En el mes de abril, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (capital de Argentina) implementó un nuevo sistema de seguridad a través de 300 cámaras de video-vigilancia con reconocimiento facial, destinadas a localizar y detener a delincuentes prófugos de la Justicia que se encuentren transitando por la ciudad. La medida de seguridad ciudadana, que forma parte del Sistema Público Integral de Video-Vigilancia, se lanzó como una nueva modalidad para identificar los rostros de los delincuentes en diversos espacios, como el subterráneo o el tren, y en menos de medio segundo. Esto es posible gracias a una base de datos otorgada por el CONARC (Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas), que dispone de 46.000 registros de imágenes sobre los imputados.
Por aquel entonces, el alcalde del distrito, Horacio Rodríguez Larreta, celebró el uso del nuevo sistema y aseguró que "es un avance enorme" para la ciudad. "Es la tecnología de punta que se está usando en el mundo, es lo mejor que hay y lo estamos incorporando. Esto es parte de un plan integral que coordinamos con el Gobierno Nacional", había afirmado el funcionario. En la misma línea, la ministra Bullrich destacó que el proyecto es una manera "real" de cuidar a la gente. "Vamos a tener una capacidad de darle una enorme tranquilidad a la sociedad de que no está caminando al lado de un asesino, al lado de un pederasta o pedófilo, o cualquier otro tipo de delito", expresó.
Sin embargo, tras casi tres meses de uso, 1.227 personas fueron señaladas por las cámaras y luego retenidas por las fuerzas de seguridad, pero solo 256 correspondían a criminales buscados. El resto de los 1.001 ciudadanos carecían de antecedentes penales activos y fueron incriminados erróneamente.
El pasado 10 de julio, Raquel Holway volvía a su hogar junto a su dos hijos en el subterráneo de la ciudad. Pero al momento de subir al vagón del tren, dos policías le cruzaron los brazos y la obligaron a bajar. Había sido identificada por las cámaras.
"Cuando me doy vuelta, había ocho efectivos buscándome a mí. Me decían que, según sus registros, tenían un pedido de captura del 2002. Lo primero que pensé fue que me armaron una causa. Por mi trabajo, yo viajo mucho por el interior del país, es decir, compro pasajes aéreos y también de colectivos. Tengo pasaporte y documento digital. ¿Cómo es posible que una supuesta prófuga de la Justicia pueda pasear por todo el país tan libremente?", explica Holway, en diálogo con RT, que también dirige una ONG dedicada a luchar contra la pedofilia y el abuso sexual.
"Me llevaron demorada a una dependencia policial. Allí había más personas en mi misma situación. Necesitaban constatar que los datos eran falsos. No estuve mucho tiempo, pero sé que hubo casos con mas de 13 horas de demoras por lo que ellos llaman un "falso positivo", pero es porque no quieren admitir el error. Luego de eso, investigué la base de datos del CONARC y encontré conocidos míos. También, por mi trabajo en la ONG, busqué criminales que conozco, con causas por violación, y no figuraban. Es todo muy raro", finalizó Holway.
El buscado es alguien con una causa del 2002 x robo a mano armada 😱 Evidentemente en la causa o en el "infalible" nuevo sistema cargaron con mi número de DNI. Por eso saltó la alerta. Lo único que había en común era el número de DNI. Otro nombre, apellido, y fecha de nacimiento
— Leo Colombo Viña (@LeCoVi) June 27, 2019
Otro caso similar al de Raquel, le sucedió a Leandro Colombo, quien decidió contar su experiencia en la red social Twitter. El 26 de junio, explica el joven, fue abordado por las autoridades policiales en el metro, quienes le informaron que las cámaras de reconocimiento facial lo habían señalado como autor de un crimen en 2002. La causa, nada menos, era por robo armado.
Finalmente, y luego de permanecer tres horas demorado en la comisaría, se comprobó que en la base de datos Colombo poseía el mismo número de documento de identidad que el verdadero criminal y por eso se activó la alerta. Fue liberado tras realizar los debidos requerimientos.
María del Carmen Verdú es abogada y titular de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), una organización social que lucha contra la violencia y los abusos policiales en el país sudamericano.
Poco tiempo antes de que el nuevo sistema de seguridad ciudadano esté en funcionamiento, la organización había denunciado que, durante el Gobierno de Mauricio Macri, se produce una muerte cada 21 horas por culpa de la violencia estatal. Respecto a las cámaras implementadas para luchar contra el crimen, la abogada afirma que, desde que se puso en práctica, se llevan adelante detenciones arbitrarias todos los días.
"Nosotros recibimos muchas consultas sobre personas que fueron identificadas por este nuevo sistema digital. Hemos ofrecido realizar los procedimientos necesarios para eliminar cualquier información errónea que tenga la policía respecto de los ciudadanos, pero es algo que pasó siempre. Antes, las alertas equivocadas se activaban en los aeropuertos, cuando uno quería irse de vacaciones. Ahora sucede en el trasporte público y con mayor voracidad policial. Son herramientas de control social, con una impronta de militarizar la sociedad. Desde hace cuatro años ese es el objetivo del Gobierno: disciplinar", afirma Verdú.
"Esto funciona mal en muchos sentidos. Hay prófugos que no figuran en la base de datos y personas inocentes con causas penales, tan solo por tener el mismo apellido que el imputado. Si vos querés capturar a alguien, debes invertir en inteligencia policial y no esperar a que se cruce frente a una cámara. La implementacion de este sistema no es una herramienta para prevenir delito. Si para detener a un sospechoso necesitas privar de libertad a 1.000 personas que no hicieron nada, estás cometiendo un daño mucho mas grande", asegura la titular de CORREPI.
La funcionalidad del Sistema de Reconocimiento Facial, según explican desde el Gobierno, genera alertas de coincidencias únicamente con personas incluidas en la base de datos del CONARC. Cada vez que se detecte una, el Centro de Monitoreo Urbano de la ciudad da aviso al personal policial más cercano para que intervenga.
Las cámaras pueden detectar el género y la edad de una persona en una foto con una precisión de 99 % y 95 %, respectivamente, dentro de un umbral de tres años. El reconocimiento lo realiza desde diversos ángulos y condiciones de iluminación, aún ante cambios de apariencia como anteojos, barba, bigote, gorra, sombrero o cambio de peinado.
Facundo Lo Duca
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