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Un ministro de la Corte de Justicia de México reconoce presiones de un presidente para influir en las decisiones del tribunal

Publicado: 9 oct 2019 18:45 GMT

Se trata de un hecho inédito que cobra relevancia ante el creciente papel político del Poder Judicial en México.

Un ministro de la Corte de Justicia de México reconoce presiones de un presidente para influir en las decisiones del tribunal
Suprema Corte de Justicia de la Nación, México.
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En un hecho inédito en México, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, reconoció públicamente que un presidente mexicano presionó al Poder Judicial con motivos políticos.

Durante una entrevista con el programa de televisión John y Sabina, el titular de la SCJN señaló que el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha presionado a los ministros de la Corte para influir en las determinaciones del máximo tribunal, como sí ocurrió con otros expresidentes como Felipe Calderón.

"El presidente López Obrador ha sido profundamente respetuoso con la independencia del Poder Judicial. No hemos recibido de su parte ninguna insinuación, ninguna recomendación, mucho menos presión, en los asuntos que estamos manejando. Cosa que también he dicho, no se podría decir de algún otro presidente que sí amenazó, que sí presionó", comentó el ministro.

El ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar. Ciudad de México, México. / scjn.gob.mx

"Yo no sólo soy testigo sino que fui objeto de esas presiones", agregó Zaldívar.

¿Como quién? Fue la pregunta que realizó la conductora y dramaturga Sabina Berman, a lo cual, el ministro de la Corte respondió: Felipe Calderón.

Las declaraciones del ministro son un hecho inédito en México, pues no existen precedentes de que un presidente de la SCJN en funciones reconociera con nombre y apellido la existencia de presiones políticas en las resoluciones del máximo tribunal del país.

Las implicaciones políticas

La postura de Zaldívar, además, se da en un momento en que la Suprema Corte ha cobrado una mayor relevancia política en México, tal como ocurrió con la reciente renuncia del ministro Eduardo Medina Mora, investigado por autoridades de México, EE.UU. y Reino Unido por ingresos inexplicables de 5 millones de dólares.

El Senado mexicano aceptó la renuncia de Medina Mora, luego de que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto, reconociera que algunas resoluciones del ministro provocaron que las autoridades descongelaran cuentas vinculadas al crimen organizado por un monto de 2.000 millones de pesos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador con el senador Martí Batres y el expresidente de la SCJN, Luis María Aguilar Morales, Ciudad de México, México, diciembre de 2018. / scjn.gob.mx

Medina Mora "utilizaba su posición dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para beneficiar a cierto grupo político, y eso es incompatible con un sistema democrático", declaró Nieto, quien se ha convertido en uno de los fiscales más visibles en la lucha anticorrupción emprendida por el presidente López Obrador.

La declaración de Nieto se produjo el fin de semana pasado tras un acto en la ciudad de Mexicali, Baja California.

Al ser cuestionado sobre el tema, Zaldívar evitó comentarios respecto al caso de Medina Mora, pero reconoció que han existido vínculos entre el Poder Judicial y el crimen organizado.

"En el Poder Judicial en general sí hemos tenido casos y circuitos donde hemos detectado cierta vinculación de jueces y magistrados con crimen organizado. Tuvimos algunos casos que incluso se hicieron públicos y estamos trabajando en ello. Pero también hay otros casos, que son la mayoría, donde los jueces están en la disyuntiva de plata o plomo", dijo.

Algunos críticos del Gobierno han señalado que la renuncia de Medina Mora abre la puerta para que el presidente López Obrador aumente su influencia en la SCJN, situación que ha levantado polémica en México. En contraparte, otros consideran que el Poder Judicial no tendría que fungir como partido de oposición, según declaró el propio Zaldívar tras una opinión del jurista Diego Valadés.

La politización del Poder Judicial ha cobrado relevancia en México tras la llegada de López Obrador a la Presidencia del país, ya que en los primeros días de su mandato, libró una disputa inédita con el fin de reducir los altos salarios de jueces, magistrados y ministros en el marco de una férrea política de "austeridad republicana".

El conflicto de López Obrador contra el Poder Judicial se resolvió tras la designación de Zaldívar como presidente de la SCJN, quien maniobró para que jueces, magistrados y ministros aceptaran una reducción del 25 % en su salario para el año 2019.

En este contexto, el ministro Zaldívar ha encabezado un proceso de "limpia" al interior del Poder Judicial al mismo tiempo que en otros países de América Latina, como Brasil, existen acusaciones de que el Poder Judicial ha sido utilizado con fines políticos para encarcelar y perseguir a personajes que promueven un proyecto distinto a los intereses hegemónicos en la región.

Un proceso conocido como 'lawfare', el cual implica un nuevo tipo de guerra no convencional en el que los aparatos judiciales son utilizados por ciertos grupos para debilitar a sus opositores políticos.

Manuel Hernández Borbolla

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