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Investigan a un hijo de Bolsonaro por contratación de funcionarios fantasma

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Según la prensa local, en cinco mandatos como concejal dio empleo a la exmujer del presidente de Brasil y a siete familiares de esta.

El Ministerio Público (MP) de Río de Janeiro investiga la supuesta contratación de funcionarios fantasmas en el gabinete del concejal Carlos Bolsonaro, hijo del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro

Durante sus cinco mandatos como concejal, Carlos Bolsonaro dio empleo a Ana Cristina Valle, exmujer de su padre, y a siete parientes de esta. Algunos ni siquiera vivían en Río de Janeiro, reveló la revista Época.

El MP investiga si existen indicios de que fuesen funcionarios fantasmas y si se realizó una práctica conocida como 'rachadinha', que consiste en depositar parte del salario de los empleados públicos en la cuenta de la persona que les contrató. 

Las autoridades llevan a cabo dos investigaciones paralelas, una en el marco penal y la otra en la esfera civil, que determinará si hubo una mala práctica administrativa. 

Semana de polémicas

Carlos Bolsonaro se tomó estos días una licencia no remunerada en la Cámara Municipal para, según dijo en las redes sociales, acompañar a su padre en el hospital, donde el pasado domingo fue operado de una hernia abdominal. 

Esta semana, el concejal desató una fuerte polémica al cuestionar el sistema democrático en Brasil. "Por la vía democrática, la transformación que Brasil quiere no ocurrirá al ritmo que deseamos", aseguró.

"Prensa basura, no sirve de nada llamar a la pelea, con información errónea que siempre fomentan, no caeré en la trampa. Alguien sabe la razón de todo esto y el propósito. ¡Tranquilo y despreocupado! ¡Buenos días a todos!", destacó en su Twitter el concejal.

El hermano de Carlos, el senador Flavio Bolsonaro, también estuvo en el punto de mira del MP por unos movimientos bancarios considerados atípicos. Sin embargo, en julio el presidente del Supremo Tribunal Federal de Brasil, José Antonio Dias Toffoli, suspendió los procesos judiciales de aquellas personas, cuyos datos bancarios fueron divulgados por órganos de control sin la autorización previa del poder judicial. La medida fue solicitada por el senador, quien se benefició así de la obstrucción, al estar involucrado en una pesquisa por corrupción.

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