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Michoacán bajo fuego: las raíces del conflicto que recrudece en uno de los estados más violentos de México

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Expertos coinciden en que el fenómeno es consecuencia de un proceso histórico donde se unen el abandono del Estado y las luchas intestinas del narco por el control de los territorios.
Michoacán bajo fuego: las raíces del conflicto que recrudece en uno de los estados más violentos de México

Cinco cabezas humanas arrojadas por narcotraficantes sobre la pista de baile de un bar marcaron el inicio de una nueva y sangrienta etapa en la historia reciente del estado de Michoacán, en el occidente de México.

Los hechos ocurrieron el 6 de septiembre de 2006, en la ciudad de Uruapan, conocida como la 'capital mundial del aguacate'. Era de madrugada cuando una veintena de hombres armados irrumpió en el bar 'Sol y sombra', para disparar al aire y sacar una bolsa de plástico negra, de que salieron cinco cabezas que lanzaron al piso.

"Sólo muere quien debe morir, sépanlo toda la gente, esto es justicia divina", fue el mensaje que dejó la banda criminal de la Familia Michoacana para sus enemigos.

Meses más tarde, entre diciembre de 2006 y enero de 2007, el entonces presidente Felipe Calderón, quien acababa de asumir el Gobierno de México con serios problemas de legitimidad tras acusaciones de fraude electoral, ordenó desplegar al Ejército e iniciar su famosa "guerra contra el narcotráfico" precisamente ahí, en el estado de Michoacán.

A partir de entonces, grandes torrentes de sangre se extendieron por todo el país, sumando hasta la fecha más de 300.000 asesinatos en una crisis de violencia sin precedentes en México.

La epidemia no para. Más recientemente se demostró que la herida continúa abierta tras el asesinato de 13 policías que fueron emboscados por criminales en el poblado de Aguililla, en la sierra de Michoacán.

Pero, ¿cuáles son los factores estructurales que explican que en las últimas décadas el estado de Michoacán haya sido el epicentro de cruentas disputas entre grupos armados?

Una historia de violencia

"La situación de violencia ha sido sistemática en los últimos 25 años. A veces tiene repuntes terribles y luego disminuye. Ha sido cíclico este proceso", señala Leonardo González Tafolla, director del Observatorio Regional de Seguridad Humana de Apatzingán (ORSHA). "Cuando la situación está intolerable, vienen, hacen una limpia, medio controlan y se van. Dejan solo el estado y vuelve a resurgir la violencia. Esa ha sido la historia", añade.

El ingeniero asentado en Apatzingán, una de las zonas más violentas de Michoacán, cuenta que esta región estuvo desde 1950 orientada a la producción y exportación de productos agrícolas, principalmente algodón, además de melón y pepino. Con la caída del primer rubro, entre 1967 y 1970, se produjo un vacío económico enorme por la quiebra de muchos agricultores michoacanos.

Aunque la región se mantuvo durante algún tiempo con el cultivo de melón y pepino para exportación, el excesivo uso de agroquímicos y las crecientes restricciones para la importación de esos productos en EE.UU. hicieron que en 1990 se acabara la venta al exterior.

"Esto provocó que llegara la siembra de marihuana primero, como sustitución de las actividades económicas. En ese entonces había muy pocos controles y cobró un auge enorme. De ahí le siguieron la fabricación de drogas sintéticas. Había pueblos enteros dedicados a ello, había laboratorios en todos lados, que eran fácilmente detectables porque despiden un olor terrible", señala González Tafolla en entrevista con RT.

Aunque el limón y el aguacate surgieron como una alternativa para la economía local, la importancia geoestratégica de Michoacán para el cultivo y tráfico de drogas cobró relevancia en las décadas siguientes, con el crecimiento del primer cártel michoacano: el Cártel del Milenio, encabezado por el clan de Armando Valencia, un viejo aliado del Cártel de Sinaloa.

Pero todo cambió a partir de los años 2000, cuando los florecientes grupos criminales comenzaron a disputarse el control territorial de la zona.

"La Familia Michoacana comienza a enfrentar a los Zetas, que venían cometiendo actos violentos en Tierra Caliente desde 2002, que fueron sustituyendo al Cártel del Milenio, el primero que emerge en Michoacán en la década de 1990", explica Raúl Zepeda Gil, un experto que realiza una investigación doctoral en King's College de Reino Unido sobre la violencia en México.

En este punto, los especialistas coinciden que un factor determinante para que Michoacán se convirtiera en un espacio de batalla entre narcotráficantes ha sido el control del puerto de Lázaro Cárdenas, en el océano Pacífico, a través del cual ingresan cargamentos de cocaína, pero también precursores químicos para la producción de drogas como la metanfetamina. Además, la zona resulta atractiva para el narco porque es un lugar poco vigilado y propicio para la siembra de marihuana y amapola.

Aunque la inseguridad en Michoacán tuvo una tendencia al alza desde 2006, el fenómeno de la violencia en todo el país detonó cuando, en diciembre de ese año, Calderón ordenó el despliegue de militares para contener al crimen organizado.

Aunque en los primeros meses el operativo produjo una ligera caída en el número de homicidios, en los años siguientes la violencia experimentó un repunte que alcanzó niveles récord en 2018, con 1.956 asesinatos, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

De este modo, Michoacán ha sido escenario de una cruenta batalla entre grupos criminales, como la Familia Michoacana contra los Caballeros Templarios, una banda que hizo de la extorsión una de sus principales fuentes de ingreso.

Estos múltiples enfrentamientos derivaron en una insurrección civil. Primero con el poblado indígena de Cherán, que se levantó en armas en 2011, y se proclamó como municipio autónomo para expulsar a los grupos delincuenciales que protegían a taladores ilegales de árboles.

Dos años más tarde, en 2013, surgieron los Grupos de Autodefensa de Michoacán, conformados por civiles armados organizados para repeler a los Templarios y la Familia Michoacana. Sin embargo, el Gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto operó políticamente para dividir y encarcelar a los principales líderes de las Autodefensas, entre los que figuraban José Manuel Mireles e Hipólito Mora.

La acción del Ejecutivo se emprendió cuando las Autodefensas empezaran a controlar algunos municipios e hicieron un llamado a una "insurrección de la conciencia", que levantó señales de alerta entre las autoridades federales, lo que provocó que Mireles fuera encarcelado durante tres años en una prisión de máxima seguridad, por el delito de posesión de armas del uso exclusivo del Ejército.

Durante aquel episodio, se comprobó que algunos políticos como el hijo del entonces gobernador michoacano, Fausto Vallejo, mantenía encuentros de colaboración con el líder del cártel de la Familia Michoacana, Servando Gómez 'La Tuta', quien en su apogeo incluso exportaba minerales a China, provenientes de la industria minera, mediante el control del puerto de Lázaro Cárdenas. Posteriormente, 'La Tuta' fue encarcelado y el cártel se fragmentó una vez más.

La batalla actual

Con el paso de los años, las bandas del crimen organizado se fragmentaron pero no desaparecieron. Los Templarios, por ejemplo, siguen manejando buena parte de la industria del limón y el aguacate. Por su parte, algunas estructuras de los grupos de Autodefensa se convirtieron en grupos criminales como Los Viagras, quienes están ahora en disputa con el Cártel Jalisco Nuevo Generación (CJNG) por el control de la región de Tierra Caliente.

Para Zepeda Gil, el conflcito actual en Michoacán apunta a una guerra entre el grupo de Los Viagras, comandado por el exintegrante de las autodefensas, Juan José Farías 'El Abuelo', contra el Cártel Jalisco Nueva Generación, el más grande del país, encabezado por Nemesio Oseguera 'El Mencho'.

"Los mensajes que se envían muestran claramente que es un conflicto entre ellos dos", apunta Zepeda Gil. "Hay una competencia entre organizaciones para tener el control de los negocios ilícitos como el de la marihuana, la minería ilegal y la extorsión en la economía local", añade el experto.

Por esa razón, la expansión territorial del CJNG contra los remanentes de las viejas organizaciones criminales explica, en buena medida, la violencia que padece hoy la entidad.

Además, la fragmentación de los cárteles también ha provocado que esas organizaciones vean mermada su capacidad para comercializar droga fuera del país, lo que se traduce en "una rapacidad feroz de esos grupos contra la población", según apunta González Tafolla.

"Este CJNG está repitiendo la historia de los Caballeros Templarios o la Familia Michoacana: llegan, desplazan a los que estaban, hacen actos atroces contra los otros grupos y la autoridad para intimidar. Y la respuesta gubernamental ha sido extremadamente tibia. No hay una estrategia sistemática, constante", apunta el director del ORSHA.

¿Una luz en el horizonte?

Los expertos consultados coinciden en que el fenómeno de la violencia en la región no se revertirá mientras el Estado mexicano siga estando ausente en las grandes extensiones territoriales donde dominan los cárteles.

Una situación que no se ha revertido con la tardío y difuso papel que han jugado la Guardia Nacional y el Ejército, a la hora de intervenir en guerras declaradas como la de 'Los Viagras' contra el CJNG.

De hecho, recientemente el CJNG difundió un video con amenazas, sin que la autoridad tomara medidas para contener un enfrentamiento que derivó al menos 12 muertos y 20 heridos en el poblado de Tecalpatepec, en agosto pasado.

Zepeda Gil apunta que, según los planes del Gobierno federal, algunos delegados regionales encargados de repartir programas sociales en todo el país realizarían labores de inteligencia para reportar a las corporaciones de seguridad.

Sin embargo, las dificultades de la administración de López Obrador para repartir y entregar los programas sociales en todo el territorio nacional explica, en buena medida, la falta de efectividad en algunas estrategias diseñadas para contener la violencia.

"Entre que no pueden ni montar los programas sociales y no puede intervenir la Guardia Nacional, creo que en el corto plazo habrá una situación muy problemática para el Gobierno federal para controlar la región", señala Zepeda Gil. "No veo una salida fácil ni sencilla", añade.

El investigador advierte que el despliegue de uniformados podría reducir momentáneamente los índices de asesinatos, pero sin romper el ciclo histórico de violencia. 

El Gobierno de López Obrador, por su parte, tampoco ha ofrecido una narrativa o explicación puntual sobre qué hacen las bandas del crimen organizado en cada estado, situación que vuelve difícil entender cuántos son y cómo operan.

Asimismo, los especialistas consideran que muchas de las reuniones de trabajo entre gobiernos estatales y municipales con fuerzas de seguridad solo sirven para discutir temas poco trascendentes, como prohibir el consumo de bebidas alcohólicas en vía pública, lo que difícilmente tendrá efectos en el clima de inseguridad.

"Es una manera de justificar el no actuar", zanja González Tafolla.

Manuel Hernández Borbolla

RT