la Coordinadora contra la represión policial e institucional (CORREPI), Ismael Jalil, define al 'gatillo fácil' como "el fusilamiento, por parte de un efectivo de las fuerzas de seguridad, de una persona que está huyendo, o que no tiene que ver con ninguna situación riesgosa para nadie". 

Según el último informe de CORREPI, en 2018 se contabilizó un caso cada 21 horas de personas muertas a manos del aparato represivo estatal. El 38 % de esos hechos corresponden a episodios de 'gatillo fácil'.

"Desde que está este Gobierno, y sobre todo con la resolución 956 del año pasado que sacó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se habilita a las fuerzas para hacer eso. Quiero aclarar que las fuerzas siempre lo hicieron, esto no es un invento de Macri. Lo que hace este Gobierno es reivindicarlo", explica Jalil.

"Esa línea, que viene de hace muchos años atrás, ahora se ha profundizado, porque antes la ley contemplaba la agresión ilegítima - [Código Penal, Art. 34, Legítima Defensa]. Es decir, el Policía podía disparar cuando su vida o la vida de un tercero corría peligro. Ahora, con la resolución, se da un marco más general gracias a una frase que dice que el agente puede disparar cuando entienda que hay 'peligro inminente'.

Para el abogado de CORREPI, "esto significa claramente cambiar la objetividad de lo que es una agresión ilegítima, que es un hecho, por la subjetividad del policía, que es una presunción". En ese marco, "el policía podría decir que intuyó algo, le pareció, toda una serie de potenciales movimientos. En definitiva la resolución dice: 'Ustedes tiren, nosotros estamos acá atrás garantizando la impunidad'".   

Emmanuel Gentile

RT

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