El pasado domingo, Ecuador cerró un capítulo de 11 días de intensas protestas contra las medidas económicas anunciadas por el presidente Lenín Moreno, que fueron catalogadas por diversas organizaciones como un 'paquetazo'.
Sobre esas manifestaciones, que comenzaron varios gremios del transporte y luego fueron lideradas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), se ha denunciado fuerte represión por parte del Estado, con los 50.000 policías y 24.000 militares desplegados en la calle. Los 11 días de protestas dejaron un saldo de ocho muertos, 1340 heridos y 1192 detenidos, según el balance de la Defensoría del Pueblo.
Sin embargo, el Gobierno ha sostenido que, al margen de la protesta indígena, hubo un "plan de desestabilización" contra la administración de Moreno. Ese plan, según denunció el propio mandatario, estuvo liderado por su antecesor Rafael Correa y sus aliados políticos en el país, principalmente de la Revolución Ciudadana, ayudados por "factores de injerencia extranjera", como el presidente venezolano, Nicolás Maduro, que generaron violencia durante las manifestaciones.
"Los propósitos políticos de desestabilización son patentes: partidarios del expresidente Rafael Correa y miembros de grupos radicales afines difundieron repetidamente mensajes llamando a derrocar al presidente Lenín Moreno y a la rebelión generalizada contra el Estado ecuatoriano", denunció este martes 15 de octubre, ante la Organización de Estados Americanos (OEA), el canciller ecuatoriano, José Valencia.
Por este motivo, han sido detenidos políticos opositores al Gobierno de Moreno y se han abierto procesos en su contra. Otros, han optado por refugiarse en la Embajada de México en Quito. Pero ¿quiénes son?
Políticos detenidos
- Yofre Poma y Amado Chávez
Los primeros detenidos durante las manifestaciones fueron el asambleísta de la Revolución Ciudadana por la provincia de Sucumbíos, Yofre Poma, y el prefecto de esa entidad, Amado Chávez, del partido Sociedad Unida Más Acción (SUMA).
Ellos, junto a otras siete personas, fueron detenidos el pasado 7 de octubre cuando, presuntamente, ingresaron con hierros y palos a las instalaciones de la empresa pública Petroecuador, en el cantón Nueva Loja, Sucumbíos.
La Fiscalía General del Estado (FGE), en una audiencia en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) en Quito, formuló cargos por su presunta participación en el delito de paralización de un servicio público.
Por este caso, el juez nacional David Jacho dictó prisión preventiva para todos los procesados, además de la retención de cuentas bancarias y prohibición de enajenar bienes.
- Alexandra Arce
El pasado domingo, cuando las manifestaciones no habían cesado, fue detenida la exalcaldesa del cantón Durán, en la provincia de Guayas, Alexandra Arce Plúas, también militante de la Revolución Ciudadana.
Según la FGE, la medida de prisión preventiva se dictó "por presunto delito de asociación ilícita para la paralización de servicios, rebelión y discordia en manifestaciones".
- Paola Pabón, Christian González y Pablo Del Hierro
Este lunes, por su parte, fue detenida en su vivienda la prefecta de la provincia de Pichincha, Paola Pabón. Al momento de la detención se informó que tenía "fines investigativos".
En un video que circuló en internet sobre su detención, se observa cuando Pabón le dice al funcionario encargado de la captura: "Esta es una afectación a los derechos humanos, esto es persecución política en Ecuador".
Un día después, el presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Julio Arrieta, le dictóprisión preventiva por 90 días, tiempo que durará la instrucción fiscal.
La FGE informó que "formuló cargos por el delito de rebelión", en relación "a los actos delictivos registrados durante las protestas de días atrás".
Además de ella, fueron detenidos sus colaboradores Christian González Narváez, sospechosos de "financiamiento de grupos violentos", y Pablo Del Hierro, presunto "encargado de logística y abastecimiento" en los disturbios de los últimos días. Al primero también se le dictó prisión preventiva; mientras al segundo medidas sustitutivas, como su presentación, cada ocho días, ante un juez y prohibición de salida del país.
A los tres, además, se les estableció "inmovilización de cuentas bancarias y prohibición de enajenar bienes".
En los allanamientos realizados por la FGE en relación a estos casos, "se levantaron indicios, como equipos tecnológicos, teléfonos, sustancias sujetas a fiscalización y documentación". En la vivienda de González, particularmente, "se incautaron tarjetas de crédito, panfletos y material que habría sido usado en las manifestaciones", según la Fiscalía.
Resguardados en la Embajada de México
- Gabriela Rivadeneira
El pasado sábado 12 de octubre, el Gobierno de México informó que recibió en su Embajada en Quito a la expresidenta de la Asamblea Nacional y actual asambleísta Gabriela Rivadeneira.
En un mensaje publicado en Twitter, Rivadeneira señaló que la decisión de refugiarse en ese lugar se produjo tras padecer "un seguimiento extrajudicial en los últimos días". Detalló que habría sido vigilada por "agentes de Inteligencia, carros de la Policía, militares y civiles", frente a su domicilio, despacho personal y espacios de militancia.
La Fiscalía realizó un allanamiento a la vivienda del esposo de Rivadeneira, Luis Flores. En el lugar, según la información del organismo, "se incautó una caja fuerte, libreta de ahorros que detalla pagos al 'señor presidente', libretas de notas de pagos, dispositivos electrónicos y material electoral".
- Carlos Viteri, Soledad Buendía y Luis Fernando Molina
Dos días después, México comunicó que recibió en la misma sede diplomática para "brindarles protección y resguardo" a los asambleístas Soledad Buendía y Carlos Viteri y al asambleísta alterno Luis Fernando Molina; así como a sus cónyuges.
"Nuestro país reitera su compromiso con el respeto, protección y promoción de los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su afinidad política", dice el texto.
En paradero desconocido
- Virgilio Hernández
Entretanto, pesa una orden de detención contra el exasambleísta Virgilio Hernández. La FGE informó que fueron allanados tres inmuebles para ejecutar su captura, pero no han dado con su paradero.
En los allanamientos "se levantó dinero en efectivo –dólares y euros–, así como banderas y otros elementos que, al parecer, se utilizaron durante el paro nacional", dice la FGE.
En una requisa previa, encontraron "dinero en efectivo, dispositivos electrónicos y otros elementos".
La posición de la Revolución Ciudadana
La Bancada de la Revolución Ciudadana en el Parlamento ecuatoriano emitió un comunicado en el que señala que "no puede ser que la persecución, el asedio, la venganza y la proscripción sean la respuesta oficial a una oposición democrática".
"Recordemos que el delito de odio es tipificado y sancionado en el marco jurídico internacional", añade.
En el texto señalan que esa bancada "no necesitó", así como lo hicieron otras agrupaciones, "acomodarse a las circunstancias", en referencia a las manifestaciones antigubernamentales.
Desde la misma agrupación han criticado la detención de Pabón y otros militantes por "rebelión", cuando la Justicia no ha dictaminado ninguna medida contra la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, quien públicamente convocó una manifestación para el 9 de octubre, para "defender a la ciudad". Además, desde el Municipio que dirige se dispuso el cierre del puente de la Unidad Nacional con volquetas, para evitar el ingreso de otros manifestantes a la urbe.