El Gobierno chileno anuncia querellas contra los responsables de los disturbios que impidieron celebrar las pruebas de acceso a la universidad

El Ejecutivo de Chile ha anunciado que presentará querellas judiciales contra cada una de las 16 personas que ya han sido identificadas como responsables de los disturbios registrados esta semana, en el marco de unas protestas contra la Prueba de Selección Universitaria (PSU) por considerar que deja a muchos estudiantes fuera del sistema educativo. 

El subsecretario de Interior del Gobierno chileno, Juan Francisco Galli, informó además de la detención de más de 300 personas, algunas de las cuales habrían llegado a lanzar cócteles molotov durante las protestas. Galli acusó de los disturbios a "un grupo violento que buscó imponerse a la fuerza, con amenazas y con la intimidación" y expresó la solidaridad del Ejecutivo nacional con "los miles de estudiantes que se vieron impedidos" a la hora de "ejercer su derecho de acceder a la educación superior".

El presidente del Gobierno, Sebastián Piñera, ya había advertido que su gabinete emprendería acciones legales contra los responsables de los disturbios. "Los violentistas serán juzgados y sancionados por la Justicia", aseguró este martes el mandatario chileno a través de su cuenta oficial de Twitter. 

Piñera advierte que los estudiantes involucrados en las protestas contra los exámenes de admisión universitaria "serán sancionados por la Justicia"

¿En qué consiste esta prueba?

La PSU es una examen estandarizado escrito que se aplica en Chile, y debe ser aprobado por los estudiantes que pretenden seguir con sus estudios tras acabar la escuela secundaria. La prueba es preparada por el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (DEMRE) de la Universidad de Chile, y también es aplicada por algunas instituciones privadas. 

Sus detractores consideran que este sistema de evaluación deja a muchos estudiantes fuera del sistema educativo, y critican el endeudamiento al que se someten los jóvenes para costear sus estudios. El boicot a la PSU se enmarca en el conflicto social que desde el mes de octubre tiene en vilo al Gobierno de Piñera.