La alta comisionada de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Michelle Bachelet, manifestó este jueves que teme que las nuevas sanciones contra Venezuela "tengan implicaciones mayores en los derechos a la salud y a la alimentación".
Bachelet expresó que, si bien tomaba nota de que las medidas no se aplicarán a las transacciones relacionadas con las "provisiones de alimentos, ropa y medicinas que buscan dar respuesta al sufrimiento humano", como lo ha expresado Washington, "es posible que aún así lleguen a exacerbar la crisis en la que viven millones de personas venezolanas".
Estas declaraciones de la alta funcionaria ocurren cuatro días después de que el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, firmara una orden ejecutiva que congela todos los activos de Venezuela en EE.UU. y prohíbe las transacciones con el país suramericano.
Sanciones y situación humanitaria
La alta comisionada, que estuvo de visita en Venezuela en junio para reunirse con autoridades del Gobierno, miembros de la oposición y distintos sectores de la sociedad, expresó su temor de que haya "implicaciones mayores" sobre la salud y la alimentación "en un país donde ya existe una seria situación de escasez de bienes esenciales".
En su exposición aseguró que aunque las causas de la crisis económica en Venezuela son anteriores a las sanciones económicas, "están exacerbando la situación humanitaria", debido a que las divisas provienen de las exportaciones de petróleo, relacionadas con el mercado estadounidense.
Bachelet agregó que hay "evidencia suficiente" para afirmar que las medidas punitivas pueden afectar de manera negativa los derechos fundamentales de las personas.
Incluso las sanciones "más dirigidas y concretas", deben de contener garantías estrictas de protección de los derechos humanos, puntualizó.
Finalmente, hizo un llamado a los actores que pueden tener influencia" en Venezuela y en la comunidad internacional, "para que trabajen de manera conjunta" en una solución política a la crisis.
Polémico informe de la ACNUDH
Luego de su visita, Bachelet presentó un informe sobre la situación venezolana que fue catalogado por el Gobierno de ese país como "abiertamente parcializado".
En el documento, la alta comisionada para los derechos humanos consideró que había motivos para creer en el país suramericano se había cometido graves violaciones de los derechos económicos y sociales, incluidos los derechos a la alimentación y la salud, y que no había adoptado las "medidas apropiadas" para paliar la crisis económica.
Caracas, por su parte, adujo que en el texto no se hizo referencia "sobre la necesidad de levantar las medidas coercitivas unilaterales ilegal e ilegítimamente impuestas al país".