La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó este jueves el informe final del Equipo de Seguimiento Especial (ESE) sobre la investigación del secuestro y asesinato de un equipo periodístico de Ecuador en la frontera con Colombia. El organismo concluyó que hubo "descoordinación" entre las autoridades durante la emergencia.
Este factor "contribuyó a que ninguna autoridad, ni militar ni de policía, adoptara medidas específicas de carácter idóneo en el asunto, pues según la información disponible estimaron que era competencia de la otra", reza el documento.
Además, los especialistas descartaron la hipótesis preliminar de una "conducta temeraria" por parte de los trabajadores del diario El Comercio, pues accedieron a la zona después de recibir la respectiva autorización en un "punto regulado por el propio Estado", según el pronunciamiento del relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza.
El ESE advirtió que hubo falta de coordinación en la evaluación y aplicación de las medidas de respuesta estatal dirigidas a prevenir el riesgo que corrían quienes transitaban por la zona.
En este sentido, los relatores estiman que hubo "falta de medidas para brindar protección" a los integrantes del equipo periodístico una vez que fueron autorizados a acceder al lugar.
Tras recapitular el fatal episodio, Lanza recordó que "no fue casual el secuestro", pues los autores del delito pretendían exigir a ambos Estados "algunas cosas".
Temas pendientes y recomendaciones
La CIDH explicó que todavía está pendiente que los dos Estados involucrados recopilen información y desclasifiquen documentos, para permitir a los familiares formarse una composición completa de los hechos.
Asimismo, se recomendó establecer una política de protección especial de periodistas, con estándares internacionales, y determinar una reparación integral a los familiares de las tres víctimas.
Reacciones de las partes
El representante de Ecuador, embajador Carlos Játiva, señaló que su país tomará nota de las "valiosas recomendaciones" expuestas en el informe. Mientras, la delegación de Colombia insistió en que "los Estados aportaron de buena fe".
Sin embargo, los familiares y representantes del periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra denunciaron que "hay omisiones groseras de funcionarios públicos" y esperan que las recomendaciones del informe no se "queden en un papel".