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El Tribunal Supremo permite la exhumación de Franco y el traslado de sus restos

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Desde que el presidente Pedro Sánchez expresara en el verano de 2018 su intención de trasladar los restos, el proceso se ha enfrentado a numerosos reveses jurídicos.
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El Tribunal Supremo de España ha desestimado el recurso presentado por los familiares de Francisco Franco y permitirá que el Gobierno del presidente en funciones, Pedro Sánchez, proceda a la exhumación de los restos del dictador del Valle de los Caídos.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso ha tomado esta decisión por unanimidad, acordando rechazar en su totalidad el recurso, lo que supone que los restos no serán inhumados en la Catedral de la Almudena, en pleno corazón de Madrid, como quería la familia Franco, sino que se depositarán en el cementerio de El Pardo-Mingorrubio, junto a los de la esposa del dictador.

El acuerdo del Consejo de Ministros del 15 de marzo de este año, que fijaba el 10 de junio como la fecha para la exhumación, fue paralizada por la apelación presentada por los nietos de Franco a la espera de que esta Sala emitiera una resolución.

Aún quedan obstáculos legales

A pesar de la buena noticia para el Ejecutivo, la operación aún deberá enfrentarse a otro obstáculo, puesto que en febrero un juez de Madrid decretó la suspensión cautelar de las obras por los supuestos riesgos que acarrearían para todo el complejo. La decisión fue muy polémica debido a que el magistrado se apoyó para tomarla en un informe encargado por la Fundación Francisco Franco.

Además, aunque la decisión del Tribunal Supremo es firme, la familia Franco ya adelantó su intención de presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional si su apelación no era estimada, para lo que dispone de 20 a 30 días.

Así lo ha vuelto a comunicar el abogado de la familia de Francisco Franco, Luis Felipe Utrera Molina, que en una entrevista en la televisión pública ha anunciado: "Agotaremos todos los recursos a nuestro alcance, tanto el de amparo ante el Tribunal Constitucional como ante el Tribunal de Derechos Humanos en Estrasburgo".

El experto en Derecho Constitucional de la UNED, Cayetano Núñez, coincide en que la familia todavía puede recurrir a esos dos trámites, y confirma que si el Tribunal Constitucional acepta el recurso, podría paralizar la exhumación.

Sobre los otros escollos que podría encarar el proceso, el experto opina que "es bastante ridículo" el argumento sobre el que el juez que decretó la paralización de las obras fundamenta su auto, en el que se refiere al peligro para los operarios de levantar una losa que pesa alrededor de dos toneladas. Sin embargo, cree que el otro problema de fondo es más importante. El catedrático se refiere a la coyuntura del Valle de los Caídos: es propiedad del Estado, pero está condicionado por un acuerdo con el Vaticano, que hasta ahora "no ha puesto pegas". Además, se encuentra ocupado por una orden religiosa, los benedictinos, que gozan de autonomía.

Promesa electoral frente a vaivenes judiciales

La exhumación de los restos de Franco fue una de las promesas electorales de Pedro Sánchez y su Gobierno se propuso llevarla a cabo al amparo de una reforma de la Ley de Memoria Histórica, promulgada en 2007 por el Ejecutivo también socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.

Además, la decisión del Gobierno se ampara en la voluntad del Congreso de los Diputados, puesto que en mayo de 2017 el pleno de la Cámara aprobó una proposición no de ley que pedía la exhumación de los restos del dictador y su traslado fuera del enclave monumental para evitar su exaltación, entre otras medidas. La moción recibió el apoyo del Partido Socialista, Ciudadanos y Podemos, mientras que el Partido Popular se abstuvo. 

Desde que Sánchez expresara en el verano de 2018 su intención de trasladar los restos, el proceso se ha enfrentado a numerosos reveses jurídicos, debido a la oposición frontal de los familiares del dictador, que han tratado de detener la exhumación presentando recursos ante los tribunales y proponiendo como alternativa su entierro en la catedral de la Almudena, en pleno corazón de Madrid, posibilidad que nunca ha sido contemplada por el Ejecutivo socialista. Precisamente el último de esos recursos es el que se ha dirimido hoy en los Tribunales.

El Valle de los Caídos es un conjunto monumental que acoge una Basílica y la mayor fosa común del país y que fue mandado construir por el propio dictador. Allí se encuentran enterrados más de 33.000 combatientes de ambos bandos de la Guerra Civil española, en los laterales de una iglesia que acoge, en un lugar preeminente, frente al altar mayor, los sepulcros de Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange Española. El complejo es objeto de innumerables críticas por ser el único monumento a un dirigente fascista europeo que queda en pie.

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