El fin de año argentino estuvo marcado por grandes movilizaciones populares de agrupaciones ambientalistas, partidos de izquierda, asociaciones vecinales y ciudadanos en general que alzaron sus voces en defensa de la naturaleza. Así, las provincias de Mendoza, Chubut y, en menor medida, Río Negro, Neuquén y la Ciudad de Buenos Aires, fueron escenario de manifestaciones para oponerse a la 'megaminería', obteniendo eco en las Legislaturas locales.
En efecto, miles de personas marcharon por las calles al considerar que la actividad extractiva contamina los ríos, vuela cerros enteros y deja polvo en el aire, afectando incluso al turismo. Además, sostienen que no le da ganancias considerables al Estado, teniendo en cuenta las sumas millonarias que mueven al exterior las firmas privadas que explotan las materias primas. Tampoco les convencen las fuentes laborales que podría generar la industria, entre otros beneficios prometidos por los hombres de saco y corbata, sumado a los Gobiernos provinciales.
Por su parte, el flamante presidente argentino, Alberto Fernández, dijo el 18 de diciembre en un almuerzo de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) que "la minería es un tema primordial", causando ceños fruncidos entre los izquierdistas que vieron sus declaraciones por Internet. El mandatario peronista, antes y después de entrar en funciones, se mostró públicamente a favor de la actividad extractiva, mientras el país atraviesa una importante crisis económica. Además, en los últimos días de tensión social, guardó absoluto silencio.
Este distrito de la región de Cuyo, separado de Chile por la Cordillera de Los Andes, se caracteriza por un paisaje plagado de montañas. Su clima seco es ideal para la producción vitivinícola, donde se destaca el malbec, por eso Mendoza es conocida como 'la tierra del sol y el buen vino'. Con grandes atractivos turísticos, como centros de esquí y otros divertimentos de nieve para el invierno, o rafting y circuitos de bicicleta para el verano, aquella provincia recibe gente de Argentina y el mundo durante todo el año. Según los ambientalistas, la llegada de la 'megaminería' habría puesto en riesgo todo eso, perjudicando a sus casi dos millones de habitantes.
Actualmente, en esa zona hay emergencia hídrica, por eso la conciencia sobre la importancia del agua caló hondo en la población mendocina. De hecho, otro distintivo del lugar son las acequias, un sistema que distribuye el escaso recurso en las zonas urbanas. Se trata de un mecanismo ancestral de canaletas utilizado por las comunidades huarpes, luego por los conquistadores españoles y actualmente es implementado por los residentes argentinos. Muchos creen que no hay otras ciudades en el mundo donde siga vigente esta forma de distribuir el agua.
Con ese contexto, en los últimos años Mendoza acumuló una gran tradición de protestas sociales para defender sus recursos naturales. Y en 2007, en medio de una inmensa demanda popular, se logró impulsar la Ley 7.722, que prohibía el uso de ciertos químicos en la minería, como cianuro y ácido sulfúrico. Desde ese entonces, ningún proyecto de 'megaminería' se instaló en la provincia hasta la actualidad.
Pero pasaron los años, y el nuevo Ejecutivo provincial de Rodolfo Suárez propuso actualizar esa ley en diciembre, y permitir el uso de aquellos componentes tan cuestionados. El Parlamento local lo aprobó, con los apoyos del Frente de Todos —afín a Alberto Fernández— y Unidos por el Cambio —alianza que responde al expresidente Mauricio Macri—, aunque fue rechazado por la izquierda y otros movimientos locales.
Como respuesta, se armó una auténtica pueblada en varias ciudades y localidades mendocinas, durante varias jornadas.
#ElAguaDeMendozaNoSeNegocia sigue siendo TT. En Mendoza nadie durmió. Se está dando la mayor manifestación popular de los últimos tiempos. Caminata hasta Mendoza, acampe y corte de ruta. Nadie se va a la casa sin el veto de ley del cianuro. pic.twitter.com/QjIP1uOLDr
— Alejandra Sepulveda 💜💚 (@aleseputrelew) December 23, 2019
Así, los acontecimientos en Mendoza comenzaron a llamar la atención en toda Argentina. El 23 de diciembre, miles de vecinos de diversos puntos llegaron hasta la casa de Gobierno para pedirle a Suárez que derogara los cambios. Aquella movilización fue grande, y pacífica, pero respondida con represión policial.
Para calmar el conflicto, el gobernador anunció públicamente que se iban a cancelar las modificaciones de la norma, y la Ley 7.722 volvería a su estado original. Sin embargo, sostuvo que se había producido una campaña de desinformación para "asustar" a la población. Acto seguido, los legisladores cambiaron su postura inicial, votaron para que se cancelaran las variaciones y los manifestantes estallaron de júbilo. Fue un verdadero triunfo.
¡Derogada! Así festejan frente a la Legislatura de Mendoza la marcha atrás de la #LeyCianuro que avalaba la megaminería contaminante. ¡Triunfo popular! #ElAguaDeMendozaNoSeNegocia#La7722NoSeTocahttps://t.co/abnyOexHWYpic.twitter.com/ZrKXGtXtpj
— La Izquierda Diario (@izquierdadiario) December 30, 2019
En la vereda opuesta, el presidente de la Cámara de Servicios Mineros de Mendoza, Carlos Ferrer, ya le dijo a este medio que la actividad no es contaminante, salvo por raras excepciones, y sumó: "Se prohíbe el uso de sustancias que se utilizan en otras industrias de la provincia todos los días". Contra todos los pronósticos, el 'lobby' minero no tuvo su feliz Año Nuevo.
Más hacia el sur, los ambientalistas chubutenses también despidieron el 2019 a pura celebración. En las semanas previas, el Gobierno provincial se había pronunciado a favor de debatir la actual Ley 5.001, que prohíbe la 'megaminería'. Ante las dudas generadas, miles de asambleístas y vecinos en general se convocaron el 27 de diciembre frente a la Legislatura para evitar que en la sesión se tratara el tema minero. Y lo lograron.
Tras las manifestaciones producidas en los días previos, y el antecedente de los disturbios en Mendoza, los legisladores terminaron la sesión fugaz en menos de media hora. "¡El Agua no se vende, se defiende!", gritaban los protestantes en las calles tras darse a conocer que la presión social había dado sus frutos.
La legislación en disputa se aprobó en 2003, luego de una importante movilización popular, cuando se destacó el grupo llamado 'No a la Mina', una asamblea de vecinos autoconvocados en la ciudad de Esquel. Sin embargo, se prevé que el conflicto continúe porque el ministro de Gobierno, José Grazzini, adelantó que la temática seguirá en agenda.
La provincia de Neuqén, caracterizada por sus montañas y bellos lagos patagónicos, terminó diciembre con muestras de solidaridad hacia los mendocinos. De hecho, cientos de personas marcharon el día 26 por el centro de la ciudad homónima, bajo el lema: "El agua no se toca". En 2012, el pueblo de Loncopué ya había votado en un referéndum vinculante prohibir la minería.
En Río Negro, el 29 de diciembre un centenar de activistas marchó por el centro de Bariloche, una de las ciudades más importantes de la Patagonia, muy visitada por los turistas. Entre sus principales consignas, repudiaron que en 2011 se hubiese derogado la Ley 3.981, que rechazaba el uso de cianuro y mercurio en la minería. Además, lanzaron lemas de apoyo a otros territorios en conflicto.
La capital del país tuvo su manifestación el 27 de diciembre frente al Ministerio de Energía y Minería para repudiar los intentos de modificar leyes provinciales que defienden la naturaleza en el resto del país. En su mayoría, había militantes de izquierda y también asociaciones ambientalistas: "Mendoza, no estás sola", y "Suárez, tomá vos el agua", fueron algunas de las proclamas que se leían en las pancartas.
Hoy movilizamos en Buenos Aires contra la Megaminería. Una delegación de activistas entregamos en la Secretaría de Minería una carta de denuncia por las políticas extractivistas, contaminantes y represivas en torno al lobby minero llevado adelante como política de Estado. pic.twitter.com/Cy6nsMAJlY
— Matías Blaustein (@BlausteinMatias) December 27, 2019
En septiembre, ya se había producido una gran marcha de Jóvenes por el Clima, en consonancia con el activismo de otros países contra el calentamiento global.
Para la socióloga Maristella Svampa, una voz muy respetada entre los grupos ambientalistas de Argentina y América Latina, lo que está ocurriendo no es un "efecto contagio", sino que las distintas provincias ya tenían antecedentes de movilizaciones en los últimos años. Sin embargo, aclara que "el gran triunfo en Mendoza ha potenciado estas luchas".
En ese tono, subraya que la resistencia contra el extractivismo tuvo su origen en el 2003, año en que el kirchnerismo llegó al poder. Desde ese entonces, se produjeron algunos episodios de gran impacto para la sociedad argentina: el levantamiento popular antiminero de 2012 en la pequeña localidad de Famatina, provincia de La Rioja, que se hizo famosa por expulsar a grandes compañías extractivas, y algunos derrames de componentes tóxicos en diversos puntos del país.
Por ejemplo, en 2015 hubo una pérdida de solución cianurada en la mina de Veladero, provincia de San Juan, a cargo de la firma Barrick Gold. Y recientemente, la empresa canadiense reconoció que en septiembre se produjo otra evento similar, pero aseguró que no habría contaminado el río Potrerillos.
"Estamos ante un modelo de minería insustentable, y eso le dio más visibilidad a las asambleas", señala Svampa. En cambio, desde el mundo minero sostienen que estas son solo excepciones, y que empresas incumplidoras como Barrick Gold le dan mala fama al sector.
Por otro lado, la autora de libros como '15 mitos y realidades de la minería transnacional en Argentina', señala que las luchas ambientalistas crecieron en los últimos años porque durante el Gobierno de Macri el peronismo era oposición: "Esto hizo que sectores progresistas que antes eran insensibles a las problemáticas socioambientales, o las tenían como una suerte de punto ciego, consideren la gravedad de la 'megaminería' o el glifosato y las denuncias sobre su impacto".
En sintonía, remarca que el conflicto del cambio climático a nivel mundial también influye en ese país del Cono Sur: "El rol que tienen los jóvenes en los últimos tiempos es muy claro y clave en la difusión de las problemáticas", celebra la investigadora. No obstante, advierte: "No se puede hablar de la crisis climática solamente como una narrativa global, hay que ligarla a los modelos de desarrollo insustentable que a nivel local y territorial se expanden en nuestro país".
La minería a cielo abierto es una técnica para obtener minerales, bastante distinta al sistema tradicional, es decir, al subterráneo. Así, la 'megaminería' utiliza explosivos para fragmentar la corteza terrestre, y una vez que las rocas se convierten en tierra amontonada, se le arroja químicos que facilitan la extracción de las materias primas, como por ejemplo, el oro.
La Universidad Nacional de Mar del Plata grafica: "Esto implica, entre otras cosas, la voladura de extraordinarias cantidades de suelo". Se estima que un proyecto de estas características puede utilizar nueve toneladas de explosivos al día, y 5.000.000 de litros de agua, aunque depende de cada instalación. Así, esta clase de actividad extractiva se visualiza como un agujero a gran escala sobre la superficie.
El desarrollo de la llamada 'minería transnacional' tuvo su vía libre a partir de los 90, bajo el Gobierno del peronista Carlos Menem, en plena avanzada neoliberal. En su mandato, se modificó el marco normativo y se les redujo de forma considerable las cargas impositivas a las compañías del rubro. Así, estas empresas quedaban exentas de pagar tasas aduaneras y otras quitas que habitualmente pagan todos los argentinos, como el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
A su vez, se estableció un tope máximo del 3 % en concepto de regalías —suele ser la mitad—, es decir, lo que le queda al Estado por entregar sus recursos naturales. Para muchos, un verdadero saqueo.
"Catamarca, una provincia con un fuerte desarrollo minero sostenido de casi dos décadas, en 2011 percibió 582 millones de pesos [unos 135 millones de dólares] por regalías mineras, cifra muy poco significativa si se consideran, por ejemplo, los 1.523 millones de dólares que exportó", repasó en 2014 la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).
"Además, las condiciones de vida no registran una mejora sustancial en el territorio", consideró en el informe la investigadora Mariana Tapia.
Por otro lado, según la Secretaría de Energía argentina, esa nación del Cono Sur tiene 77 proyectos mineros, en diversas etapas: evaluación, exploración, construcción, producción o mantenimiento, entre otras.
Allí, las compañías buscan extraer codiciados minerales como oro, plata, litio, hierro, potasio, uranio, cobre y plomo. Hasta 2018, 11 emprendimientos a cielo abierto ya estaban en funcionamiento dentro de las provincias de Santa Cruz, San Juan, Catamarca y Jujuy.
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