El nuevo escándalo de corrupción que enloda a la oposición en la Asamblea Nacional de Venezuela: ¿quién es quién?

La publicación de un artículo que revelaría las acciones de un grupo de diputados opositores para beneficiar al empresario colombiano Alex Saab, quien fue sancionado por el Departamento del Tesoro en julio pasado por su presunta relación con la distribución de alimentos del Gobierno venezolano, ha desencadenado una tormenta de acusaciones de corrupción en el Parlamento venezolano de la que el autoproclamado "presidente encargado", Juan Guaidó, no ha salido ileso.

El portal Armando.info publicó el pasado domingo un extenso trabajo sobre la supuesta participación de un grupo de parlamentarios opositores en una "trama para otorgar indulgencias" a empresarios relacionados con las importaciones de los alimentos que distribuye el Gobierno venezolano, a través los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), creados en abril de 2016 como una alternativa ante las sanciones financieras de Washington que, entre otras cosas, impiden la compra de productos alimenticios con subsidio de casi 100 % para los sectores más vulnerables de la población.

Ese mismo día, de forma casi inmediata, Guaidó reaccionó ante la información que vinculaba a once diputados de oposición, entre los que se encuentran tres de su partido Voluntad Popular (VP) y habló de "claros intereses internacionales" que financian un plan en su contra. Acto seguido, los partidos opositores Primero Justicia (PJ) y Un Nuevo Tiempo (UNT) se pronunciaron para remover de sus comisiones a los legisladores mientras se realizaban las investigaciones.

Si bien la ola de acusaciones y medidas apresuradas que desató la publicación se han centrado en la presunta petición de exoneración de responsabilidades para los empresarios sancionados por EE.UU., como marco de fondo queda la reciente destitución del enviado de Guaidó a Colombia, Humberto Calderón Berti, quien levantó una polvareda de acusaciones de corrupción internacional de la que tampoco se libró el "autoproclamado", señalado de estar dirigido por el político opositor hospedado en la Embajada de España en Caracas, Leopoldo López.

¿Qué dice el artículo sobre los diputados?

El texto explica que se conformó "un grupo informal de diputados de varios partidos de oposición, que se movilizó en favor de los empresarios colombianos  y su vasta red de negocios con el chavismo".

Los parlamentarios, cuya mayoría pertenece a la Comisión de Contraloría de la Asamblea, tendrían que emitir "cartas de buena conducta" ante organismos internacionales como la Fiscalía de Colombia o el Departamento del Tesoro para pedirles que cesaran de investigar a los empresarios y sus compañías, que habían sido señaladas de pertenecer a la trama de corrupción relacionada con las importaciones de los alimentos que conforman los CLAP. La razón que aducían es que ya Venezuela había cesado la investigación.

Con estas "cartas de buena conducta" tanto Bogotá como Washington podrían absolver o dejar de investigar al empresario colombiano Carlos Lizcano Manrique, quien es señalado de ser "testaferro" o "subalterno" de los ya sancionados por el Departamento del Tesoro, Alex Saab y Álvaro Pulido, recoge Armando.info.

Lizcano Manrique aparece en uno de los documentos firmados por los diputados Luis Brito y Freddy Superlano como propietario de Salva Foods 2015, la compañía que maneja las Tiendas CLAP, surgidas tras una "privatización encubierta" de la extinta red estatal Abastos Bicentenario, según el portal de investigación.

En una de las comunicaciones entregadas a la Fiscalía colombiana, con las peticiones del cese de las investigaciones contra los empresarios y las compañías supuestamente relacionadas con el CLAP, los parlamentarios escribieron que supuestamente hicieron esa misiva con la autorización de Guaidó.

Entre los firmantes de las cartas que han sido filtradas la prensa y recogidas por la investigación periodística se encuentran los legisladores opositores: Adolfo Superlano, ex integrante de Cambiemos; José Brito, Conrado Pérez Linares, de Primero Justicia (partido presidido por el prófugo de la Justicia venezolana, Julio Borges); Richard Arteaga y Guillermo Luces, de Voluntad Popular, (fundado por Leopoldo López); Chaim Bucaram, Héctor Vargas y William Barrientos, de Un Nuevo Tiempo, (partido del excandidato presidencial opositor Manuel Rosales). 

¿De qué se acusa a Alex Saab?

El Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionó a Saab y a Álvaro Pulido porque los acusa de "orquestar una vasta red de corrupción que ha permitido a Maduro beneficiarse significativamente de la importación y distribución de alimentos en Venezuela".

Según el documento publicado en el portal del Departamento del Tesoro, Saab "se ha beneficiado personalmente de contratos sobrevaluados", establecidos con programa de subsidio de alimentos denominando Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), a través de una "sofisticada red de compañías ficticias, socios comerciales y familiares", que le han servido para "blanquear cientos de millones de dólares en ingresos por corrupción en todo el mundo". 

Washington afirma que el empresario colombiano utilizó parte de sus ganancias para "pagar sobornos a funcionarios del Gobierno para la importación de alimentos", con la finalidad de obtener contratos sin licitaciones y sobrevaluados.

Una gira europea

Otro de los temas que se destacan en la publicación es el recorrido, realizado en abril, por parte de los integrantes de la Comisión de Contraloría por países como Francia, Bulgaria, Liechtenstein y Portugal "para posiblemente entregar oficios anunciando el cierre de la investigación contra el entramado de Alex Saab", según Armando.info. "Sobre ninguna de estas giras hubo información pública de parte de los parlamentarios", recoge el trabajo periodístico.

Posteriormente, Parra, Pérez y Arteaga volvieron a ese continente en mayo "para pedir a autoridades de ambos países que investiguen a Rafael Ramírez, el ex ministro de Petróleo y ex presidente de la petrolera estatal Pdvsa durante el Gobierno de Hugo Chávez". A este viaje se habría unido el diputado José Luis Pirela, quien pertenece a una fracción parlamentaria llamada 16 de Julio, con integrantes de varios partidos opositores y creada con la finalidad de   "democratizar más" la AN.

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Este periplo, según el escrito, levantó malestar en algunos parlamentarios, entre los que se encontraba Freddy Superlano, de VP, quien afirmó que "no era una gira de acción de la comisión" sino "una acción individual y no institucional". Ramírez aseguró que los viajes habrían sido financiados por el propio Saab, sin que hubiera pruebas de ello.

¿Quién es quién?

La publicación titulada "¿Necesita lavar su reputación? Se alquilan diputados para tal fin" dejó en evidencia a varios parlamentarios y políticos opositores, que paulatinamente reaccionaron a los señalamientos y apuntaron sus dedos acusadores hacia el nivel más alto: el "presidente" de la AN en desacato. A continuación, presentamos una selección de reacciones:

Juan Guaidó: el primero en pronunciarse fue el diputado opositor, sobre quien pesan por lo menos cinco investigaciones del Ministerio Público venezolano, entre las que se encuentran "usurpación de funciones del presidente"; presuntos manejos irregulares de los activos de empresas estatales venezolanas en el exterior; y la participación en la supuesta trama de corrupción de opositores con los fondos destinados a la 'ayuda humanitaria' para Venezuela.

En su cuenta de Twitter, la mañana del pasado domingo, escribió que no permitiría que "la corrupción de nadie dañe lo que tanto ha costado construir", y agregó que cuando se normalizara "la situación del internet en Venezuela", ahondaría en el tema. Este primer trino generó controversia porque en ese momento no se había reportado una falla de conexión en el país.

Posteriormente, afirmó que este supuesto entramado de corrupción formaba "parte de un plan de la dictadura para tratar de ensuciar algunos parlamentarios", con miras a impedir su reelección como presidente de la AN, el próximo 5 de enero de 2020, a través de "la compra de conciencias".

Dijo que se lleva a cabo un "proceso de conspiración" que no "ensucia" al Parlamento, sino a individualidades que tienen "años de complicidad con la dictadura".

De igual forma, anunció una serie "medidas inmediatas", entre las que estaban: 

• Decretar la invalidez de todos los documentos presentados por la investigación que exoneren a las empresas o ciudadanos vinculados con la corrupción.
• Decretar la intervención y reestructuración inmediata de la Comisión de Contraloría de la AN.
• Suspender a los diputados involucrados.
• Abrir una investigación.
• Invitar a los periodistas a presentar ante el parlamento el desarrollo de esta investigación.
• Comunicar a organismos nacionales e internacionales que ningún funcionario está autorizado para expedir documentos o avales de "buena conducta".
• Solicitar a Borges y a su enviado a la Organización de Estados Americanos (OEA), Gustavo Tarre Briceño, plantear el tema en la reunión del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) de este martes.

Este martes, se aprobó en la sede del poder Legislativo la conformación de una comisión especial para investigar a la Comisión de Contraloría, que realizará la pesquisa en dos semanas.

José Brito: Uno de los señalados en el artículo, expulsado de PJ por este caso, ha cargado contra de Guaidó, a quien ha llamado "corrupto", "estafa" e "inmoral".

Brito ha asegurado que el autoproclamado actúa en connivencia con su "amigo Nicolás Maduro". "Juan Guaidó y Maduro son compinches. Se reparten las riquezas de Venezuela para mantener un status quo mientras que el pueblo pasa hambre", dijo.

Brito considera que es un "pase de factura" de Guaidó en contra del grupo de parlamentarios, a través de una campaña de "guerra sucia" para sofocar la "rebelión" que hay en el seno del Parlamento en contra del "presidente encargado".

Ha dicho que 70 diputados de la AN están "indignados con Guaidó, porque no ha justificado los gastos ni el destino de la 'ayuda humanitaria'. "Salimos a construir un país en serio, no esta estafa. Las oficinas de Guaidó se han convertido en un laboratorio de guerra sucia", donde supuestamente también se preparó una información que vinculó, sin pruebas, a Calderón Berti con una transición para derrocar a Maduro junto al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno.

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Brito ha negado que administre dineros públicos y que haya integrado la mencionada comisión en 2018, año señalado en el artículo, pues, según él, en ese entonces era vicepresidente de la Comisión de Política Exterior.

El diputado también afirmó que, según una información que maneja, el prófugo de la Justicia venezolana Rafael Ramírez "financia a buena parte de los partidos de oposición", entre ellos VP, fundado por Leopoldo López.

Conrado Pérez: también expulsado de PJ, se ha referido al "daño moral y político" que han causado el mencionado artículo y las decisiones tomadas por su partido y la AN. "Se han pronunciado sin darnos el derecho a la defensa, sin la presunción de inocencia para acabar con nosotros".

"Quieren tapar con el caso de Alex Saab la investigación de Cúcuta", alegó, tras revelar que el propio Guaidó le había pedido que dejara que "eso se enfríe", cuando le hizo referencia a la investigación de los desfalcos con los recursos asignados para la 'ayuda humanitaria'.

"Nos acusan de cosas que no hemos hecho. En la Comisión de Contraloría no se dan cartas de buena conducta", adujo.

Luis Parra: otro de los exintegrantes de PJ, quien aseveró que pertenece a la Comisión de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático.

En su cuenta de Twitter denunció la existencia de "un laboratorio de guerra sucia", conformada "por una red de extorsionadores, entre ellos el supuesto periodista Roberto Deniz (autor del artículo) y el portal Armando.info", quienes presuntamente tienen la intención de desacreditar a ese grupo parlamentario.

Freddy Superlano: este diputado, expulsado de VP por este caso, renunció a su cargo de presidente de la Comisión de Contraloría debido a que no puede atender el asunto directamente, puesto que se encuentra en Colombia.

Superlano es un prófugo de la Justicia venezolana sobre quien pesa una orden de sometimiento a juicio por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, debido a su participación "flagrante" en el intento de golpe de Estado del pasado 30 de abril.

El parlamentario fue hallado el pasado febrero junto a su primo, fallecido horas más tarde, en una habitación de un motel ubicado en Cúcuta bajo efectos de escopolamina, supuestamente administrada por un par de mujeres desconocidas que llegaron con ellos al lugar, según el diario colombiano La Opinión.

Ha afirmado que se separó de su puesto "sin que ello implique que esté reconociendo responsabilidad alguna o estar involucrado en algún hecho irregular". Sobre esa decisión, Brito ha dicho que "o es un gran irresponsable o es que la burundanga lo dejó amnésico". 

José Guerra: el parlamentario de la bancada de PJ afirmó que había denunciado "la operación para tratar de comprar diputados", llamada "maletín verde", supuestamente orquestada por "un grupo de operadores financieros" del Gobierno con valijas llenas de dólares para tentar a los opositores en el Parlamento, con el objetivo de que pierdan la mayoría calificada en la AN.

Humberto Calderón Berti: el representante de Guaidó ante Colombia, destituido a finales de noviembre, al hablar sobre su salida como 'enviado' en Bogotá ha tocado el tema de Monómeros, empresa petrolera colombo-venezolana, según Pan AmPost.

Según él, la empresa llegó a producir 50 % de su capacidad no "porque la habían destruido", sino por las medidas coercitivas aplicadas por la Oficina de Activos en elExtranjero (OFAC, por sus siglas en inglés). "No tenían acceso a dólares para comprar materia prima ni podía hacer operaciones internacionales", admitió.

En 2018, la producción de Monómeros era de más de 800.000 toneladas y estaba a 92 % de su capacidad total operativa, mientras que durante el año 2019, la cifra ha bajado a 22 %, lo que implica apenas 176.000 toneladas.

Caracas ha acusado a Guaidó y al presidente de Colombia, Iván Duque, del desmantelamiento de la compañía de fertilizantes, que es el segundo activo de Venezuela en el exterior. 

Calderón Berti hizo referencia a "sinvergüenzas" que se están "robando el dinero" o "malversando". De igual forma, dijo que Guaidó debía revisar muy bien su entorno "porque allí hay gente tóxica" e impedir la tutela de López, a quien responsabiliza del intento fallido de ingreso de 'ayuda humanitaria', la fallida asonada golpista del 30 de abril y los diálogos "a espalda de todos sus compañeros de la oposición y la comunidad internacional".

¿Qué investigaba?

A mediados de junio, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, instó a investigar y esclarecer los graves cargos formulados en una investigación periodística de PanAm Post sobre la supuesta apropiación de fondos para la "ayuda humanitaria", por parte de los representantes Guaidó en Colombia.

En el artículo se denunciaba que Rossana Barrera y Kevin Rojas, encargados de la atención a los venezolanos que ingresaban en territorio del país vecino en busca de refugio, se rodearon de lujos, malversaron los fondos que estaban a su disposición e inflaron las cifras de los militares que supuestamente habían desertado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

"Las autoridades colombianas me dieron la alerta y me mostraron documentos donde se hablaba de prostitutas, de licor, de cosas indebidas", expresó Calderón Berti.

A mediados de junio, la Fiscalía colombiana recibió a Calderón Berti, quien entregó la solicitud de investigación, debido a que la inteligencia colombia habría advertido sobre el posible despilfarro desde hacía meses atrás.

Reacciones de los partidos

Las agrupaciones políticas también se manifestaron y sacaron de sus filas a los mencionados en la investigación periodística.

• Primero Justicia, una de las primeras agrupaciones políticas en reaccionar, removió de su comisiones y de la fracción parlamentaria a los diputados Luis Parra, Conrado Pérez y José Brito, y afirmó que continuarían la "investigación a través del tribunal disciplinario del partido".

• Voluntad Popular hizo lo propio con Richard Arteaga, Guillermo Luces y Freddy Superlano.
• Un Nuevo Tiempo decidió separar de sus cargos dentro de dicha comisión a los diputados Héctor Vargas, Chaim Bucaran y William Barrientos "para facilitar el proceso en curso".
• Fracción 16 de Julio: Solo se pronunció José Luis Pirela quien dijo que no pertenecía a la Comisión de Contraloría. "No me van a intimidar con una guerra sucia y un pase de factura. Fuimos a España y a Italia a denunciar a Rafael Ramírez".

• Cambiemos informó el pasado lunes 11 de noviembre que decidió excluir a los diputados José Antonio España y Adolfo Superlano de las filas de la organización.

El enjambre de acusaciones entre los diputados no cesa y pareciera que cada minuto, en una nueva declaración, se desploma un poco más la credibilidad del autoproclamado "presidente encargado", quien aún no cumple un año en esa función no contemplada en la Constitución venezolana. 

Este nuevo escándalo podría comprometer un poco más su posible elección para el periodo siguiente como presidente de la Asamblea o como candidato a las elecciones parlamentarias del venidero año.

Nathali Gómez

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