La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció este sábado la emisión de un "grave decreto" que exime de "responsabilidad penal al personal de las fuerzas armadas de Bolivia que participe en los operativos de restablecimiento y estabilidad del orden interno".
El documento publicado por la CIDH fue firmado el 15 de noviembre por el Gobierno interino, y autoriza a los militares a usar "todos sus medios disponibles" para controlar las manifestaciones.
El artículo tres del decreto supremo número 4.078 establece: "El personal de las fuerzas armadas que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando en el cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúe en legítima defensa o estado de necesidad y proporcionalidad, de conformidad con el Art. 11 y 12 del Código Penal. Ley 1760 y el Código de Procedimiento Penal".
Mientras tanto, el artículo siguiente señala que los militares "deberán enmarcar sus actuaciones conforme lo establece el Manual del Uso de la Fuerza aprobado mediante decreto supremo 27.977 de fecha 14 de enero de 2005, pudiendo hacer uso de todos los medios disponibles, que sean proporcionales al riesgo de los operativos […]".
El documento, según la organización, "desconoce los estándares internacionales de derechos humanos y por su estilo estimula la represión violenta". Además, en su pronunciamiento, la CIDH condenó cualquier acto administrativo del Gobierno "que atente contra el derecho a la verdad, la justicia y al derecho internacional". Particularmente, el organismo se refirió a las actuaciones de las fuerzas armadas en las protestas sociales.
"Los alcances de este tipo de decretos contravienen la obligación de los Estados de investigar, procesar, juzgar y sancionar las violaciones de derechos humanos", escribió la Comisión en Twitter.
La denuncia llega un día después de que la organización multilateral condenara el uso desproporcionado de la fuerza en las manifestaciones que transcurren en Cochabamba.
El depuesto presidente Evo Morales también se pronunció al respecto y manifestó que "los autores del golpe de Estado en Bolivia gobiernan con decretos, sin el Legislativo y apoyados en armas y bayonetas de Policía y fuerzas armadas". Morales considera que el documento es "una carta blanca de impunidad para masacrar al pueblo".
Por su parte, el ministro interino de la Presidencia, Jerjes Justiniano, declaró que "de manera distorsionada se dice que es una licencia para matar". "Este decreto tiene una base legal en la Constitución y la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas", afirmó.