La oposición chilena exige "un mecanismo más participativo" para la redacción de una nueva Constitución

La Carta Magna ha sido reformada más de 40 veces, pero sigue siendo foco de críticas por su espíritu neoliberal y favorecer la iniciativa privada en temas como educación, salud o pensiones.

El Gobierno del presidente chileno, Sebastián Piñera, ha propuesto que los actuales parlamentarios sean quienes redacten la nueva Constitución, suscitando con ello el rechazo de la oposición, que exige un mecanismo más participativo.

El ministro de Interior, Gonzalo Blumel, explicó que el plan pasa por que los parlamentarios se reúnan con "todos los sectores" para elaborar el texto que se votará luego en un plebiscito.

Sin embargo, el presidente del Partido Socialista de Chile (PSC), Álvaro Elizalde, no está de acuerdo y aboga por "convocar un plebiscito para iniciar un proceso constituyente" para que Elos chilenos se pronuncien si quieren o no una nueva Constitución y el mecanismo para elaborarla".

Por su parte, el líder del opositor Partido Radical (PR), Carlos Maldonado, dijo que el mejor modo para elaborar un nuevo texto sería a través de un plebiscito y una Asamblea Constituyente, razón por la que pidió al Gobierno consensuar con la oposición la hoja de ruta del proceso constituyente.

En este sentido se pronunció el Partido Comunista de Chile (PPCH), donde aseguran que "la ciudadanía no validará una Constitución emanada del Congreso aún cuando, de forma engañosa, se le asigne el nombre de constituyente".

La actual Constitución Chilena fue aprobada en 1980 en un cuestionado referéndum y en plena dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

La Carta Magna ha sido reformada más de 40 veces, pero sigue siendo foco de críticas por su espíritu neoliberal y por haber favorecido la iniciativa privada en temas vitales como la educación, la salud y las pensiones.

La redacción de un nuevo texto es una de las principales demandas populares tras el estallido social que vive Chile desde el pasado 18 de octubre, que ya se ha cobrado la vida de veinte personas —cinco de ellas a manos de las fuerzas de seguridad— y ha causado miles de heridos y detenidos en medio de denuncias de abusos y torturas por parte de los agentes.