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La Justicia de Argentina ordena reabrir la causa del activista mapuche Santiago Maldonado

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La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, distrito donde ocurrió la muerte del militante del la comunidad mapuche, ordenó investigar nuevamente las circunstancias de su deceso, ocurrido en 2017.

La Justicia de Comodoro Rivadavia, en la provincia argentina de Chubut, ordenó este viernes reabrir la causa por la muerte del activista Santiago Maldonado, a fin de determinar nuevamente las circunstancias precisas de su fallecimiento, ocurrido en 2017 tras un enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad e integrantes de una comunidad mapuche.

Aunque el Tribunal descartó que haya existido el delito de desaparición forzada por parte de los efectivos que intervinieron en el episodio —el cuerpo del joven fue hallado 77 días después del hecho en el fondo de un río—, los magistrados solicitaron que se investiguen nuevamente las hipótesis en torno a su muerte.

Entre las premisas que la Justicia desea indagar se encuentra la causa por abandono de persona al activista, y que apuntaría tanto a miembros de la gendarmería, como de la comunidad mapuche. Debido a esto, los jueces revocaron el sobreseimiento del único integrante de la fuerza imputado para someterlo a nuevas indagaciones. 

Otra solicitud que requirieron las autoridades es la participación de especialistas forenses para reconstruir las condiciones en las que fue encontrado el cuerpo, tras haber permanecido tanto tiempo en el agua. Para esta medida, convocaron nuevamente a especialistas del Equipo Argentino de Antropología Forense, considerada como una de las más respetables organizaciones en la materia. Además, avanzaron con la contratación de una experta en geología, para que explique el hallazgo de restos de polen en la víctima, luego de encontrarlo en el fondo del río.

El caso de Santiago Maldonado mantuvo en vilo al país sudamericano desde que se conoció su desaparición, el 1 de agosto del 2017. Desde ese momento, el cuerpo de Gendarmería estuvo en la mira de la familia de la víctima y gran parte de las organizaciones sociales, quienes en reiteradas oportunidades afirmaron que la institución de seguridad "entorpeció" el proceso judicial.

El 29 de noviembre del 2018, la Justicia dictaminó que los uniformados no fueron participes de la muerte del activista mapuche y sentenciaron que su deceso fue por "ahogamiento" al intentar cruzar voluntariamente el río, decisión que fue rechazada por la familia.   

RT