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Justicia venezolana declara nula la norma 'a medida' que aseguraba la reelección de Guaidó como jefe del Parlamento

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El presidente de la Sala Constitucional del Supremo, Juan José Mendoza, manifestó que la Asamblea Nacional en desacato busca quebrantar la Carta Magna venezolana.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ha declarado "de nulidad absoluta y carente de efectos políticos" la maniobra de modificación del Reglamento Interior y de Debate de la Asamblea Nacional (AN) con la finalidad de que el diputado opositor Juan Guaidó fuera reelecto como presidente del Parlamento.

El presidente de la Sala Constitucional del máximo tribunal, Juan José Mendoza, de igual manera, pidió al Ministerio Público abrir una investigación por "materialización de conductas delictuales".

La víspera, un grupo de diputados opositores introdujo ante el Supremo una solicitud para derogar la modificación hecha sin quórum al reglamento del Legislativo debido a que la consideraban violatoria de la Constitución y de otras leyes.

Este martes pasado, la mayoría opositora en la AN, presidida por Guaidó, aprobó una norma para modificar el reglamento con el objetivo de permitir de manera inédita el voto virtual de parlamentarios que se encuentran prófugos de la Justicia venezolana para así garantizar su reelección para el próximo período legislativo, que comienza el próximo 5 de enero.

Sin embargo, la Asamblea se encuentra en desacato, según el propio TSJ, por lo que todos los actos que allí se celebren carecen de validez legal.

¿Por qué es nula la modificación?

La ley exige que los diputados de la Asamblea Nacional tengan presencia física dentro del Hemiciclo de Sesiones para tomar las decisiones.

"No existe ningún parlamento virtual en el mundo, todos tienen sede física", agregó el magistrado, quien recordó que los parlamentarios están obligados a dedicarse exclusivamente a realizar su trabajo en la Asamblea "para lo que fueron designados mediante voto popular".

Recordó que todos los parlamentos del mundo exigen la presencia de sus diputados dentro de su sede para llevar a cabo las actividades previstas en las leyes y catalogó la acción parlamentaria como un "asalto al Estado de derecho y a los poderes públicos".