¿Pueden llevar las sanciones de EE.UU. contra Venezuela a un estallido social?
Al afirmar que el sector petrolero, centro de la economía venezolana, ha sido el objetivo principal de las sanciones de EE.UU., la punzada, ante una posibilidad de conflicto, se instala directamente en la inversión social, el corazón de la política del Gobierno venezolano.
Según el presupuesto de proyectado para 2019, la mitad del ingreso que tendría el país correspondería a la actividad petrolera. El resto sería repartido entre la recaudación fiscal y los créditos públicos internacionales. Del total presupuestado, 75,2 % estaría previsto para la protección social.
La amenaza de una rebelión popular, ante un situación de asfixia económica, ha sido una idea largamente acariciada por quienes ven esta reacción como el fin del Gobierno de Nicolás Maduro, sin embargo, ha sido precisamente el sector social al que han estado dirigidas la mayor parte de las políticas del Estado, más aún en el contexto de las medidas punitivas.
¿Qué se busca?
El economista y constituyente, Jesús Faría, afirma que este "deterioro muy agudo" de la economía, "tiene el propósito de generar una situación de estallido social que derroque al Gobierno".
El final del mandato presidencial, por una vía no contemplada en la Constitución, significaría el "preludio del caos, de una guerra, porque la mayoría del país no va a permitir que le arrebaten sus conquistas históricas", considera el también internacionalista.
"Por eso el chavismo está muy comprometido con garantizar la paz, a través de la vía democrática". "Si quieren salir de un gobierno, que ganen las elecciones". El periodo presidencial de Maduro se inició en 2019 y culmina en 2025.
"Somos objeto de un atropello de dimensiones gigantescas. EE.UU. genera conmociones desde el punto de vista social y después se señala: 'mira, no pueden controlar el país'", expone el economista en entrevista a RT.
Faría hace referencia a las amenazas de Washington sobre Caracas, que van desde la una intervención militar hasta un bloqueo total, como medida de presión: "Todo este esfuerzo busca generar terror en la población".
En su opinión, el principal promotor de un conflicto político en el país suramericano es EE.UU., que "con su injerencia buscar estimular tensiones de todo tipo" junto a la oposición, liderada por el diputado Juan Guaidó, quien se autoproclamó presidente encargado a principios de años.
¿Qué podría ocurrir?
Recientemente, el secretario de Comercio de EE.UU., Wilbur Ross, presentó su plan para el "rescate" de Venezuela, a través de la privatización y la inversión para así lograr crecimiento y lograr la "reconstrucción" del país.
Su proyecto contempla la eliminación de las sanciones, la multiplicación de los ingresos del petróleo con inversión extranjera y un préstamo a largo plazo del Fondo Monetario Internacional (FMI), entre otros puntos.
"Tienen un modelo de economía caracterizado por el desmontaje del Estado en todas sus políticas sociales", dice Faría al respecto. El constituyente asevera que, en el plan de Ross, la renta resultante de la elevación de la producción petrolera no se invertiría en el país latinoamericano, sino que iría a las cuentas de las corporaciones llamadas al 'rescate'. "El saqueo de los recursos es la implantación de modelo neoliberal".
Venezuela tiene las mayores reservas probadas de petróleo del planeta y se encuentra en el sexto lugar de reservas naturales de oro del mundo, además de sus potencialidades para la extracción de otros metales y piedras preciosas como el cobre, el diamante, el coltán, el hierro, la bauxita, entre otros, ubicados en yacimientos del Arco Minero, en el sur del país.
Objetivo: el petróleo
Faría explica que es el sector energético "el priorizado en la política de bloqueo" de EE.UU. contra Venezuela y que esto, además de afectar a la industria petrolera, busca generar un colapso de la economía en términos de inflación, de caídas de la producción y de desequilibrio macroeconómico.
En su punto de vista, las sanciones unilaterales contra el país suramericano han sido "perfectamente planificadas", tomando en cuenta que la economía venezolana depende en más de 95 % de las divisas que genera la exportación de crudo y el aporte fiscal.
El ataque al sector energético no es un tema nuevo, en un informe titulado 'Impacto de la guerra económica sobre los venezolanos', firmado por la economista Pascualina Curcio, se recuerda el sabotaje petrolero ocurrido en 2002 contra PDVSA, que causó la paralización de ese sector y pérdidas por el orden de los 16.000 millones de dólares.
A finales de 2018, el entonces embajador estadounidense en Venezuela, William Brownfield, declaró que si se sancionaba a PDVSA, esta acción causaría impacto "en el pueblo entero, en el ciudadano común y corriente", por lo que sería más conveniente "acelerar el colapso, aunque ello produzca un periodo de sufrimiento de meses o quizás años".
Además, el anterior jefe del Comando Sur, Kurt Tidd, elaboró un par de documentos llamados 'Venezuela Freedom-2 Operation' y 'Golpe maestro para acabar con la dictadura de Venezuela', en los que se preveía un incremento del descontento popular en escalada hasta que Maduro fuese depuesto.
Ahorcamiento petrolero
Estas sanciones, que se han agudizado desde 2017 pero que se iniciaron con la administración de Maduro, han golpeado fuertemente el financiamiento de la industria petrolera y le han impedido el acceso a la tecnología, controlada por las empresas estadounidenses. De igual manera, el comercio se ha visto seriamente restringido con prohibición o amenazas a las navieras que trasladan el crudo venezolano.
El tema bancario no es diferente. El bloqueo a la cuentas impide realizar pagos y no hay banca corresponsal en el exterior, por lo que está cerrada la posibilidad de recibir dinero, producto de la venta de crudo, o hacer depósitos.
El panorama de los proveedores para la industria petrolera y las refinerías es similar, lo que impacta en el abastecimiento de la gasolina, que se ha visto entorpecido en estados como Mérida, Táchira y Zulia en los meses recientes.
Cifras negativas
El Banco Central de Venezuela (BCV) evidencia en un informe la severa caída del comercio exterior en un lapso de cuatro años, que coincide con la agudización del cerco económico. En el último trimestre de 2014 se exportaron 509 millones de dólares, mientras que en el mismo periodo de 2018, la cifra correspondió a 109 millones de dólares, es decir, se redujo a la quinta parte.
A partir de 2017, la producción petrolera bajó de la banda de los dos millones de barriles diarios para ubicarse por debajo del millón, según las cifras secundarias que maneja de Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
A esta situación se le suma la densa trama de corrupción dentro de la estatal venezolana, que le generó al país pérdidas por unos 15.000 millones de dólares, según estimaciones del Ministerio Público.
Faría considera que si bien esos desfalcos afectaron a la principal industrial del país suramericano, "no explican la reducción tan importante que se ha venido manifestando".
"No puedes producir petróleo si no tienes tecnología, si no puedes financiar los proyectos, si no puedes transportar tus productos o venderlos", sostiene.
¿Cómo se impacta la economía?
Las afectaciones de las medidas restrictivas, que se agudizaron en 2017, se extienden ampliamente por toda la economía venezolana, en lo que Faría define como "una estrategia aplicada con saña contra un país". Así como en el área petrolera, el impacto económico puede medirse en:
- Imposibilidad de financiamiento de la nación.
- Restricción de manera dramática de la disponibilidad de divisas (en una economía que depende de las importaciones), lo que activa la especulación cambiaria.
- Dificultad de crecimiento económico ante la falta de insumos, tecnología, servicios para el mantenimiento de las instalaciones productivas.
- Caída de la producción, lo que genera deterioro económico.
- Imposibilidad de importación de bienes de consumo, medicamentos y de transacciones financieras debido al bloqueo de las cuentas del Estado venezolano en el exterior.
- Grave dificultad de acceder al mercado mundial para la compra o venta de productos.
¿Hay soluciones?
Con respecto a los caminos que podrían transitarse, en medido de las sanciones y sus brutales efectos, Faría considera que la solución está en acudir a los "aliados importantes" que tiene Venezuela para incrementar la producción del hidrocarburo progresivamente y así obtener divisas que puedan inyectarse en toda la economía, empezando por los sectores agrícola y agroindustrial, de medicamentos y de servicios (agua, electricidad, gas y transporte).
"En lo económico está toda la esencia del problema, estamos obligados a superarlo", insiste.
El esfuerzo para producir alimentos debe ser entre los sectores público, privado y comunal, aún con la existencia de menor cantidad de recursos. El trabajo es arduo para un país como Venezuela, porque requiere de una modificación compleja: "un cambio de una cultura rentista, que nos ha permeado a todos, a una del trabajo, de la economía productiva", apunta.
"Debe haber una guerra en contra de las corruptelas, no puede haber despilfarro. Con los mismos recursos hay que hacer mucho más de lo que se hacía antes".
La distribución
Pero a pesar de las sanciones, la prioridad del Ejecutivo ha sido atender a la población. De hecho, peso de inversión social se llevó casi toda la torta del presupuesto venezolano para este año. El 75,4 % fue destinado para tal fin y, de ese porcentaje, 25 % se dedicó a la seguridad alimentaria, 14 % a la economía productiva, 13 % a la educación, 12 % al Carnet de la Patria, 9 % a la salud, 8 % a los actores sociales, y 6 % a obras y servicios.
El informe de Curcio ubica en 114.302 millones de dólares las pérdidas causadas por las medidas coercitivas unilaterales de EE.UU. contra Venezuela, desde 2013 hasta 2019. Según ese mismo estudio, con 4.300 millones anuales, extraídos de ese monto, se cubren las importaciones de insumos, materias primas y productos finales para alimentos y medicamentos.
Por eso, entre las políticas más destacadas a favor de los sectores más golpeados por la crisis económica se encuentran la distribución mensual de los alimentos del Comité Local de Abastecimiento (CLAP) a seis millones de familias, las bonificaciones especiales para unas 14 millones de personas registradas en el Carnet de la Patria, y la construcción de dos millones y medio de viviendas de interés social.
Además, se comenzó a desarrollar desde junio de este año el 'Plan de Atención Integral a las Víctimas de la Guerra Económica' para atender a las personas en situación de riesgo.
Nathali Gómez
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