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Constituyente de Venezuela allana la inmunidad de cuatro diputados opositores por traición a la patria

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En la "sesión por la paz" de este martes, los constituyentes expusieron las consecuencias de las acciones de Washington en contra del país suramericano.
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Este lunes, en la sesión de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), se aprobó por unanimidad un decreto para allanar la inmunidad parlamentaria de cuatro diputados opositores de la Asamblea Nacional (AN) que alentaron las sanciones en contra de Venezuela.

Previamente, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) solicitó el desafuero de los parlamentarios opositores Juan Pablo García, José Guerra, Tomás Guanipa para que se inicie el proceso judicial por los delitos como traición a la patria, instigación para delinquir, conspiración, entre otros. A esta lista se le agregó posteriormente el legislador Rafael Guzmán.

De igual manera, el presidente de la ANC, Diosdado Cabello, leyó en la sesión una misiva enviada por Caracas al secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, donde se expone la situación que afronta el país, una semana después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, firmara una orden ejecutiva que congela todos los activos del Gobierno de Venezuela en su país y prohíbe las transacciones con él.

"Todos somos víctimas de este ataque canallesco". "Solicitamos que la ONU exija el cese de esta brutal agresión contra Venezuela y que se garantice el derecho a la vida plena", sigue el texto.

Fecha de parlamentarias

En esta sesión, Cabello designó una comisión que evaluará la fecha de realización de las elecciones parlamentarias en Venezuela, inicialmente previstas para 2020, "de acuerdo a la ley, la Constitución y la consulta en varios sectores".

La Asamblea Nacional (AN), de mayoría opositora, que se encuentra en desacato y cuyos actos carecen de nulidad, según el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), fue electa en diciembre de 2015.

Ante esta posibilidad, el diputado opositor, Juan Guaidó, en un mensaje difundido la noche del domingo, aseveró que la ANC "pretende disolver y clausurar al Parlamento", a través de "elecciones ilegales". De ocurrir esto, habrá "una fase de conflictividad superior".

"Si mañana la dictadura decide tomar ese camino, no tengan dudas que habrá respuesta con nuestra gente, con la Fuerza Armada, con la comunidad internacional", agregó.

Reacciones tras las sanciones

Luego de que Trump estampara su firma en la orden ejecutiva, hubo una sesión de la AN donde los parlamentarios no se pronunciaron en contra de la orden ejecutiva. De igual manera, el personal a cargo de Guaidó en el exterior y un grupo de diputados de la AN han manifestado públicamente su acuerdo con estas nuevas prohibiciones que incrementan el cerco económico y financiero contra el país suramericano, alegando que son en contra de la "dictadura", de la "corrupción" y que se llevan a cabo para impedir que el "régimen robe el dinero de los venezolanos".

En este contexto, el TSJ anunció la semana pasada que estarán atentos a "castigar con severidad cualquier intento de apoyar a sectores que tengan como propósito limitar las necesidades básicas de nuestro pueblo".

Frente a las posibles consecuencias de estas nuevas medidas, la alta comisionada de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Michelle Bachelet, manifestó su temor ante las "implicaciones mayores en los derechos a la salud y a la alimentación" de los venezolanos.

Un informe del Centro para la Investigación Económica y Política (CEPR, por sus siglas en inglés) revela que las sanciones de EE.UU. contra Venezuela causaron la muerte de alrededor de 40.000 personas entre 2017 y 2018.

Tres meses atrás, el máximo tribunal venezolano le pidió a la Constituyente allanar la inmunidad parlamentaria de 17 diputados para ser sometidos a juicio por su presunta participación en el fallido golpe de Estado en contra del presidente Nicolás Maduro, ocurrido el pasado 30 de abril, cuando el diputado Guaidó, junto a un grupo de militares y policías desertores, sacó de su arresto domiciliario al dirigente opositor Leopoldo López y llamó a una insurrección popular.

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