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La antigua mina gallega que intoxica a los 'instagramers': pufo económico y desastre ecológico tras el destino de moda

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Las organizaciones ecologistas denuncian que el complejo abandonado de Monte Neme es un ejemplo de la situación de la minería en esta región.
La antigua mina gallega que intoxica a los 'instagramers': pufo económico y desastre ecológico tras el destino de moda

Un lago español se ha puesto de moda en las últimas semanas entre los 'influencers' que pululan por el país. El motivo no han sido sus tonos turquesa o sus increíbles vistas, sino los sarpullidos cutáneos que provocan sus aguas al contacto. Si se ingieren puede ser peor y provocar vómitos o diarreas.

Monte Neme es un complejo abandonado situado en la comarca de Bergantiños, en Galicia (en el noroeste español). Se trata de una antigua mina de la que se extrajo durante décadas wolframio, estaño, cuarzo y otros áridos utilizados principalmente en la construcción. Dejó de ser explotada en 2012 y desde entonces se encuentra abandona, un estado que denuncian las organizaciones ecologistas de la región.

Como ha sucedido tras el estreno de la serie de HBO 'Chernóbil' o con el lago tóxico siberiano sobre un basurero de cenizas, las señales de advertencia y la aparición de estos lugares en los medios los han hecho más atractivos para los 'instagramers' y otras personas que han sentido la necesidad de fotografiarse y colgar las instantáneas en la red para aumentar el número de 'likes' recibidos.

En lucha contra el 'Chernóbil gallego'

Precisamente la descripción romántica que se hace de su paisaje y las comparaciones con esos otros 'destinos turísticos' recientes son puestas en tela de juicio por la Plataforma por la Defensa del Monte Neme: "El problema es más que unos frikis bañándose, es el funcionamiento de las redes sociales y los medios tradicionales, y es un problema estructural de la sociedad", explican a RT, y añaden que "se permite desde las instituciones por acción u omisión, promocionándolo o dejando que el problema crezca por no tomar las debidas medidas que exige la ley".

En el caso de Monte Neme diversos 'influencers' han hecho público que tras bañarse en este lago lleno de aluminio y adornado con un clima de niebla casi permanente se encontraron mal y sufriendo ronchones en la piel durante una semana.

Los ecologistas de la zona llevan desde 2012 solicitando al Gobierno regional el sellado de esta mina, mientras que las autoridades se quitan de encima la responsabilidad y señalan a las empresas extractoras, pues sostienen que son ellas quienes están incumpliendo la ley porque tienen la obligación de proceder a la restauración ambiental.

Lo cierto es que hay una gran señal a la entrada del complejo que prohíbe el paso, pero su perímetro no está vallado, por lo que al peligro para la salud que suponen las aguas de este lago artificial se une el que supone sus laderas escarpadas, en las que podría producirse una caída o desprendimientos igualmente peligrosos.

Joám Evans, portavoz de la organización ecologista Contraminacción, dice que la "guerra" de Monte Neme dura ya años y que supone "el típico ejemplo de lo que pasa en Galicia". 

A favor del 'Stonehenge gallego'

Pero lo cierto es que Monte Neme sí tiene virtudes que mostrar. Su entorno está rodeado de mística y de leyendas que hablan de brujas realizando sus aquelarres en la noche del San Xoán (San Juan, en gallego). Además, es una hermosa ventana al Océano Atlántico desde donde divisar las playas de Razo y Baldaio. Y justo en este entorno singular, entre los municipios de Carballo y Malpica, se encuentra la herida abierta de Monte Neme que supone esta mina.

Desde la Plataforma por la Defensa del Monte Neme defienden los esfuerzos por promocionar los ayuntamientos de Carballo y Malpica, los más cercanos a la mina abandonada. Para ello son favorables a la explotación de sus riquezas culturales, artísticas, naturales, costeras y megalíticas. Y se lamentan de que "a la tierra de los mil ríos y mil fuentes", los visitantes no vayan a ver a sus gentes, ni su esencia, sus paisajes o monumentos milenarios, sino sólo "las charcas de una cantera, las Maldivas de los pobres y presuntuosos y el maldito Chernóbil".

Además, exigen a las autoridades que asuman su responsabilidad y que protejan a la gente de los riesgos de la cantera y arreglen "este peligro público" con la restauración debida. Asimismo, demandan también que las propuestas de la ciudadanía sean escuchadas y que las decisiones tomadas no supongan "un lavado de imagen de las malas praxis mineras e institucionales".

El Gobierno regional fomentó las visitas

Pero detrás de esta peregrinación a una poza contaminada que ha tenido su cenit durante las últimas semanas también se encuentra un 'empujoncito' de la Administración. A la Xunta de Galicia (el Gobierno regional) no se le ocurrió otra cosa en 2017 que promocionar las balsas de residuos mineros de Monte Neme en el marco de su campaña de promoción turística 'Dame Galicia'.

Como no podía ser de otra manera, el revuelo armado fue mayúsculo, y la empresa pública Turgalicia se vio obligada a retirar el anuncio. El organismo calificó lo sucedido como un "error" y alegó que las imágenes habían sido seleccionadas directamente por una agencia de publicidad, aunque posteriormente pasaron el filtro del Gobierno gallego.

La punta del iceberg

Desde colectivos ecologistas, como la red contra la minería destructiva en Galicia Contraminacción, sostienen que el caso de Monte Nemo no es más que "la punta del iceberg" y remiten a un caso que consideran "especialmente grave" como es el de San Finx.

Por esta otra mina actualmente se encuentra imputado el Director General de Energía y Minas de la Xunta del Gobierno regional, Ángel Bernardo Tahoces, por presuntos delitos de prevaricación ambiental y contra el medio ambiente. Se le acusa de fabricar excusas y pruebas para maquillar los desastres ambientales provocados por las grandes corporaciones mineras gallegas.

Joám Evans acusa también a la Administración gallega de limitar a través de diferentes fórmulas la lectura de los expedientes de estas instalaciones. De hecho, diferentes organizaciones ecologistas han instado un expediente en la Comisión Económica de las Naciones Unidas (UNECE) contra la Xunta de Galicia por obstaculizar su acceso a la información y limitar, así, su participación en la presentación de alegaciones sobre los procedimientos abiertos sobre estas minas.

Desastres medioambientales y corrupción política

Tras varios años sin actividad, la última empresa que explotó Monte Neme (de 2006 a 2012) fue Leitosa SAU, una filial de la valenciana Sedesa, propiedad de la familia Cotino. Precisamente varios miembros de esta familia se encuentran investigados por la Justicia por diversas causas relacionadas con la corrupción.

Juan Cotino, del Partido Popular (PP), fue vicepresidente de la Generalitat Valenciana y actualmente la Fiscalía pide 11 años de cárcel contra él por su relación con una de las mayores y más mediáticas tramas de corrupción del país: el caso Gürtel, más concretamente, con la rama que investiga la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en 2006.

Leitosa SAU fue administrada hasta 2012 por Vicente Cotino, sobrino del político y también imputado en la Gürtel.

Se da la circunstancia de que la Xunta permitió los trabajos de esta empresa sin exigirle un aval que garantizara que haría frente a la restauración ambiental. La empresa quebró en 2012, cuando entró en concurso de acreedores, después de haber recibido desde 2003 más de 600.000 euros de ayudas públicas.

Un peligroso precedente

Pero lo que realmente asusta es que no solo peligra la salud de la piel de algunos inconscientes que deciden bañarse en unas aguas de cuya insalubridad ya están avisados, sino que se podría producir una catástrofe de grandes dimensiones.

De hecho, en febrero de 2014 una de las seis balsas de las que consta el complejo abandonado en Monte Neme reventó y más de 20.000 metros cúbicos de aguas con residuos se precipitaron monte abajo hasta dañar los terrenos de varios municipios gallegos de los alrededores. Por suerte solo hubo que lamentar daños materiales y ninguno personal.

Pero no se descarta que se pueda producir un nuevo desastre del que no se puede calibrar su alcance debido a la falta de mantenimiento de las infraestructuras, explica Evans.

La Cámara Oficial Mineira de Galicia advierte de que "el proceso minero no finaliza hasta que se lleva a cabo la restauración de los terrenos" donde se realizó "la actividad extractiva". Sobre el caso concreto de Monte Neme, sostiene que "dejar una explotación sin restaurar es lo más alejado de la minería sostenible", que es lo sucedido en Carballo puesto que Leitosa no ha asumido "sus responsabilidades legales".

Abandonadas cuando no son rentables

El modus operandi que el portavoz de Contraminacció relata es bien conocido en la región. No existe un mantenimiento y un control, dice, y las minas "simplemente se abandonan". Muchas almacenan millones de metros cúbicos de sustancias extremadamente contaminantes, potencialmente generadoras de drenajes ácidos. Además, esas sustancias pueden pasar a los ríos y a las fuentes de agua, como a las corrientes discontinuas que se encuentran a poco más de 100 metros de la presa de Monte Neme.

Así, al peligro concreto de que colapse otra presa y arrasase una población que estuviese terreno abajo, se une el de una contaminación más lenta y más constante.

Evans sostiene que desde las organizaciones preocupadas por el medio ambiente se lucha, en primer lugar, por parar la reactivación del sector minero que se está dando desde 2008 y que pretende construir un mayor número de minas aún más grandes, y pone de ejemplo el proyecto Touru, que se quiere poner en marcha cerca de Santiago, la capital gallega.

En segundo lugar, se pretende que este tipo de ingenios, que "son una espada de Damocles para las próximas generaciones", sean vigilados por políticos y empresas que ejerzan sus responsabilidades, con el obligado mantenimiento y reparación ambiental tras su utilización. Así, Evans aboga porque se dejen de tener en cuenta justificaciones económicas altamente especulativas y que las empresas incluyan en sus costes los pasivos medioambientales.

Nuria López

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