Lejos de disminuir, la violencia es un fenómeno a la alza en México.
Y mientras la espiral de sangre llega a sus máximos niveles históricos, desde que se tiene registro, el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador reconoce que la estrategia de seguridad implementada en los primeros meses de su administración no ha dado buenos resultados. Por su parte, expertos consideran que, de no revertir los errores, el actual escenario podría alargarse varios años más.
Esto, debido a que la crisis de violencia en México incluye factores estructurales como el "colapso del Estado", un sistema judicial deficiente con déficit en el número de detectives, una lenta reacción de las fuerzas de seguridad y otros factores sociales como la desintegración familiar.
"Todavía no tenemos buenos resultados"
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció en su primer informe de Gobierno que aunque todavía no tiene buenos resultados en cuanto a la disminución de la incidencia delictiva en el país, y que ésta constituye su principal desafío, confía en que su estrategia logrará pacificar al país.
¿En qué consiste dicha estrategia? Básicamente, en atender las causas de la violencia con mejores condiciones de vida y de trabajo. "Lo principal es que haya empleos, buenos salarios, bienestar y se garantice a los jóvenes el derecho a la educación y al trabajo", manifestó el presidente.
Además de eso, la creación de la Guardia Nacional, una nueva fuerza militarizada que realizará labores de policía civil, es la gran apuesta de la actual administración para revertir los altos índices de inseguridad.
Hasta ahora se han desplegado 58.600 elementos de la Guardia Nacional en 150 coordinaciones territoriales del país, aunque la meta es llegar a 140.000 elementos en 266 coordinaciones en todas las regiones de México.
Sin embargo, el despliegue de la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina no ha logrado disminuir la tendencia creciente de violencia que vive el país.
De enero a julio de 2019, México registró 20.135 víctimas de homicidio doloso, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Una cifra 3% mayor a los 19.362 asesinatos registrados en el mismo periodo de 2018, el año más violento del que se tenga registro.
Menos uniformados, más detectives
De acuerdo con expertos consultados por RT, uno de los problemas de la estrategia de López Obrador tiene que ver con el excesivo énfasis en el patrullaje de fuerzas de seguridad y el descuido en las policías de investigación, encargadas de armar los casos judiciales.
"La solución al fenómeno criminal está en las fiscalías, no en las policías de uniforme, sino en las policías de investigación, en los peritos. Eso es algo que desafortunadamente las administraciones pasadas y la presente no han querido comprender", explica el abogado criminalista Gabriel Regino, experto en temas de seguridad pública. "Necesitamos más detectives que investiguen el hecho", apunta.
Y pone un ejemplo: un Ministerio Público puede tener asignados hasta 100 expedientes y solo tener bajo su mando a uno o dos detectives.
"¿Cuándo va a poder ese Ministerio Público con 100 casos? Eso es imposible. Y eso es lo que no ha volteado a ver el Congreso. Piensa que todo se resuelve dándole dinero a las secretarías de Seguridad Pública, creando la Guardia Nacional y dejando al Ejército en la calle. Tiene que haber inteligencia criminal, financiera, investigación científica", cuestiona.
Regino, quien fue subsecretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México cuando López Obrador era jefe de Gobierno, considera que los cambios que ha habido al interior de la Fiscalía General de la República son positivos, pero todavía insuficientes, ya que uno de los grandes pendientes sigue siendo investigar las cuentas de organizaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación y no solamente atender la corrupción de casos políticos de alto perfil.
Por ello, considera que la cooperación entre la Fiscalía y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda es un punto clave para desmantelar la lógica económica que sostiene a los cárteles de la droga, responsables de una buena parte de la violencia que existe en el país.
Un Estado colapsado
Para el general José Francisco Gallardo Rodríguez, asesor de la Comisión de Defensa del Senado, la crisis de violencia de México es consecuencia del "colapso del Estado", en el cual intervenienen el Congreso, el Poder Judicial y los gobiernos estatales y municipales. Una crisis estructural que explica por qué la Guardia Nacional y los programas sociales son incapaces de resolver el fenómeno de la inseguridad por sí mismos.
"Estamos en una situación grave, una crisis que se ve reflejada en una situación de carácter humanitario, por el colapso del Gobierno, el colapso del Estado", señala.
El experto asegura que el cambio de régimen político en el país y la manera en que el Congreso aprobó la creación de la Guardia Nacional tiene varios problemas de inconstitucionalidad en cuanto al papel del Ejército en tareas de seguridad pública. Una situación que rompió las bases del sistema de seguridad pública que se había construido tras la Revolución Mexicana.
"El actual gobierno, a través de las reformas y las ocurrencias para crear la Guardia Nacional, que es el involucramiento del Ejército en temas que son de la autoridad civil, rompió el sistema de defensa nacional y seguridad pública del Estado mexicano. Esa reforma rompe esa estructura", advierte.
Y en este sentido, considera que hasta el momento no existen señales de que el Estado mexicano en su conjunto esté considerando una reconstrucción a fondo de dicho sistema, tal como ocurre con medidas de corto plazo, como la reciente sustitución de policías municipales por militares en varias localidades del país, según lo anunciado en días recientes por Alfonso Durazo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
"Una perspectiva que veo errada del Gobierno es que la seguridad se quiere implementar desde las cúpulas, desde el ámbito federal, cuando la seguridad se debe impulsar desde el ámbito municipal, que es la base", comenta Gallardo.
"El tema de seguridad es muy complejo porque abarca toda la estructura del Estado y todos los actores sociales. En tanto no se haga una planeación estratégica que involucre a todos los actores sociales y todas las instituciones, no se va a resolver", apunta.
¿Qué está haciendo la Guardia Nacional?
Otro de los cuestionamientos tiene que ver con la efectividad en el despliegue de la Guardia Nacional. Y para ello, el general Gallardo pone como ejemplo lo ocurrido en el estado de Veracruz en fechas recientes.
En abril pasado, hombres armados vinculados a organizaciones criminales masacraron a 14 personas durante una fiesta en la localidad de Minatitlán. Como respuesta, el Gobierno de López Obrador anunció el despliegue de más de 1.000 efectivos de la Guardia Nacional y fuerzas federales en la zona sur del estado. Cuatro meses después, a tan sólo 22 kilómetros de distancia, un atentado contra un bar de Coatzacoalcos provocó la muerte de al menos 30 personas.
"¿Qué está haciendo la Guardia Nacional?", cuestiona el general Gallardo.
Lo mismo se preguntan los expertos con el anunciado ataque del Cártel Jalisco Nueva Generación en el poblado de Tepalcatepec, Michoacán, que derivó en al menos 12 muertos y 20 heridos. Un hecho que significó un resurgimiento de grupos de autodefensa ante el abandono del Estado.
"En 2014, luego del levantamiento de las autodefensas, se creó un batallón de militares ahí Tepalcatepec hay más de 500 militares establecidos en un cuartel. ¿Dónde estaban?", cuestionó Gallardo.
"Esos grupos surgen como una expresión popular, porque no hay gobierno, no hay justicia, no hay policía y no hay seguridad, a grandes rasgos", agrega.
Lo mismo considera Regino, quien señala que el Gobierno mexicano mantiene una política reactiva ante hechos delictivos de gran impacto, lo cual hace difícil contener la violencia.
Sin embargo, los expertos coinciden en que tanto la administración de López Obrador como el Congreso y el Poder Judicial todavía están a tiempo de corregir los errores, además de encontrar medidas para presionar a los gobiernos estatales y municipales a que tomen medidas de fondo para fortalecer sus cuerpos de seguridad y no dejen toda la carga del problema a los poderes federales.
De no revertir dichos errores, los especialistas consideran que México puede permanecer otros 5 o 10 años envuelto en la espiral de sangre que vive el país desde 2006, desde que se decretó la llamada "guerra contra el narcotráfico".
Una generación en medio de la crisis
Pero más allá de la inseguridad del crimen organizado, México vive una epidemia de violencia sin precedentes que se explica también por una crisis sistémica al interior de las familias.
Algo que explica, por ejemplo, el elevado número de feminicidios que existen en el país.
"El número de denuncias por entidad federativa respecto al delito de violencia intrafamiliar está en sus puntos más elevados", señala Regino.
En este sentido, el criminólogo considera que la manera en que toda una generación de mexicanos creció en hogares rotos, derivados en buena parte por reiteradas crisis económicas a lo largo de tres décadas, permite entender parte del fenómeno de violencia que vive el país.
"Esos problemas de hogares rotos, hogares disfuncionales, los estamos teniendo hoy en día con un 'sicariato' cuyas edades fluctúan de los 12 a los 20 años. Nos estamos refiriendo a una generación de padres que nacieron en las décadas de 1970 y 1980, que se desarrollaron en crisis económicas y crisis de valores y ahora no tienen la capacidad de mantener uniones familiares estables. Todo lo que tenemos en la calle de violencia, no solamente del crimen organizado, sino robo urbano, secuestro y otros, se siguen gestando en los domicilios", explica.
La acumulación de varias heridas que no cierran.
Manuel Hernández Borbolla