Parlamentarios chilenos exigen al Gobierno que los Carabineros respeten los protocolos sobre el uso de la fuerza en las manifestaciones, donde más de 1.300 personas han resultados heridas, según cifras del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
"Hay que proteger la vida de los carabineros, eso no está en discusión, pero también hay una acción proporcional del uso de la fuerza en función de lo que se tiene al frente. En eso no puede haber exceso", dijo a la emisora Radio Bío Bío el presidente del Senado de Chile, Jaime Quintana.
Previamente, Quintana dejó claro que no "tiene ninguna justificación que se dispare para reprimir manifestaciones. Tampoco para controlar orden público. Disparos de cualquier tipo son herramienta de última ratio y en Chile se están ocupando indiscriminadamente".
En su mensaje, el presidente del Senado se solidarizó con el INDH después de que Sergio Micco, uno de sus observadores, fuese agredido por los Carabineros, a quienes interpuso una querella.
Según el informe de este jueves del INDH, hasta el momento, 1.305 personas han resultado heridas y se han presentado 167 acciones judiciales, entre las que se encuentran cinco querellas por homicidio, 120 por torturas y 18 por violencia sexual. Además, la Fiscalía de Chile contabiliza 23 muertos durante las protestas.
"No dejan de aumentar las cifras; cada día se suman denuncias, quedando en evidencia que las policías no están respetando los protocolos... que no se nos olvide que este Gobierno, cambien los ministros que cambien, es el responsable de toda esta violencia de Estado", señala la diputada Camila Vallejo Dowling.
En otro mensaje, la diputada se hace eco de la entrevista de un medio local al general director de Carabineros, Mario Rozas. "¿Qué errores reconoce usted en el trabajo de Carabineros en estas dos semanas?", pregunta el periodista. "Ninguno", responde Rozas.
"El general director encubre violaciones a los DDHH [derechos humanos] que han cometido...no podemos caer otra vez en el negacionismo y la impunidad, no con nuestra historia", advierte Vallejo Dowling.
El miércoles un grupo de diputados presentó una acusación constitucional contra el exministro de Interior Andrés Chadwick, cesado el lunes, por su presunta responsabilidad en violaciones a derechos humanos durante las manifestaciones. Además, la Cámara de Diputados aprobó hace unos días la creación de una comisión para investigar "el actuar del Gobierno y de las instituciones" durante la implementación del estado de emergencia.
Respuesta del Gobierno
El presidente chileno Sebastián Piñera visitó el miércoles a los Carabineros lesionados. En unas declaraciones, destacó que hay un total de 1.506 heridos y más de 947 son uniformados. "Es decir casi dos de cada tres pertenecen a Carabineros, PDI [Policía de Investigaciones de Chile] o nuestras FF.AA. [Fuerzas Armadas]", señaló.
Según Piñera, las cifras reflejan "la violencia del ataque que han recibido nuestras fuerzas de orden y seguridad, y también refleja la acción y el compromiso con el que Carabineros de Chile están cumpliendo con su deber".
Por su parte la vocera de Gobierno, Karla Rubilar, dijo en una entrevista esta semana, que "los militares y carabineros salieron a la calle a defender a la gente". "Si hay algún carabinero o militar denunciado queremos que se le sancione", sentenció.
El gobierno recibió el miércoles a una misión de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y que examinará las posibles violaciones a derechos humanos perpetradas por las fuerzas de orden público.
Las protestas, que se recrudecieron desde el pasado 18 de octubre en rechazo al alza del pasaje del Metro de Santiago, continúan a pesar de las concesiones del mandatario para apaciguar a los manifestantes.
El reclamo de la ciudadanía ha tomado como eje las grandes deudas sociales del país en materia de educación, salud, sistema de pensiones, vivienda, el agua en manejo de privados, corrupción gubernamental, entre otras, principalmente heredadas de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
Este jueves, el Ejecutivo convocó a la oposición para buscar una salida a la crisis social, que obligó a Piñera a cancelar la celebración de dos cumbres importantes, la de la APEC y la COP 25 sobre el cambio climático, programadas para noviembre y diciembre.