Justicia argentina cierra la causa por muerte de Santiago Maldonado y descarta desaparición forzada

Este jueves el juez federal argentino Gustavo Lleral, que llevaba a cabo la investigación por el fallecimiento de Santiago Maldonado el año pasado, decidió cerrar la causa. El magistrado descartó la hipótesis de que se trataba de una desaparición forzada seguida de muerte y sobreseyó al único imputado que había hasta el momento, el gendarme Emmanuel Echazú.

Para esta decisión habría sido determinante la pericia realizada por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) sobre un conjunto de documentos nacionales de identidad (DNI) similares al encontrado en el cuerpo de Maldonado. Este último estaba en perfecto estado y eso puso en discusión la versión de que el joven había estado casi tres meses bajo el agua. No obstante, el trabajo del INTI señaló que el nivel de deterioro del DNI era compatible con esa situación.

Ante la noticia la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, escribió en su cuenta de Twitter que "la verdad le ganó al relato". Asimismo, señaló que quienes intentaron responsabilizar a las fuerzas de seguridad por este hecho "mintieron, quisieron engañar a la sociedad y generar miedo".

Sin embargo, la familia Maldonado informó a través de un comunicado que no fueron notificados de la mencionada pericia que se difundió a través de diversos medios. "Estas circunstancias solo confirman que un sector del periodismo forma parte de las decisiones judiciales, conformando un ataque judicial y mediático que tiene como único fin intimidar a la familia, desinformar y dejar en evidencia la necesidad del Estado de cerrar el caso y garantizar la impunidad a los responsables de la desaparición forzada y muerte de Santiago", sostuvieron.

"Desde el primer momento que se dispuso la realización de esta pericia sobre el DNI, la hemos impugnado, ya que se desconocían y se desconocen aún, las condiciones en las que estuvo el cuerpo de Santiago y, en consecuencia, su DNI", añadieron.

Este es un nuevo revés para los familiares ya que, días atrás, la Corte Suprema rechazó el pedido de que se conformara un grupo de investigadores independientes para acompañar la causa. Esa solicitud ya había sido denegada por el propio Lleral y distintas instancias superiores.

Es que desde la desaparición de Maldonado el 1 de agosto de 2017, su familia cuestionó el accionar judicial. De hecho esto derivó en que el primer juez de la causa, Guido Otranto, fuera separado de la investigación por su "parcialidad" en favor de las fuerzas de seguridad y las autoridades políticas.

Investigación polémica

El 17 de octubre de 2017 fue encontrado el cuerpo de la víctima sumergido en el Río Chubut. El primer dato llamativo del caso es que esa misma zona había sido rastrillada tres veces por las fuerzas de seguridad y miembros de la comunidad mapuche que habitan la región dijeron haber pasado por allí en los días previos y no haber visto nada.

Esto generó la sospecha de que el cadáver podría haber sido "plantado" luego de haber estado en otro lugar. A su vez, coincidía con las versiones de que a Maldonado lo habrían golpeado y subido a una camioneta de la Gendarmería.

Sin embargo, las pericias realizadas posteriormente sostuvieron que el joven había estado sumergido durante 78 días en el agua (es decir, desde el mismo momento de su desaparición) y que falleció ahogado, aunque señalaron que no podían afirmar que el cuerpo hubiera estado siempre en el mismo lugar. A su vez, tampoco pudieron explicar porque, un día después de la desaparición, un llamado al teléfono móvil de Maldonado fue atendido por unos segundos aunque sin que nadie respondiera del otro lado de la línea.

Indignación social

El fallo judicial provocó una reacción inmediata en las redes sociales, convirtiendo el tema en 'trending topic' en Argentina.

La mayoría de los mensajes apuntan en el mismo sentido que lo señalado por la familia: con esta decisión se busca dar impunidad a los responsables materiales y políticos de la muerte de Maldonado.

Es que más allá del hecho puntual por el que murió (asfixia por inmersión), quienes rechazan el cierre de la causa argumentan que eso no exime a la Gendarmería de haber llevado a cabo una represión que derivó en que un joven que no sabía nadar terminase tirado en el río.