El estallido social ecuatoriano, que tomó de sorpresa a más de uno, recibió una cobertura mediática por demás curiosa. Así, las empresas de prensa más importantes del país sudamericano colocaron su enfoque en algunos disturbios o daños ocasionados en la vía pública, dejando poco o nulo espacio para informar sobre la represión policial y, principalmente, las demandas sociales gritadas en las calles, mientras la Administración del presidente, Lenín Moreno, fortalece sus lazos con Washington y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
De hecho, en las últimas horas se viralizó el insólito desempeño periodístico de algunos canales, como Ecuador TV, un medio público de clara tendencia gubernamental. En este caso, se ve a una reportera local defendiendo el rol de las fuerzas seguridad, pero que cancela la entrevista a un ciudadano cuando este esgrime motivos para protestar contra el Ejecutivo.
En otro de los videos que dan vueltas por la Red, un cronista de la señal RTS finaliza abruptamente la obtención de un testimonio de un motociclista, cuando aquel manifiesta que el Gobierno es "mentiroso".
Teleamazonas, uno de los medios más consumidos en la nación latinoamericana, fue el canal escogido por el mandatario para brindar una entrevista el martes. Ese mismo día, desde las redes sociales de esa empresa de comunicación habían destacado, con una atención inusitada, que una estación de bicicleta había sido "vandalizada". Desde su óptica, fue uno de los aspectos que sobresalió durante el conflicto social que tiene en vilo a toda la región.
El día del paro de transportes, Teleamazonas también se encargó de difundir los nombres y otros datos personales de los dirigentes gremiales que habían definido la medida de fuerza, mientras algunos de ellos eran detenidos.
A su vez, diarios digitales como El Comercio, Ecuavisa, y El Universo destacaron las "pérdidas millonarias" que estarían generando las protestas y sus respectivas huelgas en diversas áreas estratégicas para el país, como la industria y el turismo.
La información poco difundida
En contrapartida, hay medios alternativos y comunitarios que ponen el foco en la actuación policial y su excesivo uso de la fuerza. Por ejemplo, desde las redes sociales de la CONAIE, la agrupación indígena, se publican videos de las grandes movilizaciones, junto a la respuesta de los uniformados.
También sumaron grabaciones de su ocupación en la Asamblea Nacional, e imágenes de compañeros heridos. Asimismo, aclararon que la dirigencia correísta no integra sus filas. De hecho, expulsaron al político José Carlos Tuárez, por considerarlo cercano al expresidente.
Además, en otros registros se pueden visualizar detenciones en plena calle, al mismo tiempo que la organización denuncia graves violaciones a los derechos humanos. En tanto, algunas filmaciones logran dimensionar la magnitud de los operativos.
Días atrás, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación a raíz del "uso excesivo de la fuerza por la Policía", aunque ello no se replicó en muchos medios nacionales. Asimismo, destacó que varios comunicadores resultaron lesionados durante su labor periodística.
La ONU hizo lo propio, remarcando que los derechos suspendidos por el decreto de Moreno constituyen "libertades muy importantes", según las declaraciones públicas del relator del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Mikel Mancisidor.
Así las cosas, este miércoles la agrupación originaria señaló que los manifestantes indígenas que llegaron a Quito desde distintos puntos del país son 50.000.
Capacidad de censura
Aunque en las publicaciones difundidas por Presidencia en redes sociales no se haya especificado, al declararse el estado de excepción, el Ejecutivo tiene la capacidad de "disponer censura previa en la información de los medios de comunicación social", siempre y cuando ello esté relacionado con la temática que desencadenó la medida de emergencia, según el artículo 165 de la Constitución local.
Con ese contexto, el 8 de octubre la Policía allanó los estudios de la radio pública provincial Pichincha Universal, por orden de la Fiscalía General. El delito invocado fue "incitación a la discordia entre ciudadanos". Se trata de una emisora donde suelen pronunciar consideraciones críticas sobre la actual Administración, aunque también se entrevistan a varios funcionarios. Este jueves, las autoridades exigieron la "suspensión inmediata" de las transmisiones.
Además, en el decreto N° 888, Moreno expande la medida que coarta la libertad de expresión y añade que la Secretaría General de Comunicación debe desarrollar un mecanismo para que los mensajes del presidente u otros funcionarios "sean transmitidos obligatoriamente".
"Hay un cerco mediático"
Amauri Chamorro, experto en comunicación política, considera que "los medios de comunicación ya sesgaban antes de las revueltas". Al respecto, añade: "Las empresas privadas ecuatorianas siempre trabajaron con una auto censura, y no publicaban la información real".
Sobre los sucesos de los últimos días, Chamorro subraya que "el estado de excepción hizo que las instituciones públicas, como hospitales, la morgue o la Policía, no sean obligadas a dar información oficial sobre qué está ocurriendo". De esta forma, "se impide que la prensa internacional, y nacional, tengan acceso a información real para dimensionar el tamaño de la marcha".
Por su parte, el sociólogo David Chávez sostiene: "Uno de los capítulos más tristes y penosos de las crisis que estamos viviendo es el nefasto rol que están teniendo los medios de comunicación en Ecuador, pero esto viene de antes". Desde su punto de vista, "uno de los aliados más importantes" del mandatario es la prensa, "en medio del viraje político que hace para aliarse con la derecha, los grupos de poder y las élites económicas".
Para el docente de la Universidad Central de Ecuador (UCE), "hay un cerco mediático en torno al Gobierno, casi militante a su favor". Y sigue: "Parecen órganos de propaganda". En ese tono, Chávez asevera que "los medios son corresponsables de la crisis". Sobre su posicionamiento, repasa que muchos de ellos antes eran "completamente opositores políticos al Gobierno de Correa, y ahora se volvieron absolutamente oficialistas".
Por otro lado, el académico expresa que "para informarse adecuadamente se deben buscar medios alternativos, comunitarios, digitales y extranjeros", porque "es el único modo". También considera que estos canales pequeños son los más perjudicados por el estado de excepción, a diferencia de las corporaciones informativas, "que han radicalizado su posición". Y destaca: "Las miradas críticas, con jóvenes comunicadores que informaron desde el lugar de los hechos, tuvieron un rol importantísimo".
No obstante, destaca que el rol de los medios es "clave" para la democracia porque "hacen un trabajo que las redes no", por lo que cualquier evaluación sobre cómo funciona la cosa pública, debe considerar el desempeño ético de las empresas de comunicación. "Si no cumplen estos parámetros, pueden direccionar la orientación política de las personas".
¿Qué pasa en las calles?
Ecuador atraviesa grandes protestas hace una semana luego de que el Gobierno de Moreno anunciara duras medidas económicas y un paquete de reformas laborales y tributarias, que desataron el repudio de miles de personas en las calles, vinculando aquellas modificaciones con el endeudamiento que la actual Administración contrajo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Las disposiciones lanzadas por el Ejecutivo, llamadas 'paquetazo' por sus detractores, incluyen dos puntos que despertaron la polémica:
- La eliminación del subsidio al combustible, que regía hace 40 años. Así, las gasolinas extra y ecopaís subieron su valor desde 1,85 a 2,39 dólares por cada galón, mientras que el diésel presenta un incremento del 123%, pasando a costar 2,29 de la moneda estadounidense. Resta por ver cómo impactan estos aumentos en el resto de la economía, considerando los costos del traslado de productos, como por ejemplo alimentos.
- La flexibilización laboral, que entre otras cosas plantea la reducción salarial del 20% para aquellos trabajadores estatales que tengan contratos temporales y deban renovarlos, y estipula recortar de 30 a 15 días las vacaciones para los empleados públicos.
A partir del jueves 3 de octubre, cuando entró en vigencia el decreto, los gremios de transportistas iniciaron un paro de actividades, pero finalizó al día siguiente. Sin embargo, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), que unifica a muchas comunidades aborígenes, junto a estudiantes y disconformes en general, se plegaron a las movilizaciones.
Por su parte, el mismo día en que se iniciaron las protestas, el Gobierno anunció el estado de excepción, que le da ciertas facultades de emergencia ante situaciones de "grave conmoción interna", según el artículo 164 de la Constitución. Así, se desplegaron cerca de 30.000 uniformados para contener las protestas, principalmente en Quito, y se suspendió el derecho a la libertad de asociación y reunión, entre otras restricciones.
El último martes la medida se amplió con un nuevo decreto, estableciendo un toque de queda para las zonas aledañas a edificios públicos, que rige entre las 20 y 5 de la madrugada (hora local), todos los días de la semana. Aquellas medidas, que al principio se lanzaron por un plazo de 60 días, fueron reducidas a 30 por orden de la Corte Constitucional.
En resumen, durante el estallido social ecuatoriano han sido detenidas 714 personas, según declaraciones de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y se registran dos muertes de civiles, que todavía deben ser esclarecidas.
Con ese marco, tras días de enfrentamientos entre algunos manifestantes y las fuerzas de seguridad, este miércoles se desarrolló una huelga indígena con una movilización de miles de personas hacia el centro histórico de la capital, y en esa jornada también se registraron incidentes. No obstante, dirigentes del movimiento negaron su responsabilidad en los desmanes y afirmaron que habrían sido provocados por "infiltrados".
¿Cómo se lo informarán a la sociedad ecuatoriana?
Leandro Lutzky
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