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ONG argentinas denuncian un muerto cada 21 horas por represión policial
La fuerza vuelve a estar en el ojo de la tormenta después de que un efectivo causara la muerte de un peatón tras derribarlo de una patada en el pecho.
Este miércoles quedó libre un policía que causó la muerte a un transeúnte en Buenos Aires (Argentina) tras asestarle una patada en el pecho. El hecho provocó una gran indignación en la sociedad, que calificó el accionar del uniformado de violencia institucional.
Este caso se suma a una serie de presuntos abusos policiales ocurridos en ese país latinoamericano a la hora de perseguir a supuestos delincuentes. RT dialogó con familiares de algunas víctimas y analizó un polémico protocolo que modifica la forma en que pueden actuar los efectivos.
Una de estas víctimas de los excesos policiales es Diego Cagliero, músico de profesión, que al momento de morir iba a ser papá. Fue asesinado a balazos el pasado 19 de mayo en confusas circunstancias, luego de una espectacular persecución mientras circulaba en una furgoneta con amigos.
Los acusaron de dar un golpe comando en un supermercado, aunque los jóvenes solo habían tenido un altercado menor en ese comercio. Dos de los oficiales implicados en el caso dispararon más de 10 veces, y es por eso que Adriana García —madre del fallecido y vecina del partido bonaerense de Tres de Febrero— cree que que los agentes tiraron a matar.
"Diego no estaba enfermo, Diego no tuvo un accidente, a Diego le arrebataron la vida y con la vida de él, se nos fue la vida a todos", expresó la mujer, quien de un día para otro pasó de abrazar a su hijo a aferrarse a su foto pidiendo justicia.
"Están sustentado una política de Estado que nosotros estamos viviendo y tiene que ver con matar primero y después averiguar", pero "nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie", continuó. Y añadió: "Nosotros podremos recuperar alguna vez algo, pero la ausencia de Diego, eso no tiene remedio".
Un muerto cada 21 horas
El caso se inscribe en una serie de hechos en los cuales el abuso policial fue moneda corriente. Como el cuádruple homicidio de San Miguel del Monte con cuatro personas muertas al chocar mientras eran perseguidas con disparos. Sucedió el mismo día que el crimen de Diego.
Según el Centro de Estudios Legales y Sociales, al menos 110 personas murieron en 2018 en hechos de violencia con personal público de vigilancia. Para otras organizaciones políticas, las cifras son más graves.
"Hoy, el Gobierno de Mauricio Macri tiene un muerto cada 21 horas en manos de su Estado a través de sus diferentes siete modos que adquiere la represión, ya sea a través del gatillo fácil. Un 38 % de los casos es eso", señaló Ismael Jalil, abogado de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI).
"El resto es muerte en los lugares de detención, es decir tortura seguida de muerte, femicidios", siendo que "de cinco femicidios, uno es cometido con el arma reglamentaria", precisó el letrado.
Abrir fuego de inmediato
Más allá de la denuncia, el eje de la polémica está en una resolución que modificó el uso de armas de fuego. Ahora, los efectivos federales no deben esperar a ser agredidos para disparar. Así, el solo hecho de presumir que el agresor tiene un elemento para atacar los habilita para usar su pistola reglamentaria.
Desde la oposición creen que se legitima el denominado gatillo fácil. Mientras que desde el oficialismo sostienen que esta norma fue necesaria para empoderar a las fuerzas de seguridad.
"Lo que pasa es que nosotros venimos de épocas muy negras, de una dictadura militar, pero ya han pasado 36 años de esa dictadura militar y de aquella fuerza sin ley, hoy hemos pasado a la ley sin fuerza", manifestó Jorge Enríquez, diputado nacional por Juntos Somos el Cambio.
"Y la ley sin fuerza qué significa: por empezar, se sospecha de una persona uniformada, por solo llevar un uniforme ya es por lo menos tildado de represor", expresó el legislador.
1.300 víctimas en cuatro años
La organización CORREPI denuncia que durante la actual gestión hubo más de 1.300 personas asesinadas a manos de lo que llaman el aparato represivo estatal. También, señalan que la mayoría de las víctimas son personas de bajos recursos.
La administración Macri desconoce estos números y dice que los casos son aislados y se investigan con todo el rigor de la ley. Lo cierto es que el abuso policial no es algo nuevo y tiene historias con vigencia a pesar del paso del tiempo.
Algunas de las víctimas son recordadas con pequeños monumentos que les erigieron sus familiares, compañeros y seres queridos. Instalaciones como esas se multiplican en todo el país y son como una señal de alerta de lo que puede pasar cuando la irracionalidad policial se apodera de quienes tienen la enorme tarea de vigilar al servicio de la comunidad.
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