La presidenta de la Cámara de Senadores de Bolivia, Adriana Salvatierra, ha renunciado a su cargo poco después de que el mandatario del país, Evo Morales, anunciara su dimisión.
Salvatierra, miembro del Movimiento al Socialismo (MAS) —el partido político que preside Morales—, ha salido de su cargo con el fin de encontrar "una salida pacífica de los conflictos".
Según se reporta, la política de 30 años condenó los actos de violencia en el país al anunciar su dimisión, en particular las quemas de las casas de varios funcionarios.
Salvatierra era la siguiente en la línea de sucesión a la Presidencia luego de que el vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, comunicara también el abandono de su puesto.
En detalle, el artículo 169 de la Constitución de Bolivia estipula que, en caso de "impedimento o ausencia definitiva" del jefe de Estado, este será reemplazado por el vicepresidente. Sin embargo, ante la falta de este, la Carta Magna establece la opción de relevarlo por el presidente del Senado.
En última instancia, la jefatura de Estado podría ser asumida por el presidente de la Cámara de Diputados, y, en ese caso "se convocarán nuevas elecciones en el plazo máximo de noventa días". Sin embargo, el titular de ese cargo, Víctor Borda, también presentó su renuncia como diputado por presunta violencia contra su familia.
Posteriormente, la senadora opositora Jeanine Áñez, del partido Movimiento Demócrata Social, comunicó a Unitel que este 11 de noviembre se hará presente en La Paz para "asumir formalmente la responsabilidad siguiendo el orden de sucesión [a la Presidencia], con objeto de convocar a nuevas elecciones".
Según trascendió, la Asamblea Legislativa (Congreso) de Bolivia debe aprobar o rechazar las renuncias tanto de Evo Morales como de los demás funcionarios en la línea de sucesión antes de que se pueda decidir el futuro de la jefatura de Estado.
No obstante, grupos cívicos del país han manifestado su postura de que se constituya una comisión integrada por varios sectores con la finalidad de administrar el Gobierno hasta que sean convocadas nuevas elecciones generales.
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