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Senado de Colombia aprueba eliminación de casa por cárcel para corruptos

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Esta iniciativa también establece que las empresas que incurran en irregularidades administrativas quedarán inhabilitadas para contratar con el Estado y no podrán reclamar indemnización.
Senado de Colombia aprueba eliminación de casa por cárcel para corruptos

El Senado colombiano aprobó de manera unánime la eliminación del beneficio de casa por cárcel para los trabajadores de la administración pública que hayan sido condenados por corrupción.

De esta manera, no podrán aspirar el beneficio de arresto domiciliario quienes hayan sido acusados de "acuerdos restrictivos de la competencia, tráfico de influencias de servidor público, enriquecimiento ilícito, prevaricato por acción, falso testimonio, soborno, amenazas a testigo, ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio".

Del mismo modo, esta iniciativa establece que las empresas que incurran en irregularidades administrativas quedarán inhabilitadas para contratar con el Estado y no podrán reclamar indemnización.

Esta medida, que fue aprobada en su cuarta discusión por 86 votos a favor y ninguno en contra, pasará a conciliación en la Cámara de Representantes donde se prevé que sea sancionada entre esta semana y principios del año entrante. Posteriormente, deberá ser refrendada por el presidente colombiano, Iván Duque.

Consulta anticorrupción

Este punto formaba parte de las siete preguntas comprendidas en la consulta popular anticorrupción y que se realizó en agosto del año pasado. Sin embargo, ninguna de ellas fue aprobada por no superar el umbral superior a los 12 millones de votos establecidos.

En uno de los temas, por el que más de 11,5 millones de electores se mostraron a favor, se preguntaba si estaban de acuerdo con que las personas condenadas por corrupción y delitos contra la administración pública cumplieran toda la pena en la cárcel, "sin posibilidades de reclusión especial".

De igual manera, los votantes manifestaron su acuerdo con que el Estado diera por terminados los contratos con los funcionarios corruptos y "con las personas jurídicas de las que hagan parte", sin indemnización para el contratista ni posibilidad de volver a contratarlos.

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