El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el multimillonario Carlos Slim, anunciaron un acuerdo entre el Gobierno y empresas del sector energético para modificar las condiciones de contratos de transportación de gas, firmados en la pasada Administración de Enrique Peña Nieto.
Según el mandatario mexicano, la importancia de este acuerdo consiste en que su Gobierno podrá mantener el compromiso de no subir los precios de las tarifas de energía eléctrica, e implicará un ahorro de 4.500 millones de dólares para las finanzas públicas.
"Al obtener buenos precios en el insumo del gas, podemos mantener nosotros el compromiso de no aumentar en términos reales el costo de la energía eléctrica a los consumidores. Eso es un logro", dijo López Obrador durante su conferencia matutina de este martes 27 de agosto.
Historia de un conflicto
El conflicto inició en febrero de 2019, cuando el presidente López Obrador y Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), acusaron que México estaba obligado a pagar 21.000 millones de pesos (poco más de 1.000 millones de dólares) a empresas privadas que no habían podido terminar de construir siete gasoductos.
Esta deuda se originó por los contratos firmados entre las empresas y el anterior Gobierno de Peña Nieto, que establecían cláusulas en que el Estado se comprometía a pagar en caso de que las compañías enfrentaran problemas para construir los ductos de gas, tales como la resistencia por parte de algunas comunidades.
López Obrador consideró desventajosa esa condición para la Hacienda pública, ya que el Estado mexicano estaba pagando grandes cantidades de dinero por gasoductos inconclusos que no daban servicio.
"Una de estas reguladoras que crearon después de la reforma energética obligó a la CFE a contratar la compra de energía eléctrica a empresas particulares y a pagar si se presentaban problemas a las empresas, como si se estuviese recibiendo el gas, por eso hablamos de contratos leoninos", señaló López Obrador, el 11 de febrero pasado.
Meses más tarde, en junio, Bartlett, titular de la CFE, anunció que el Gobierno había iniciado el procedimiento legal para demandar a las empresas beneficiadas por los gasoductos inconclusos ante tribunales internacionales.
A partir de julio de 2019, las cuatro empresas involucradas (IEnova, TC Energía, Carso Energy y Fermaca) aceptaron negociar con el Gobierno de México sobre los siete gasoductos en disputa:
- Sur de Texas–Tuxpan (IEnova-TC Energía hoy)
- Guaymas–El Oro (IEnova).
- Samalayuca–Sásabe (Carso Energy)
- Tula–Villa de Reyes (TC Energía)
- Tuxpan–Tula (TC Energía)
- Villa de Reyes–Aguascalientes (Fermaca)
- La Laguna–Aguascalientes (Fermaca)
De este modo, el Gobierno mexicano llegó a un acuerdo con tres de las cuatro compañías involucradas: las trasnacionales IEnova y TC Energía (ateriormente Transcanada), así como Carso Energy, propiedad de Slim. Hasta el lunes 26 de agosto, el Gobierno se mantenía en negociaciones con Fermaca, pero aún no hay resolución.
¿En qué consistió el acuerdo?
La clave fue renegociar las tarifas que debía pagar el Gobierno mexicano por el consumo de gas.
En lugar de pagar montos que irían creciendo con el paso de los años, el Gobierno y las empresas con las que se llegó a un arreglo acordaron que la administración de López Obrador pagará una tarifa más alta pero fija.
Esto permitirá que la CFE pueda sanear sus finanzas y contar con más dinero para invertir en proyectos de infraestructura, mientras que a las empresas privadas les permite tener mayor liquidez en el corto plazo para contratar créditos con baja tasa de interés en los mercados internacionales.
"Al haberse hecho la renta pareja, nos permita financiar otros proyectos y hacer mayores inversiones. Los pagos van a ser mayores desde el principio", explicó Slim, quien figura en la lista de los hombres más ricos del mundo. "Desde el punto financiero, nos permite conseguir mayor crédito a menor tasa de interés", añadió el magnate.
La importancia del anuncio
El acuerdo impidió un conflicto entre el Gobierno mexicano y el sector privado, lo que, según López Obrador, se hubiera traducido en un proceso confrontación e incertidumbre para los inversionistas.
Además, el acto sirvió como plataforma para que personajes como Slim, así como representantes de las dos organizaciones que conforman las cúpulas empresariales de México —el Consejo Coordinador Empresarial y el Consejo Mexicano de Negocios— manifestaran públicamente su apoyo al proyecto económico del presidente, pese a las críticas por el nulo crecimiento de la economía mexicana registrado en el primer semestre de 2019, un asunto que tuvo al país al borde de una recesión.
"Estoy convencido de que vamos a crecer bien y pronto, probablemente no este año, no sé si este año, es intrascendente. Creo que hay un potencial, que los recursos ahí están y los proyectos ahí están", afirmó Slim.
El magnate señaló que el principal impedimento para que el país pueda crecer es la falta de inversión, algo que, señaló, la administración de López Obrador ya está atendiendo. Una declaración que deja atrás los choques que se registraron en 2018 entre el presidente y el magnate, a raíz de la cancelación del aeropuerto de Texcoco.
Manuel Hernández Borbolla