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"Queda un poco lejos": Canciller paraguayo resta importancia a las amenazas del gobernador de Río de Janeiro de cerrar la frontera
El gobernador, Wilson Witzel, dijo que pedirá a la ONU sancionar a Paraguay, Bolivia y Colombia por "tráfico de armas en Brasil".
El ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Antonio Rivas, restó importancia a las amenazas del gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel, de cerrar la frontera con su país por considerarlo "responsable" del tráfico de armas en el gigante latinoamericano.
En unas declaraciones, recogidas por el medio paraguayo Última hora, Rivas dijo que Witzel, como gobernador, "puede opinar lo que quiera". "Tendremos en cuenta eso si fuera la opinión de Itamarati [Ministerio de Exteriores brasileño]", señaló.
"Queda un poco lejos de la frontera", remató el canciller, en referencia a la distancia entre el estado de Río de Janeiro y el límite de Brasil con Paraguay. Asimismo, Rivas destacó que dentro de los mecanismo de la ONU no hay posibilidad de que se sancione a Paraguay por las acusaciones de Witzel. "Normalmente no se puede hacer eso", sentenció.
"Hay que cerrar la frontera"
El pasado domingo, en declaraciones a la prensa durante el festival Rock in Rio, el gobernador afirmó que pediría sancionar a países vecinos (Paraguay, Bolivia y Colombia) que, según él, venden armas ilegales en Brasil.
"El propio Consejo de Seguridad de la ONU puede tomar esa decisión: tomar represalias contra Paraguay, Bolivia y Colombia con respecto a las armas", comentó Witzel.
Y agregó: "Es decir, los países que a su vez venden armas para esos países tiene que ser prohibidos o continuará esta masacre, esta situación sangrienta que vivimos en las comunidades de Río de Janeiro. Hay que cerrar la frontera".
Dos días después, Witzel aseguró que el estado de Río de Janeiro necesita de ayuda internacional para combatir el tráfico de drogas y habló de la posibilidad de pedir apoyo financiero a EE.UU.
Fuertes críticas
Desde que en 2018 llegó al poder, Witzel ha endurecido las políticas de seguridad –defiende el uso de francotiradores y helicópteros– en las operaciones policiales contra el crimen, a pesar del alto riesgo que estas medidas suponen para la población.
La semana pasada, fue duramente criticado tras la muerte de una niña de 8 años víctima de una bala perdida, cuando viajaba junto a su madre en una furgoneta. El gobernador, sin embargo, culpó de lo ocurrido al crimen organizado y defendió la política de seguridad de su Administración. Esa misma semana, Witzel puso fin a una medida que incentivaba la reducción de la violencia policial.
Si bien el número total de muertes violentas en Brasil disminuyó el año pasado un 10,4%, respecto a 2018, al alcanzar las 57.341 fallecidos, 6.220 personas perdieron la vida en acciones policiales, es decir, un aumentó de un 19,6%.
El Foro Brasileño de Seguridad Pública estima que 23 de cada 100 muertes violentas intencionadas fueron provocadas por la Policía. Tan solo en Río, entre enero y agosto de 2019, hubo 1.249 (+16%) muertos en operaciones policiales, según el Instituto de Seguridad Pública (ISP). Mientras, 343 policías fallecieron en 2018, y un 75 % fuera de servicio.
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