
Colombia anuncia nuevas medidas para proteger a excombatientes de la guerrilla
El Gobierno de Colombia anunció este lunes nuevas medidas de protección para exmiembros de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que estén "en proceso de reincorporación" a la vida civil.
Así lo determinó el titular de la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, tras mantener una reunión de la Mesa de Articulación Interinstitucional para seguridad de excombatientes, en la ciudad de Bogotá.
Según explicó Archila durante un acto oficial, se trata de seis disposiciones que apuntan a resguardar la seguridad de los exguerrilleros, articulando con la policía de los 522 municipios "en los que se registra población dispersa".
🔵Se anuncian medidas adicionales para protección de excombatientes y se reitera compromiso con quienes están en la legalidad. “Esperamos mejoras sustanciales en protección de quienes están en proceso de reincorporación“: @EmilioJArchila [Abrimos hilo] pic.twitter.com/uhui6Ype9G
— Consejería para la Estabilización (@PosconflictoCO) January 27, 2020
A su vez, se dará prioridad a los análisis de riesgo en curso, las denuncias de amenazas y las solicitudes de protección en los municipios donde se concentran las afectaciones.
Por otra parte, se le solicita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) de personas en situación de riesgo, que revise las medidas adoptadas.
"Esperamos unas mejoras sustanciales en la protección de quienes están en proceso de reincorporación. Nos preocupa profundamente que se alteren los procesos de retorno a la vida civil de quienes le apostaron a la legalidad", señaló el funcionario.

El anuncio del Gobierno de Iván Duque se da a conocer después de que se registraran, la semana pasada, los crímenes de dos exmiembros de las FARC, John Fredy Vargas Rojas y Duver Esneider Solano.
Según registros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), solo en 2019 ocurrieron 77 asesinatos de exguerrilleros de las FARC, situación que pone en riesgo los términos del acuerdo de paz firmado en 2016.