Colombia: Matan de dos disparos a la abogada ambientalista y activista social Yamile Guerra

Yamile Guerra, una líder social y política, ha sido asesinada este 20 de julio en el barrio El Mirador de la Hacienda, en Floridablanca (Departamento de Santander, Colombia) por dos sujetos no identificados, vestidos de negro, que le propinaron dos disparos, causándole la muerte de forma inmediata, informan medios locales con referencia a la Policía de Bucaramanga.

Las autoridades de momento desconocen el móvil del asesinato de esta prominente abogada, no obstante se indica que podría estar vinculado a un litigio de terreno en el municipio de Floridablanca. Así, el portal colombiano Canal Guacari, con referencia al secretario del Interior de Santander, Édgar Andrés Fandiño Bohórquez, informa que la abogada presuntamente acudió a Floridablanca para reunirse con unos individuos que iban a ser objeto de desalojo en su hacienda. 

Emiratos Árabes invertirá 1.000 millones de dólares para extraer oro en Colombia

Por otra parte, el secretario del Interior de Floridablanca, Ricardo Arciniegas, citado por el mismo medio, indicó que la cita se concertó "por las invasiones que se dan en este sector, la titularidad de los predios y porque ella se oponía a la venta de las tierras".

Cabe mencionar que esta versión preliminar de las autoridades ya está siendo criticada por abogados y colegas de Yamile Guerra, defensora del páramo de Santurbán, quienes indican que podría haber sido asesinada por esta labor suya como abogada ambientalista.

¿De qué conocían a Yamile Guerra?

Esta abogada, de 42 años, ocupó varios cargos políticos, como el de directora de la Casa Santander en Bogotá en el 2012, pertenecía al Partido Liberal, a Convergencia Ciudadana y al Partido de Integración nacional.

Además, era conocida por su trabajo como defensora del ecosistema de alta montaña el páramo de Santurbán, sitiado cerca de Bucaramanga, donde Emiratos Árabes Unidos (EAU) tenían planeado invertir 1.000 millones de dólares en un proyecto para extraer oro. Este proyecto de Minesa, confirmado en el 2017 por el Ministerio de Minas y Energía colombiano, reavivó las preocupaciones de los activistas ambientales que indicaron que los pactos establecidos ponen en peligro este ecosistema. 

En el 2017, la Corte Constitucional de Colombia ordenó una nueva delimitación del área donde está prohibido desarrollar proyectos mineros, en función de las peticiones de grupos de abogados y activistas ambientales. Los litigios han perdurado hasta la actualidad y este 10 de julio, el Tribunal administrativo de Santander emitió un fallo en el marco de este litigio, concretando la nueva delimitación del páramo de Santurbán para el 18 de diciembre de 2019.

Respuesta de las autoridades 

El alcalde de Floridablanca, Héctor Mantilla, este 21 de julio ha declarado el inicio de un plan candado de la mano de la Policía Nacional para encontrar a los responsables del asesinato de Yamile Guerra.

Por su parte, el gobernador de Santander, Didier Tavera, solicitó a la Fiscalía de Colombia y la Policía de Colombia una "pronta acción para esclarecer el hecho y dar con la captura de estos delincuentes".

Cientos de asesinatos 

El asesinato de esta dirigente política se ha sumado a cientos de casos similares que se han registrado en Colombia desde que Iván Duque asumió el poder.

La muerte de Yamile Guerra ha motivado a las instituciones y movimientos defensores de derechos humanos a salir el próximo 26 de julio a las calles para denunciar este crimen, así como la persecución y asesinatos de los dirigentes sociales durante el gobierno de Duque.

El asesinato de Guerra se produce solo un par después de que el presidente colombiano, Iván Duque, reconociera en una entrevista que es "difícil" proteger a los "más de siete millones de líderes sociales" que hay en Colombia y que se deben mejorar las medidas de protección de autoridades locales.

En entrevista con EFE, el mandatario aseveró que debido a la cantidad de activistas comunitarios es "difícil" brindarles protección a cada uno. En su opinión, se deberían desarrollar medidas de protección colectiva. Sin embargo, agregó que será "implacable para llevar a la Justicia a los criminales que han estado detrás de estos asesinatos".

El presidente de Colombia reconoce que es "difícil" proteger a todos los líderes sociales

Cifras 

Según el informe del Instituto de estudios para el desarrollo y la paz de Colombia (Indepaz), en el período entre el 1 de enero de 2016 y el 20 de mayo de 2019 en Colombia fueron asesinadas 837 personas, de ellas 702 eran líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos y 135 exguerrilleros de las FARC, en proceso de reincorporación.

Por su parte, la Defensoría del Puebloinformó "que entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de enero de 2019" en este país suramericano perdieron la vida 462 líderes sociales y defensores de derechos humanos, 25 de ellos en el 2019. El organismo hizo hincapié en que "los líderes de Juntas de Acción Comunal debido, por su rol social, se encuentran en una posición que los hace objeto de presión por parte de las bandas delincuenciales o de los grupos armados ilegales por su rol especial en la fase de las políticas públicas en el territorio".

El Gobierno, por otro lado, maneja la cifra de 281 líderes asesinados, muy por debajo de las presentadas por la Defensoría. Además, afirma que desde agosto del 2018 a mayo del 2019 se ha reducido en 32% el número de víctimas, en comparación con los mismos meses de los años 2017 y 2018. 

Sobre los números oficiales, la organización no gubernamental Human Right Watch ha manifestado sus dudas en un escrito sobre el descenso y considera que el Gobierno "adorna las cifras" debido a que, según datos de la ONU, entre agosto del 2018 y mayo del 2019, se había confirmado la muerte de 60 activistas.

En mayo de este año, el portavoz de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Rupert Colville, pidió a las autoridades de ese país "un esfuerzo significativo para enfrentar el patrón de hostigamiento y ataques dirigidos contra los representantes de la sociedad civil" y para "enfrentar la impunidad endémica en torno a estos casos".