El Salvador despliega una patrulla fronteriza financiada por EE.UU. para frenar la migración

El Gobierno de El Salvador desplegó el jueves en la localidad de La Hachadura, una zona cercana a Guatemala, a 1.100 agentes de una nueva patrulla fronteriza financiada por EE.UU. para frenar la migración, prevenir el tráfico ilegal de personas y combatir al crimen trasnacional.

"Con estas acciones se busca crear oportunidades para la población y evitar la migración irregular, además de combatir frontalmente a tratantes y traficantes de personas", refirió el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Rogelio Rivas, durante la presentación de este nuevo cuerpo de seguridad.

El responsable político explicó también que las patrullas estarán conformadas por 300 oficiales de migración y 800 agentes de la División de Seguridad Fronteriza de la Policía Nacional Civil del país. 

Este cuerpo de seguridad centrará su operatividad en eliminar "los puntos ciegos", con el objetivo de combatir delitos como la trata y el tráfico de personas, contrabando de mercadería y el ingreso ilegal de dinero producto de la actividad criminal, entre otros.

Los autos patrulla están equipados con radio y herramientas como drones "para un mejor alcance visual en sus controles", abundó Rivas.

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Acuerdo con EE.UU.

La medida es parte del acuerdo firmado el pasado 28 de agosto entre el secretario de Seguridad Nacional en funciones de EE.UU., Kevin McAleenan, y el Ejecutivo del presidente Nayib Bukele.

Organizaciones dedicadas a la defensa de los migrantes estiman que 300 salvadoreños salen cada día rumbo a territorio estadounidense. 

Críticas 

Especialistas en derechos humanos criticaron la decisión de los Gobiernos de militarizar las fronteras para detener el flujo migratorio. 

Celia Medrano, directora regional de programas de Cristosal, una organización de derechos humanos de El Salvador, habló sobre la necesidad de respetar el Plan de Acción de Brasil, que establece un marco de cooperación para fortalecer la protección internacional de las personas refugiadas y desplazadas en América Latina y el Caribe. 

"Militarizar fronteras (...) y tratar desde una perspectiva militar a personas que huyen de sus países para salvar sus vidas es contrario al respeto del Plan Brasil", dijo Medrano durante un foro sobre migración realizado en San Salvador. 

Por su parte, Rita Robles, investigadora del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, señaló que la militarización de las fronteras genera una serie de violaciones a los derechos humanos. 

"No es la mejor respuesta cerrar la frontera con militares, porque no son personas que estén capacitadas para identificar necesidades de protección, están capacitados para resguardar a un país de una posible invasión de otro país", dijo Robles a medios locales.