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Nuevo retraso en el proceso judicial sobre esterilizaciones forzadas en Perú, que lleva más de 20 años abierto
La nueva audiencia se fijó para marzo de 2020. Víctimas y familiares reclamaron con un plantón en Lima.
Este lunes, se aplazó, nuevamente, la audiencia judicial donde la Fiscalía de Perú debía sustentar la denuncia contra el expresidente peruano Alberto Fujimori y varios de sus exministros, por el caso de las esterilizaciones forzadas practicadas en este país suramericano bajo su gobierno (1990-2000).
La audiencia de este proceso, que se ha prologando por más de 20 años sin juicio, fue postergada para el 20 de marzo de 2020.
La acción se llevaría a cabo en la Corte Superior de Justicia Especializada en Delitos de Crimen Organizado y de Corrupción de Funcionarios de Lima, y había sido programada desde octubre, reseñó el portal peruano Wayka.
Tras el aplazamiento, la organización feminista Demus y otras agrupaciones, que siguen el caso, organizaron un plantón frente a la sede judicial. Ahí denunciaron que los medios nacionales no le brindan cobertura a ese importante proceso y agradecieron la presencia de la prensa internacional.
La semana pasada, esta organización publicó que a las víctimas de las esterilizaciones forzadas de Chinchaypuccyo, Mollepata, Ancahuasi, Limatambo y otras zonas de las provincias de Anta y Canchis (Cusco), les llegó una citación para la audiencia, en la que les informaban que sería "inaplazable".
En su texto, Demus denunció que muchas de las víctimas de las esterilizaciones forzadas no cuentan con acompañamiento legal en este proceso judicial.
Las esterilizaciones forzadas
El Grupo de Seguimiento a las Reparaciones a Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (GREF) de Perú informa que entre 1990 y 1999, el Ministerio de Salud llevó a cabo el Programa Nacional de Planificación Familiar, que ejecutó la esterilización de 314.605 mujeres y 24.563 varones, conformando un total de 339.168 personas, mayormente de zonas rurales del país.
La Defensoría del Pueblo maneja otra cifra, aunque en un período más corto. Según esa institución, bajo el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, que se aplicó entre 1996 y 2001, se realizaron 272.028 ligaduras de trompas a mujeres peruanas, casi en su totalidad de zonas rurales, y vasectomía a 22.004 varones.
En lo que sí coinciden ambos estudios es que muchas de esas operaciones se realizaron sin el consentimiento del paciente, aunque se desconoce el número exacto. Hasta el año pasado, solo 2.074 mujeres presentaron denuncias formales y la Defensoría del Pueblo ha documentado 44 muertes por consecuencia de esos procedimientos.
Además de Fujimori —en prisión, por crímenes de lesa humanidad—, las denuncias recaen sobre sus exministros Marino Costa Bauer, Alejandro Aguinaga y Eduardo Yong Motta.
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