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La Iglesia de Bolivia, la ONU y la UE inician proceso de diálogo para "pacificar al país"
El llamado para sentarse a dialogar está abierto para el Gobierno de facto, los partidos políticos y los ciudadanos.
La Conferencia Episcopal Boliviana junto a la Unión Europea y el enviado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) a ese país, Jean Arnault, han convocado a un diálogo en el país andino este lunes, a partir de las 2:30 de la tarde (hora local).
El llamado se hace extensivo para el "Gobierno nacional, los partidos políticos y representantes de la sociedad" a un diálogo "con el fin de pacificar el país, consensuar las condiciones de unas nuevas elecciones generales y los vocales para un nuevo Tribunal Supremo Electoral", según el Sistema de Información de la Iglesia Católica en Bolivia.
En la comunicación firmada por la Conferencia Episcopal, también se pide a los medios de comunicación y los líderes de opinión "bajar el tono de las declaraciones para facilitar el diálogo y entendimiento entre todos".
¿Cuál es la situación actual?
Hasta el momento, según la Defensoría del Pueblo, han muerto 23 personas, hay 715 heridos y 50 personas permanecen aún detenidas, del total de 1112 que fueron aprehendidas por las autoridades en medio de una gran convulsión social luego de que Evo Morales fuera dimitido y la autoproclamación de la senadora Jeanine Áñez como "presidenta interina".
Esta cifra, que ha sido refrendada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha sido contabilizada "desde el inicio de la crisis institucional y política" en el país andino, pero 20 de esas muertes se produjeron tras el golpe de Estado del pasado 10 de noviembre.
Tan solo el viernes, en una jornada de violencia protagonizada por los cuerpos de seguridad, nueve campesinos murieron por heridas de bala y 122 resultaron heridos a causa de la "represión combinada de la Policía y Fuerzas Armadas".
Del mismo modo, este organismo ha denunciado la emisión de un "grave decreto" que exime de "responsabilidad penal al personal de las Fuerzas Armadas de Bolivia que participe en los "operativos de restablecimiento y estabilidad del orden interno".
Por su parte, el depuesto presidente Morales manifestó en una entrevista con la agencia EFE que tiene "mucho miedo" a que estalle una guerra civil en su país, por lo que ha instado a sus compatriotas a acabar con los enfrentamientos, al tiempo que hace un llamamiento a un "diálogo nacional".
Bloqueos y escasez
El acceso a combustible y bienes básicos en La Paz se ha complicado tras el bloqueo de carreteras en El Alto, bastión de movimientos campesinos e indígenas que exigen la restitución de Morales y la renuncia de la autoproclamada "presidenta interina".
En El Alto desde hace varios días se han realizados barricadas y cadenas humanas para impedir el tránsito de alimentos y combustible destinados a la capital, a unos 45 minutos.
Frente a esta situación, el Gobierno de facto ha anunciado que contempla un plan de emergencia para proveer de combustible a La Paz, que incluye la importación de gasolina y diesel desde Perú y Chile.
Tenso clima político
En un clima de ingobernabilidad y persecución a movimientos sociales, campesinos, indígenas y miembros del Movimiento al Socialismo, fundado por Morales, Áñez afirmó el pasado domingo que "muy pronto" dará noticias sobre una nueva convocatoria a elecciones
Mientras tanto, el Gobierno de facto anunció la creación de un "aparato especial" que estará al cargo de detener a aquellos legisladores afines al MAS que cometan actos subversivos y sedición.
El la última semana, la administración nombrada por Áñez ha roto relaciones con Venezuela y expulsado a su personal diplomático en ese país, además de detener y liberar a un grupo de miembros de la brigada médica cubana acreditada en Bolivia, que ha decidido retirar a 725 "funcionarios de cooperación".
Asimismo, el Gobierno de facto ha sido señalado por instigar agresiones contra los periodistas que cubren las protestas tras las declaraciones de la ministra de Comunicación de Áñez, Roxana Lizárraga, quien acusó de sedición a trabajadores de los medios nacionales e internacionales que cubren el conflicto social tras el golpe de Estado contra Morales.
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