El reciente rechazo de la Corte de EE.UU. a la solicitud de Argentina para revisar la sentencia a muerte de Víctor Saldaño —primer argentino en recibir la máxima pena del país norteamericano—, allanaron el camino para que la ejecución del sudamericano se concrete finalmente, tras permanecer en el corredor de la muerte desde 1996.
Si bien aún el Tribunal Supremo de los EE.UU. no estableció una fecha para la ejecución de Saldaño, de 47 años y condenado por participar de un asesinato en conjunto en el estado de Texas, los intentos de su país de origen y diversos organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), por sustituir su pena todavía persisten.
Lo que los organismos internacionales, y la defensa legal del condenado, vienen denunciando hace más 20 años no es la ausencia de responsabilidad del imputado en el asesinato por el cual se lo condena, sino su extenso proceso judicial, plagado de irregularidades legales y violaciones a sus derechos humanos.
En ese sentido, la propia CIDH ha determinado que Washington es responsable de la detención "arbitraria" de Saldaño en el corredor de la muerte y que el argentino tiene derecho a un "juicio justo". Asimismo, le recordó al país norteamericano que se encuentra sujeto "a obligaciones internacionales" derivadas de la Carta de la Organización de los Estados Americanos y de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
El abogado Juan Carlos Vega lleva adelante la causa de Saldaño desde 1998, dos años después de que fuera acusado y posteriormente condenado por el crimen en conjunto de un hombre en la ciudad de Dallas, estado de Texas. El letrado, en diálogo con RT, asegura que todo el proceso legal de su defendido ha estado fundado en "puros racismos".
Vega basa sus argumentos en un episodio puntual que ocurrió durante la "lucha" contra la Justicia norteamericana. Se trata del juzgamiento inicial de su defendido bajo el 'protocolo de predicción de peligrosidad futura' de Texas. El sistema determinaba, a través de 20 preguntas, la peligrosidad de un criminal y, además, si el mismo era merecedor de la pena de muerte.
"Si eras varón, joven y latino", explica el abogado, "era suficiente para destinarte a la inyección letal, y así sucedió con Víctor". El protocolo texano funcionó durante 80 años hasta que, en 2001 —gracias a la presión judicial de la defensa—, se sancionó la Ley Saldaño que declaró a la normativa como "discriminatoria" y terminó por suprimirla del sistema penal.
Ese mismo año, la Corte Suprema de EE.UU., con la sanción de la ley Saldaño, declaró la nulidad de la primera sentencia y exigió al Gobierno de Texas que avanzase con un nuevo juicio, esta vez desprovisto de cualquier vicio "racial". Fue así que en 2005 —tras nueve años en el corredor de la muerte—, el imputado se enfrentó otra vez a un tribunal. Sin embargo, para esa instancia sus condiciones psicológicas, según el letrado, estaban "severamente dañadas".
"Los precedentes comprueban que permanecer más de cinco años en ese sitio contribuyen a la degradación mental", precisa Vega. Y recuerda: "Durante el juicio, no pudo responder ninguna pregunta. Estaba completamente fuera de sí".
La Corte de Texas, ante el estado insano del argentino, sostuvo su veredicto inicial: ordenó nuevamente la máxima pena del país. "Fue un atentado contra los derechos humanos", destaca el defensor legal. "El racismo en el sistema judicial había sido probado y no importó".
Será recién en 2016, tras "18 años de batalla judicial", que la CIDH decidió interceder en el caso Saldaño. Para empezar, el organismo internacional impulsó tres dictámenes que serían "claves" en el proceso legal. "Lo primero, y más importante, es que denunció la responsabilidad de los EE.UU. en las violaciones a las garantías de defensa de Víctor", retoma el abogado. "Luego declaró que el corredor de la muerte no es una prisión, sino un sitio técnico de tortura y, finalmente, exigió que al condenado se le conmute la pena", detalla.
Aquel año, el Gobierno de EE.UU., liderado por Donald Trump, fue notificado de su responsabilidad por parte del organismo. Sin embargo, la respuesta de la administración norteamericana nunca llegó. "El país dilató y obstaculizó un dictamen promovido por el máximo tribunal de derechos humanos", puntualiza el experto en leyes.
La última reunión judicial entre representantes del departamento de Estado y los defensores de Saldaño se llevó a cabo la semana pasada en Quito, Ecuador. Allí, Vega arremetió contra los letrados con dos preguntas: "¿Van a cumplir, o no, con la decisión de la CIDH?", y continuó, "¿van a reparar el daño que le hicieron a Víctor después de 24 años de tortura?".
"No quisieron contestar", cuenta el abogado sobre aquel encuentro. "Van a asesinar a un ser humano sobre el cual existe una sentencia que declara la nulidad de las condenas de muerte. Será un escándalo internacional", confiere.
Desde que fue confinado al corredor de la muerte, el argentino lleva ocho intentos de suicidio. Ante la inminente ejecución, su defensor asegura que va a ser "exclusivamente por la voluntad política del gobernador de Texas y Trump" y no por lo que suscriben las leyes de EE.UU. Frente a esto, su conclusión final es determinante: "Hay racismo en el sistema judicial norteamericano".
Lidia Guerrero, madre de Saldaño, también señala que, en caso de que se le suministren la inyección letal a su hijo, la responsabilidad será completa del país norteamericano. "La CIDH avaló que la pena debe revertirse. Antes, la Corte Suprema dijo que existía discriminación. ¿Qué más necesitan para no asesinar a Víctor?", se pregunta la madre.
Guerrero, de 71 años, vive en la provincia de Córdoba, al norte de Argentina, sitio donde Saldaño nació y se crió antes de arribar a los EE.UU. La última vez que lo vio fue el mes de abril, cuando visitó la prisión de Hunstvelli, Texas. Allí, tras un muro de cristal, Lidia le sonrió a su hijo por última vez. "Estoy en paz por lo que hicimos por él", dice y destaca: "Aún tengo esperanza de que no lo ejecuten".
"A partir de su caso, los detenidos que sufrieron algún tipo de discriminación cuando fueron condenados a muerte pueden ampararse en el proceso judicial de mi hijo. Eso me da esperanza", concluye la progenitora.
Facundo Lo Duca