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Organizaciones sociales argentinas viajan a Bolivia para analizar las violaciones de derechos humanos

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La comitiva —encabezada por el dirigente Juan Grabois— busca charlar directamente con las víctimas y familiares, y elaborar un informe sobre la situación tras el golpe de estado.
Organizaciones sociales argentinas viajan a Bolivia para analizar las violaciones de derechos humanos

"Estamos haciendo esta delegación para ejercer el derecho que tenemos los pueblos a protegernos entre nosotros, más allá de lo que hagan nuestros gobiernos", dijo el dirigente social Juan Grabois al anunciar que una comitiva argentina viajará a Bolivia para ver con ojos propios qué sucede en el vecino país tras el golpe de Estado. 

"Si los gobiernos no hacen nada, los pueblos tenemos que hacerlo": así graficó Grabois el viaje de una comisión de solidaridad conformada por alrededor de 40 personas. Son abogados, políticos, académicos, estudiantes, dirigentes sociales y defensores de los derechos humanos de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Jujuy. Según contaron durante el anuncio, organizaron la travesía por pedido de "referentes bolivianos" en Argentina y se trata de una organización plural y federal.

"El principal objetivo es tomar contacto directo con víctimas y familiares, y romper el cerco mediático", dijo a RT Gabriela Carpineti, abogada, integrante del Frente Patria Grande y parte de la comitiva. 

Juan Monteverde, integrante de la delegación y parte de Ciudad Futura, comentó a este medio que buscan "no naturalizar la vuelta de los golpes de Estado en América Latina". Tiene poco más de 30 años y creyó que este tipo de cosas no sucederían 'nunca más'. "No nos quedemos en nuestra casa viendo lo que sucede: vamos al lugar de los hechos", comentó. 

Son una misión de paz que escuchará testimonios y los registrará de un modo sistemático mediante un protocolo de recolección de datos y pruebas. Luego, con la información, harán la denuncia frente a los organismos internacionales que corresponda. 

Entre otros problemas, desde la organización señalan que en Bolivia ni siquiera están las garantías para quienes quieran denunciar y que se persigue a las víctimas. 

Carpineti opinó: "En Bolivia hay un golpe de Estado en el que asesinan a mujeres, niñas, niños de los pueblos originarios". Al momento, la Defensoría de Bolivia indica que ya hay 34 fallecidos, más de 800 heridos y 1500 detenidos.  "A la democracia se la defiende con la vida y a la vida se la defiende con la democracia", remató. 

Presente en el anuncio, la descendiente de bolivianos migrantes en Argentina Marisa Llanos Cruz dijo: "A las compañeras de pollera se les ha faltado el respeto al igual que a la wiphala".

María Elena Naddeo, presidenta de Asamblea Permanente por los Derechos Humanos - APDH, consideró que la 'avanzada represiva' en la región es muy grave y que varios gobiernos del continente "le dan más impunidad a las fuerzas represivas". "Son momentos en que hay muchas dudas y temores, es un gesto de absoluta solidaridad y una definición política", agregó Naddeo. 

Para Grabois la actitud del gobierno argentino de no denunciar el golpe ni condenar al gobierno de facto "es una vergüenza". El referente tuiteó: "Ante la complicidad de Macri con la dictadura boliviana, dirigentes sociales, académicos, sindicales, ambientales y de derechos humanos, junto a 10 abogados de organismos, viajaremos a Bolivia para reunirnos con movimientos sociales y familiares de los asesinados, mutilados y desaparecidos".

Entre otros integrantes, la delegación cuenta con referentes de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Victoria Freire (Observatorio de Género y Políticas Públicas), Ismael Hall de Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), Pablo Graciarena (organización Xumek), Marisa Llanos Cruz y Marianela Navarro  del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), Cristina Livitsanos (Asociación Americana de Juristas), Leo Pérez Esquivel (APDH), Pablo Pimentel (APDH La Matanza), el ex juez de La Plata Luis Arias, y más. 

Cerco mediático

Durante el anuncio, Grabois puso el acento en los medios: "Bolivia está bajo un gobierno de facto, una dictadura cívico militar y ha impedido comunicaciones para saber qué es lo que está sucediendo. Por eso es fundamental la tarea que vamos a hacer".

Es que el bloqueo informativo es casi total. Resulta difícil informarse con los medios locales ya que muchos de ellos ni siquiera han catalogado el amotinamiento de la policía y la "recomendación" de renuncia a Evo Morales por parte de las Fuerzas Armadas como un "golpe". 

Sin ir más lejos, el operador Cotas cortó la emisión de RT en Español en Bolivia desde el 2 de diciembre. 

La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, comentó el suceso: "Es inaceptable que los medios se conviertan en rehenes de una coyuntura política volátil, sus derechos deben garantizarse independientemente de cómo cubran los eventos políticos nacionales. Solicitamos la respuesta de organizaciones internacionales relevantes y de ONG de derechos humanos".

La comitiva de organizaciones sociales argentinas decidió poner el cuerpo en Bolivia y planea regresar con algo clave dado el contexto: información.

Julia Muriel Dominzain

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