Abogado constitucionalista en Bolivia: "Si los militares cometieron delitos, deben ser juzgados"

Las negociaciones entre el autoproclamado Gobierno boliviano y las filas del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Evo Morales, se retomarán este lunes después de que la presidenta de facto, Jeanine Áñez, promulgase el domingo la Ley de Régimen Excepcional y Transitorio para la realización de elecciones generales, que anula los resultados de los comicios del 20 de octubre. 

Ambas Cámaras de la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde el MAS tiene mayoría, dieron el visto bueno por unanimidad al proyecto de ley. Así, con esta normativa para la celebración de nuevas elecciones ya promulgada, comienza a hacerse balance de los inicios del gobierno de Áñez. 

¿Serán juzgados los militares?

El abogado constitucionalista Farit Rojas compartió con este medio su punto de vista sobre varios asuntos de la actualidad boliviana, comenzando por un polémico decreto promulgado el pasado 15 de noviembre, que exime de responsabilidades penales a los miembros de las Fuerzas Armadas del país que actúen en "los operativos para el restablecimiento del orden interno y la estabilidad pública". Hay que tener en cuenta que desde el pasado 10 de noviembre, cuando Evo Morales se vio forzado por la Fuerza Armada a dimitir, la Defensoría del Pueblo ha contabilizado 30 muertos, la mayoría de ellos, según la Fiscalía, por "heridas de proyectil de arma de fuego". 

Rojas hace referencia en este sentido a un caso de 2003, en el que miembros de las Fuerzas Armadas fueron juzgados por hacer un uso abusivo de la fuerza, y considera "muy posible" que "los militares hayan solicitado ahora algún tipo de normativa que les permita justificar el uso de la violencia". No obstante, este jurista hace una importante precisión: "Un decreto está debajo de la Constitución; en consecuencia, si se cometen delitos, y esos delitos son cometidos por militares, pues serán juzgados".

Perjudicar la pacificación

Hace una semana, el Gobierno de facto de Bolivia anunció la creación de un "aparato especial" que estará al cargo de detener a aquellos legisladores afines al MAS que cometan actos subversivos y sedición. En este sentido, el nuevo ministro de Gobierno, Arturo Murillo, avisó que la actual Administración irá "a la cacería" del exministro de Presidencia, Juan Ramón Quintana, junto a otros dirigentes socialistas señalados como supuestos instigadores de las revueltas sociales. 

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Preguntado al respecto, Rojas indica que una comisión de ese tipo se debe formar 'ex-post', es decir, "después de que se lleven a cabo una serie de delitos". "Formarla 'ex-ante' es negativo incluso para un proceso de pacificación, porque se estaría presumiendo que los legisladores van a cometer delitos". Por ello, este abogado constitucionalista considera que se trata de "una medida represiva preventiva que no colabora con ningún criterio de pacificación".

Los periodistas

Rojas calificó la advertencia de la recién nombrada ministra de Comunicación del gobierno de facto de Añez, Roxana Lizarraga –que aseguró que "se va a actuar conforme a la ley" contra "aquellos periodistas o pseudo-periodistas que estén haciendo sedición" en Bolivia–, como algo "lamentable".

Al mismo tiempo, varios reporteros extranjeros fueron intimidados y amenazados por opositores a Morales, en redes sociales y plena calle. De hecho, varios comunicadores y camarógrafos argentinos tuvieron que ser evacuados del país ante el clima de tensión.

"No se puede criminalizar la acción de los periodistas", asegura este experto legalista, que opina que, contrariamente al criterio del Gobierno de Añez, lo que se necesita es obtener "puntos de vista más amplios", mediante la "amplia participación de periodistas bolivianos y extranjeros". "No se puede prohibir la labor de un periodista –insiste Rojas–, porque es algo contrario a cualquier principio de democracia".