Procesan a siete militares argentinos en el exterior por un presunto fraude millonario al Estado
La Justicia argentina procesó a siete militares que se desempeñaban en el exterior del país por haber realizado un aparente fraude millonario al Estado tras el presunto desvío de fondos a cuentas particulares, que originalmente estaban destinados a las agregadurías del Ministerio de Defensa en Rusia, Australia y Corea del Sur. Es decir, se trata de enviados especiales que, entre otras tareas, están a cargo de la seguridad de diplomáticos o embajadas.
Por lo pronto, el juez Sebastián Ramos consideró que las denuncias sobre estos posibles delitos cometidos entre 2012 y 2013 —durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner— quedaron probadas, aunque el proceso apenas comienza. En efecto, todavía falta que se desarrolle el juicio con una investigación exhaustiva, y su posterior sentencia, pero se sospecha que la estafa habría superado el millón de dólares.
El posible dinero mal habido formaba parte del gasto reservado para el área de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto. Al respecto, el magistrado sostuvo que "se confeccionaron rendiciones de cuentas falsas", o no se presentaron los documentos necesarios para justificar los movimientos.
La aparente operatoria
Según publicó La Nación a modo de ejemplo sobre uno de los giros correspondientes a Corea del Sur, Ramos consideró que los acusados entregaron un comprobante por 15.980 wones (14 dólares), cuando en verdad recibieron 18.047.412 (casi 16.000 dólares). Es decir, se presume que la diferencia habría sido robada por esos uniformados.
Así, entre los implicados destacan: José Eduardo Demaría y Luis Héctor Patoco, quienes fueron responsables de la Jefatura de Inteligencia en esos años; Jorge Armando Sicaro, que dirigió la División de Presupuesto de esa cartera; y Oscar Francisco Vuisso, agregado de Defensa en Rusia. Junto a ellos, también deberán rendir cuentas los auxiliares de esas dependencias en el extranjero: Alejandro Fidel Pacheco (Rusia), Sergio Trombino Ghivarelli (Corea del Sur) y Claudio Héctor Velardez (Australia).
Sicaro, quien administraba los números de esa dependencia de Defensa, habría recibido siete transferencias por una suma total de 339.000 dólares en una cuenta personal radicada en Australia, provenientes de la cuenta bancaria oficial de la agregaduría militar argentina en Corea del Sur.
En sintonía, el auxiliar que se desempeñaba en Oceanía, Velardez, habría concretado 16 transferencias irregulares a su propia cuenta del banco Commonwealth Bank of Australia Sidney, por una cantidad total de 391.000 dólares. Por su parte, el auxiliar de Rusia, Pacheco, habría retirado dinero en efectivo "por montos que excedían el valor de los gastos de funcionamiento que demandaba la legación", sostuvo el juez.
En detalle, el magistrado precisó que la delegación en Australia tuvo un desvío de 357.045 dólares, en Rusia se hicieron de 396.280, mientras que en Corea del Sur se modifió el rumbo de 396.670 de la divisa estadounidense, ilegalmente. Así, la suma completa da un monto exacto de 1.149.996 dólares, en perjuicio de la Defensa argentina.
Como medida principal, Ramos dispuso el embargo para los implicados por una suma que ronda los 80 millones de pesos (1,3 millones de dólares) y ordenó "un informe de evolución patrimonial", desde 2012 hasta la actualidad, para estudiar si coincide con sus ingresos.