La Fiscalía General de México (FGR) empezará de nuevo la investigación sobre los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Para ello, Alejandro Gertz Manero, el titular de la dependencia, se comprometió con los padres de los jóvenes a reconstruir las pesquisas para volver a ejercer acción penal contra los implicados ya liberados, indagar las presuntas irregularidades internas y realizar una estrategia para que no sean puestos en libertad más vinculados al caso.
El abogado de los padres de los 43, Vidulfo Rosales, dio a conocer esas resoluciones al salir de un encuentro privado de casi dos horas que sostuvo con el fiscal general y Omar Gómez Trejo, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa.
"Fueron básicamente tres compromisos: el primero es reconstruir todas las investigaciones, iniciar casi de cero las investigaciones y obviamente iniciar por las irregularidades que se cometieron; el segundo es que él mantendrá comunicación directa y sin interferencias con el fiscal especial para el caso Ayotzinapa. Y un tercer compromiso es que nos vamos a ver al inicio de diciembre para hacer un balance", destacó el abogado al ser abordado por la prensa local.
Por su parte, Gómez refirió que los familiares fueron enfáticos en la petición de que no salgan libres más vinculados en el caso. La excarcelación más reciente fue la de Gilberto López Astudillo, alias 'el Gil', considerado uno de los principales implicados en la desaparición de los jóvenes.
"La petición concreta es que no salgan más personas, nosotros estamos atendiendo los procesos, le estamos haciendo frente, y en función de eso vamos a hacer llegar toda la información necesaria a los juzgadores y a tomar sus decisiones", señaló.
Gertz Manero se comprometió a una segunda reunión, la primera semana de diciembre, para ofrecer los primeros resultados de la nueva investigación.
Los próximos 26 y 27 de septiembre se cumplen cinco años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Guerrero. Hasta ahora han sido liberados77 de los 142 detenidos desde 2014, acusados de crimen organizado y secuestro.
El Gobierno de López Obrador creó la Comisión para la Verdad y acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, a través de la firma de un decreto en diciembre de 2018, a fin de retomar las investigaciones y las recomendaciones emitidas por distintas organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, incluyendo las del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que presentó dos informes sobre este caso.
Para entender el caso Ayotzinapa
El 26 de septiembre de 2014, un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural tomó varios autobuses en Iguala para dirigirse a la Ciudad de México y participar allí en una protesta, cuando un grupo de policías locales y de individuos armados desconocidos abrieron fuego contra ellos. Seis personas fallecieron, 17 resultaron heridas y 43 estudiantes fueron desaparecidos.
Según la versión oficial, entregada durante la Administración de Enrique Peña Nieto, los estudiantes fueron detenidos por agentes de Policía y luego entregados a sicarios de Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron en un basurero de la comunidad de Cocula, Guerrero.
El caso Ayotzinapa conmocionó a la sociedad mexicana y también ha reflejado la corrupción en las entrañas de la Justicia del Estado, al ver que se han fabricado pruebas y obtenido declaraciones bajo tortura, según ha documentado el Subcomité para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes (SPT) de las Naciones Unidas.