Gobierno venezolano repudia la "persecución judicial" contra dirigentes sociales en Ecuador

Para Caracas es "inaceptable" que el gobierno de Lenín Moreno "encarcele indiscriminadamente" a líderes políticos, incluyendo funcionarios electos.

El Gobierno de Venezuela emitió este martes un  comunicado oficial para repudiar "las acciones de persecución judicial" contra dirigentes políticos y sociales en Ecuador, por parte de la Administración del presidente de ese país, Lenín Moreno.

Para las autoridades venezolanas es "inaceptable" que en medio de un proceso de diálogo, el gobierno de Moreno "descargue su frustración encarcelando indiscriminadamente a dirigentes sociales y políticos, incluidos los funcionarios electos, sin respetar el debido proceso y la dignidad humana".

A juicio de Venezuela, estas acciones pretenden "desviar la atención" sobre la victoria que obtuvieron los movimientos sociales e indígenas en ese país, al lograr la derogatoria del decreto presidencial que provocó las protestas en el país suramericano. Según Caracas, ese hecho constituye una "contundente derrota a la imposición de recetas económicas del Fondo Monetario Internacional".

El gobierno venezolano aseguró que continuará denunciando "estas acciones antidemocráticas" y haciendo un llamado a la Comunidad Internacional, para que velen por la defensa y garantía de los derechos humanos y políticos de los ecuatorianos.

Detenciones

Este lunes fue detenida, luego de un allanamiento en su vivienda, la prefecta de la provincia de Pichincha (en Ecuador), Paola Pabón, política opositora al Gobierno de Moreno.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que la detención se realizó "tras investigaciones", y detalló que también fueron capturados dos hombres, identificados como 'Christian G.' y 'Pablo D'.

Un día antes, además, fue detenida la exalcaldesa del cantón Durán, en la provincia de Guayas, Alexandra Arce Plúas, también militante de la oposición.

Durante las manifestaciones contra el 'paquetazo', el Gobierno de Ecuador también denunció un supuesto intento de "desestabilización" desde el extranjero, del que se responsabilizó directamente a su antecesor, Rafael Correa, y al mandatario venezolano, Nicolás Maduro.