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Bachelet considera que los Carabineros "no están siguiendo los protocolos" durante las protestas en Chile
La alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU anticipó su visión, a la espera de un reporte oficial del organismo.
La expresidenta de Chile y actual alta comisionada de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, consideró el pasado lunes, durante una entrevista concedida en Reino Unido, que los Carabineros, la fuerza policial de su país, "no están siguiendo los protocolos" de actuación durante las protestas antigubernamentales.
Bachelet anticipó así su visión al reporte oficial que espera de parte de la misión de la ONU que visitó Chile, y cuyo trabajo finalizará este viernes. Si bien dijo no querer emitir "ninguna conclusión final" hasta tener el informe en sus manos, señaló algunas de las acciones que cometieron las fuerzas del orden por fuera del reglamento.
"Las fuerzas de seguridad no deberían usar, a menos que realmente estén en riesgo y luego tienes diferentes posiblidades, gases lacrimógenos, agua, balines de goma. Y los balines de goma lo ideal es no usarlos", indicó. Y agregó que, en caso de ser necesarios, "se tienen que usar de la cintura hacia abajo, nunca hacia arriba".
En su visita a la Universidad de Cambridge, Inglaterra, la exmandataria recibió una carta de Carole Concha, periodista de la Red de Solidaridad y la Asamblea de Londres de Chile, en la que le exige una posición clara y una investigación sobre la presunta violación de los derechos humanos, en el marco del levantamiento social contra el presidente, Sebastián Piñera.
Al ser interpelada por la periodista, Bachelet señaló: "Yo sé que 200 personas han sido heridas en los ojos debido al golpe de bombas lacrimógenas y balines de goma, por lo que mi juicio previo es que los protocolos no están siendo seguidos".
El martes de esta semana, diputados opositores de Chile presentaron ante el Congreso una acusación constitucional contra Piñera por las presuntas violaciones a los derechos humanos durante el accionar represivo de las protestas.
El procedimiento intenta determinar la responsabilidad política del mandatario respecto a las muertes, torturas, abusos, heridos y detenidos, que fueron denunciados desde el inicio del conflicto social, el pasado 14 de octubre.
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