En enero de 2019, el diputado opositor Juan Guaidó pasó de ser un absoluto desconocido a autoproclamarse presidente de Venezuela, con el beneplácito de al menos 50 países de la comunidad internacional, incluyendo EE.UU. Este jueves se cumple un año de esa maniobra política y hay dos resultados evidentes: Nicolás Maduro sigue en el cargo de mandatario y las fracturas del antichavismo han mellado el liderazgo del joven parlamentario.
Además, según los sondeos realizados por la encuestadora Megánalisis, el 71,4% de los opositores ya no respalda a Guaidó, un declive que se explica por factores como la pérdida de la hegemonía dentro de la Asamblea Nacional (AN), las promesas incumplidas y los múltiples casos de corrupción que salpican al expresidente del Parlamento y a su entorno más cercano.
Este último factor, unido a la opacidad en el manejo de millonarios recursos, han sido claves para explicar el ocaso del último delfín opositor, proveniente de las filas de Voluntad Popular (VP), el partido del ultraconservador Leopoldo López. ¿En qué consistieron esas irregularidades?
El 'cucutazo'
A mediados de junio del 2019, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, instó a investigar y esclarecer los graves cargos formulados en una investigación periodística de PanAm Post sobre la supuesta apropiación de fondos para la "ayuda humanitaria" por parte de los representantes de Guaidó en Colombia.
Esta "ayuda humanitaria" provenía de EE.UU., Canadá, Alemania, Suecia, Argentina, Chile, Colombia, Puerto Rico y la Comisión Europea, así como los fondos recaudados durante un concierto realizado en Cúcuta, que fue apoyado por el multimillonario Richard Branson, y que prometía ser invertido en alimentos y medicinas. Sin embargo, ni el dinero ni los productos llegaron a manos de los venezolanos.
Meses después, Humberto Calderón Berti, quien había sido nombrado por Guaidó como 'enviado' en Colombia, reveló que los recursos de esa "ayuda humanitaria" fueron desviados y que él había dispuesto de dinero de su bolsillo para costear el funcionamiento de la "embajada" paralela en Bogotá.
Calderón Berti también dijo que las autoridades colombianas le habían advertido que parte de los fondos recaudados para Venezuela se destinaron al pago de "prostitutas, licor, manejo indebido de los fondos, cosas irregulares, facturación ficticia y manejos extraños".
En la denuncia del "embajador" se incluyó también el maltrato que recibieron los 148 militares que, en febrero del año pasado, desertaron para apoyar al autoproclamado en su intento de ingresar supuesta "ayuda humanitaria a Venezuela".
Guaidó les prometió a los militares desertores residencia, manutención y soporte a sus familias, pero meses más tarde, dejó de responderle a los uniformados y de hacerse cargo de sus gastos, que fueron asumidos en conjunto con el Gobierno de Colombia y la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR). En paralelo, Calderón Berti acusó a Kevin Rojas y Rossana Barrera, ambos de Voluntad Popular, de haber malversado al menos 99.110 dólares, aparte de otros 44.000 que, según dijo, aún se debían.
El "diplomático" aseguró que dentro de las filas del partido de Guaidó estaban al tanto de la situación, pero decidieron mantener silencio, incluso ante los gobiernos que les brindaron apoyo económico.
Poco tiempo después, Guaidó destituyó a Calderón Berti, alegando "modificaciones" en su política exterior.
Corrupción en el CLAP
El primer día de diciembre de 2019, el portal Armando.info publicó un extenso trabajo sobre la supuesta participación de un grupo de parlamentarios opositores en una "trama para otorgar indulgencias" a empresarios relacionados con la importación de alimentos que distribuye el Gobierno, a través los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
Según la denuncia, once diputados de diferentes partidos opositores, incluyendo tres de Voluntad Popular (al que pertenece Guaidó), hicieron gestiones ante instancias como el Departamento del Tesoro de EE.UU. y la Fiscalía General de la Nación de Colombia para que se dejara de investigar a los empresarios implicados en la supuesta red corrupta.
Ante este escándalo, Guaidó intervino la Comisión de Contraloría y suspendió a los diputados acusados de corrupción, pero el retiro de sus inmunidades iba a depender de los resultados de una investigación que se realizaría con el apoyo de ONG, de la cual no se supo nada más.
Entre los acusados se encontraba el opositor Luis Parra, quien fue electo el pasado 5 de enero como nuevo presidente de la Asamblea Nacional (AN), lo que ha generado una fractura aun mayor entre los sectores del antichavismo.
¿Dónde está el dinero de la USAID?
Esta semana, Parra pidió investigar el destino de los recursos que Guaidó recibió de la Agencia de los EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) como "ayuda humanitaria".
Según Parra, no se sabe "en qué manos fue a parar ese dinero" y por esa razón también solicitará "a las instituciones nacionales que investiguen a las personas, instituciones u ONG que recibieron esos fondos".
La USAID ha suministrado, desde 2017, casi 467 millones de dólares a la oposición venezolana en concepto de "ayuda humanitaria", según reconoce el organismo en su sitio web oficial.
Además, detalla que, tras un acuerdo alcanzado en octubre de 2019, la USAID ha comprometido 128 millones de dólares para "ayudar" a Guaidó "a seguir desarrollando planes para recuperar la economía e implementar servicios sociales durante una transición a la democracia".
La agencia estadounidense reconoció también haber asignado fondos para "compensación, costos de viaje y otros gastos" para supuestos "asesores técnicos de la AN" y la administración interina de Guaidó, "a través de fondos de asistencia".
En medio de este panorama, Guaidó ha decidido "celebrar" el primer año de su autoproclamación con una gira internacional que ya lo llevó a Colombia, Reino Unido, Suiza, Bélgica, y que terminará en España, a pesar de que en su contra se giró una orden de prohibición de salida del país por parte del Tribunal Supremo de Justicia, desde el 29 de enero del 2019.
Jessica Dos Santos
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