La Policía boliviana reprimió con gas lacrimógeno la multitudinaria protesta de este jueves en La Paz, en la que cientos de personas acompañaron a familiares que llevaban los féretros de las víctimas de Senkata, en El Alto, tras el operativo policial y militar del pasado martes.
Tras la represión policial y militar del martes pasado en la planta de hidrocarburos de Senkata, en El Alto, departamento de La Paz, que dejó ocho muertos con arma de fuego —reconocidos por la Defensoría del Pueblo—, miles de manifestantes se movilizaron hacia La Paz.
La multitud acompañó el traslado de los féretros desde El Alto hasta La Paz. "Justicia, justicia, justicia", gritaron las personas mientras recorrían las calles de la capital boliviana.
Sin embargo, cuando se dirigían a la Plaza Murillo, situada frente al Palacio de Gobierno, tanquetas de la Policía impidieron el paso a los manifestantes.
Al encontrarse con una barrera de policías con escudos antimotines, las personas gritaron "asesinos", mientras algunos aventaron objetos a los uniformados.
Minutos después de que los manifestantes gritaron "¡Queremos paz", los policías comenzaron a disparar gases lacrimógenos para dispersar la protesta.
En el centro de La Paz, en donde los policías impedían el paso de los manifestantes, algunas personas se hincaron a un lado de los féretros, que estaban adornados con flores y con la bandera Whipala, que que representa a los pueblos indígenas de Bolivia.
El presidente depuesto, Evo Morales, condenó desde Twitter la violencia ejercida contra los manifestantes por órdenes del Gobierno de facto.
"El gobierno de facto de Áñez no respeta a los muertos en sus ataúdes, ni perdona a sus familiares, mujeres y niños que marchaban pacíficamente por el respeto a la vida y a la democracia. Condenamos la violencia que se ejerce contra nuestros hermanos y hermanas #ParenLaMasacre", publicó en la red social.
El mensaje de Morales está acompañado de un video captado desde un apartamento en el que se observan el momento en que las tanquetas militares dispersan a los manifestantes, obligándolos a abandonar dos féretros de las víctimas mortales de Senkata.
Violencia en Senkata
El pasado martes, mientras centenares de manifestantes bloqueaban la planta de hidrocarburos de Senkata en protesta contra el gobierno de la autoproclamada presidenta, Jeanine Áñez, policías y militares implementaron un violento operativo que dejó ocho muertos por arma de fuego y decenas de heridos. No obstante, la representante de la Defensoría del Pueblo declaró al corresponsal de RT en Bolivia que eran nueve los fallecidos.
En las últimas 48 horas, miles de personas de distintas regiones de Bolivia arribaron a El Alto para protestar contra la violenta represión de las fuerzas de seguridad.
Protección a las Fuerzas Armadas
Desde su autoproclamación, Áñez ha ordenado reprimir las protestas de movimientos campesinos e indígenas que apoyan al mandatario depuesto, Evo Morales, actualmente asilado en México.
Desde su exilio, el presidente depuesto señaló este jueves que el sometimiento de los militares a los manifestantes es un crimen de lesa humanidad que podría llegar a la Corte Penal Internacional.
"Los que tienen que estar preocupados por la Corte Penal Internacional son Áñez y Murillo por los crímenes de lesa humanidad que están cometiendo, al ordenar a los militares a asesinar a mis hermanas y hermanos, tratando de cubrir estos delitos con un decreto ilegal", compartió en Twitter.
El viernes pasado, los cuerpos de seguridad del Gobierno de facto reprimieron una marcha pacífica de cocaleros en Cochabamba, dejando nueve personas muertas por heridas de bala y más de 115 heridos.
Áñez ha protegido a las Fuerzas Armadas, un actor clave en su autoproclamación como presidenta interina, al grado de emitir un decreto que exime de "responsabilidad penal al personal de las fuerzas armadas de Bolivia que participe en los operativos de restablecimiento y estabilidad del orden interno".
Tras la publicación del documento, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció que el texto "pretende eximir de responsabilidad penal al personal de FF.AA. [Fuerzas Armadas] que participe en los operativos para reestablecimiento y estabilidad del orden interno".
Mientras tanto, Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres, llamó al Gobierno de facto de Bolivia a rendir cuentas en casos de violencia y de fallecimientos. "Ninguna muerte de manifestantes civiles es aceptable", señaló.
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